La inseguridad
En los últimos años se ha podido comprobar que el talón de Aquiles de las administraciones federal y estatal ha sido la inseguridad, algo que no ha cambiado favorablemente recientemente al comprobarse la fragilidad de nuestras instituciones policíacas que solo miran como se siguen cometiendo delitos entre los que destacan los de alto impacto como asesinatos y feminicidios.
PRIMEROS LUGARES.- La incidencia delictiva del último reporte del mes de julio del presente año del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoce a Morelos en los primeros lugares en los diversos delitos que se cometen. Por ejemplo, se ubica en el lugar once de 32 entidades del país en víctimas de homicidio doloso; primer lugar en presuntos delitos de feminicidios de enero a julio por cada 100 mil habitantes después de Sonora, Quintana Roo y Sinaloa. En víctimas de secuestros la entidad ocupa el lugar 19; y en presuntas víctimas de tráfico de menores nuestra entidad tlahuica ocupa el lugar número 20. Y en víctimas de extorsión está en la posición 10.; y 17 de presuntos actos de corrupción de menores y 14 en víctimas trata de personas.
Por lo tanto, pese a todos los esfuerzos de las autoridades estales no se logra erradicar o disminuir en gran medida los diferentes delitos que siguen lacerando a la sociedad que exige se investigue y se castigue a los responsables, en razón de que lo que más preocupa es que la omisión e impunidad son los platos fuertes que todos los días se constatan en diversos puntos de la entidad. Lo triste y preocupante, pareciera que la gente se está acostumbrando a este tipo de situaciones cuando es una situación anormal, de la cual jamás tendremos que verlo como parte de nuestra vida cotidiana.
La situación del covid-19 que obligó a que mucha gente estuviera aislada en sus hogares, no impidió los delitos de alto impacto en los municipios de la entidad, incluso, la violencia se recrudeció ante la opacidad, omisión y desinterés de las autoridades de seguridad que han visto como los grupos criminales avanzan de forma grosera y ofensiva en detrimento de los intereses de la ciudadanía.
Es horrible que la gente se tenga que acostumbrar a seguir siendo uno de los estados del país más violentos. Cierto, las administraciones pasadas nos heredaron muchos problemas, pero ya es justo y necesario que se pongan las pilas, que implementen las acciones necesarias y se impulse una mejor estrategia para ofrecer mejores resultados. Es decir, que haya hechos y no tantas palabras.
Durante las últimas 24 horas, varias personas fueron asesinadas, pero hubo el caso de dos hombres en Cuernavaca a quienes les arrebataron la vida. Era gente recocida, honorable y que hasta la fecha se desconocen avances en las investigaciones y el temor fundado de que queden estos crímenes sin resolverse. Rafael Botello Martín y Rodrigo Morales Vázquez, este último fotógrafo y líder social fueron asesinados y ambos han provocado diversas reacciones en las redes sociales por ser gente reconocida por sus actividades y por ello, urgen que sus muertes no solo sean esclarecidas para que se detengan al o los responsables para que se les sancione penalmente.
PROTAGONISMO. - La sociedad en Morelos ya está cansada, fastidiada, inconforme por la forma en cómo se están manejando las cosas, sin embargo, son ya varias organizaciones sociales las que exigen un alto a la violencia en la entidad. Lo único que demandan es vivir en paz y sin miedo a que sean parte de la larga lista negra y dejar de lado el protagonismo de los jefes policíacos.
A pesar del virus SARS-CoV-2, diversos sectores de la población han estado anunciando marchas y acciones de presión para exigir paz, tranquilidad y un alto total a esta descomposición social que se incrementa alarmantemente. Estas acciones han sido encabezadas a finales de año por la iglesia católica que también sufrió recientemente, la muerte del sacerdote José Guadalupe Popoca Soto al interior de la parroquia de Zacatepec. Luego de que el cura recibió un disparo en la cabeza de acuerdo a los estudios periciales de la fiscalía. Esta acción, provocó que el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro haya visitado en sus oficinas en la Ciudad de México, a Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y de acuerdo a gente cercana al prelado, el motivo fue para analizar el tema del párroco asesinado y su exigencia para que intervenga el gobierno federal ante la ola delictiva desatada contra los representantes de la iglesia católica en Morelos.
LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD. - Son la pobreza, desigualdad, desempleo y falta de oportunidades de acuerdo a los especialistas del tema en materia de prevención y procuración de la justicia. Y quizá por esta razón, en los últimos meses, pasó a ser una de las entidades federativas de la república mexicana que constante y permanentemente aparece en los medios nacionales especializados en nota roja, esto, por el cúmulo de asesinatos y delitos de alto impacto que se registran casi de forma cotidiana. La tierra del general Emiliano Zapata, se tiñe de sangre y está inmersa ante la delincuencia sin importar el descrédito ciudadano ante la inoperancia y complacencia gubernamental.
Y es que, lamentablemente hoy nos dormimos con el “Jesús en la boca” y al otro día amanecimos igual, debido a la ola de sangre que se está derramando provocando que Morelos, sea ya información de nota roja, situación que les pega a los comercios nocturnos como bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, taquerías y demás que han visto cómo sus ventas van en declive cada vez más de forma preocupante sin que nadie haga algo para tratar de evitarlo.
De ahí que la iglesia de forma constante esté exigiendo paz y justicia, por lo tanto, es de los sectores de la población que más ha exigencias se cambie la estrategia de seguridad al considerar que no ha dado resultados.
Y es que ante la ola de violencia y crueldad que sacude a Estado se han hecho llamados a todas las personas a ser constructoras de paz, pero al mismo tiempo, a las autoridades para que sea atendida la crisis de seguridad como un problema de salud pública, para erradicarla pese a que suene a casi imposible.
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