En su acusación contra los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, al solicitar en dos ocasiones a un juez federal órdenes de captura, que este grupo puede ser un riesgo para la seguridad de prisiones, que lo integran corruptos que pueden corromper al personal penitenciario y que, con ayuda de la “organización criminal que conforman”, podrían darse a la fuga.
Por ello, para los 20 hombres señalados, solicitó su internamiento en el penal de El Altiplano, donde se encuentran recluidos capos como Jesús Héctor El Güero Palma, José Antonio Yépez El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; José Ángel Casarrubias Salgado, líder de Los Guerreros Unidos, y Eduardo Arellano Félix El Doctor.
Para las 11 mujeres acusadas solicitó el Centro Federal de Readaptación Social CPS 16 Femenil de Morelos, pues, apuntó, no podrían ser internadas en un penal local, sino que deberán permanecer en uno federal y que el más cercano es el morelense.
Argumentó que se atribuye a los imputados la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero, con el que pudieran realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o poner en peligro la seguridad de las prisiones, por tener medios para obtener un trato diferenciado.
“Se atribuye a los imputados la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero, cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias o poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o ser auxiliados por miembros de la organización criminal”, afirmó la fiscalía en la petición de órdenes de captura presentada el pasado 24 de agosto, la cual le fue negada por el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia de Almoloya.
“Sin dejar de lado que también podría ser esta capacidad económica un riesgo propio para los imputados, puesto que el estar sujetos a una medida cautelar internos en un centro penitenciario de baja seguridad podría poner en peligro su vida e integridad física, ya que las terceras personas, que se vean afectadas de forma directa o indirecta en el desarrollo del proceso penal, podrían valerse de esta mediana o baja seguridad del lugar de reclusión para atentar contra la vida de los imputados, en aras de que no se les relacione en los hechos, buscando con esto sustraerse de la acción de justicia”, agregó la Fiscalía General de la República.
La FGR busca imputar a los integrantes de la comunidad científica los delitos de peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, y delincuencia organizada.
La acusación derivó de la denuncia presentada por la directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por supuestas transferencias ilegales por más de 20 millones de pesos de dicho organismo al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, asociación civil que a su consideración fue constituida ilícitamente.
Al judicializar la carpeta de investigación con número de folio FED/FEMDO/ UEIO RPIFAM-CDMX/0000222/2021, la fiscalía ha recibido en dos ocasiones resoluciones negativas sobre las peticiones de órdenes de captura contra los señalados.
El pasado 22 de septiembre, el juez Salazar consideró que no hay delito que perseguir porque ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la transferencia de recursos del Conacyt al Foro Consultivo no fue ilegal.
De los delitos que la FGR pretende imputar, las penas máximas previstas en la ley para éstos suman hasta 81 años de prisión. Únicamente delincuencia organizada merece prisión preventiva de oficio.
La FGR busca imputar a cuatro de los 31 científicos y exfuncionarios el delito de peculado, que prevé pena máxima de 14 años de prisión. Se trata de Enrique Cabrero, exdirector General del Conacyt; Julia Tagüeña, excoordinadora del foro; David García Junco Machado y Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
Por uso ilícito de atribuciones y facultades están señaladas 24 personas, por autorizar indebidamente las transferencias, y a cinco más, por solicitar dichas operaciones. Este delito prevé penas de hasta 12 años de prisión.