Se deschaveta la Fiscalía General
Al hacerles el juego a vividores del cuento y desatar sectarias persecuciones, la Fiscalía General de la República se hunde en el descrédito y abre a futuros gobiernos la posibilidad de fincarle responsabilidades penales a su titular, Alejandro Gertz Manero.
Si ya otras injustas embestidas delatan lo bajo que ha caído la institución, las dos de esta semana ponen los pelos de punta: a) la acusación a una treintena de científicos y b) la adopción oficial de la perversa insidia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de que los restos recuperados en el basurero de Cocula y el río San Juan fueron “sembrados”.
Respecto de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra los miembros del Foro Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el gobierno peñanietista, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, se pasó de fino al alertar ayer sobre la “creciente preocupación y desasosiego entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible…”.
El nuevo frente judicial, ahora con uno de los sectores más respetables, responde a la fobia al conocimiento que la 4T viene manifestando y a la chamanización del Conacyt que impulsa su directora, María Elena Álvarez-Buylla, quien se propone acabar con “la ciencia neoliberal” (la pobre considera “inútil” la llegada del hombre a la Luna).
Antier, el ex achichincle del GIEI, cuestionable fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, con el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como comparsa, organizó un tour de prensa en la hondonada La Carnicería (muy cercana al muladar de Cocula) para mentir con que gracias a él y a la decorativa comisión de la verdad se identificó en el laboratorio forense de Innsbruck al normalista Joshivani Guerrero. Vaya cachaza: fue la ex procuradora Arely Gómez quien dio eso a conocer en septiembre de 2015 (con el análisis de un fragmento hallado en el basurero).
Como “avances” de su gestión, presumió el hallazgo de 170 restos (entre éstos otro de Joshivani dizque hallado en La Carnicería, que se estudió también y se corroboró el dictamen de hace seis años).
Dijo además la salvajada de que se prepara la judicialización de una indagatoria contra los peritos (PGR, UNAM, IPN, Instituto Mexicano del Petróleo…) que “manipularon evidencia” y se sigue “investigando” (llevan meses) los crematorios de la región.
La proximidad del séptimo aniversario de la matanza (domingo 26 y lunes 27 de septiembre), azuzada por el compromiso presidencial de dar a los deudos una explicación distinta a la inamovible “verdad histórica”, puso a bailar el mismo compás a dos organismos nada “independientes” o “autónomos”: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la FGR (con todo y su parche “especial”).
De vergüenza: en sus ilegales empeños, ambas instituciones, simple y desafortunadamente, se chatarrizan...
Carlos Marín