La desaparición del Fonden complica la atención inmediata a damnificados
El expresidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil de la 53 Legislatura, Francisco Santillán Arredondo, planteó que la entidad morelense tiene dos áreas en el tema de desastres naturales que afectan casi regularmente: las inundaciones y los sismos.
Sobre el sismo de septiembre de 2017 explicó que resultaron afectadas ocho mil viviendas y de todas esas que pueden considerarse como pérdida total, el Fondo de Desastres Naturales únicamente atendió mil 600 aproximadamente.
"Para que nos demos una idea: en la reconstrucción de viviendas que se hizo en una mezcla entre recurso estatal que se obtuvo a través del préstamo de Banobras que pidió al Congreso, más el apoyo de las fundaciones, porque estas le entraban hasta con un 70 por ciento, se llegó a juntar alrededor de 250 o 300 millones de pesos", aseguró.
"El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se gastó casi mil millones de pesos en la construcción de iglesias con dinero federal. En escuelas fueron 3 mil millones de pesos administrados por el INEIEM (Instituto Estatal de Infraestructura Educativa) y que fueron prácticamente también (del orden) federal. Otro asunto es lo que se gasta año con año en materia de inundaciones”, detalló. Y en este apartado aparecen los municipios como Yautepec, Tlaquiltenango, Jojutla, Tlayacapan, Tepoztlán, entre otros que permanentemente sufren estos problemas.
El expresidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil de la 53 Legislatura, Francisco Santillán Arredondo, aseguró que Morelos tiene dos áreas en el tema de desastres naturales que lo afectan casi regularmente: las inundaciones y los sismos.
Sobre el sismo de septiembre de 2017 explicó que resultaron afectadas ocho mil viviendas y de todas esas que pueden considerarse como pérdida total, el Fondo de Desastres Naturales únicamente atendió mil 600 aproximadamente.
“Para que nos demos una idea: en la reconstrucción de viviendas que se hizo en una mezcla entre recurso estatal que se obtuvo a través del préstamo de Banobras que pidió al Congreso, más el apoyo de las fundaciones, porque estas le entraban hasta con un 70 por ciento, se llegó a juntar alrededor de 250 o 300 millones de pesos", detalló.
“Pero los gastos fueron muchos. El INAH se gastó casi mil millones de pesos en la construcción de iglesias con dinero federal. En escuelas fueron 3 mil millones de pesos administrados por el INEIEM (Instituto Estatal de Infraestructura Educativa) y que fueron prácticamente también (del orden) federal. Otro asunto es lo que se gasta año con año en materia de inundaciones”.
Y en este apartado, agregó, aparecen los municipios como Yautepec, Tlaquiltenango, Jojutla, Tlayacapan, Tepoztlán, entre otros que permanentemente sufren estos problemas.
Santillán Arredondo dijo que si bien no se pueden prever los sismos, en el caso de las lluvias se necesita hacer trabajo preventivo con un Atlas de Riesgo y, posteriormente, con una planeación urbana correcta.
Es decir, se debe solicitar que a “los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo de inundarse, necesariamente se les tiene que aplicar un mecanismo para reorientarlos, reagruparlos o reubicarlos en otras zonas y liberar las áreas que están cerca de los afluentes de los ríos, porque el problema de las inundaciones es cuando se desbordan los ríos, pero (también) las familias se ven afectadas”, abundó.
El exdiputado de Nueva Alianza detalló que hoy el riesgo es enorme, pues además de no haber prevención o trabajo previo el fondo para desastres desapareció con la actual administración federal, y el apartado estatal en esta materia tiene muy pocos recursos y por eso “cada vez que viene un desastre natural se tiene que atender casi de manera aleatoria y viendo de dónde se sacan los recursos, porque es poco lo que se tiene”.
Una eventual solución a todo esto, destacó, es que tanto los gobiernos federal, estatal y municipal tomen una política de previsión, por un lado, con alertas sísmicas para los temblores y Atlas de Riesgo para el caso de inundaciones, deslaves y cualquier otro tema orientado a la organización urbana.
A pesar de no ser un experto en el tema, Santillán Arredondo afirma que el conocimiento que le dio su paso por el Congreso, le permite asegurar que hoy es urgente orientar el gasto para que las zonas que están en mayor conflicto sean reubicadas "porque pareciera que mientras no ocurre nada y no hay crisis nadie se acuerda, pero cuando viene una emergencia y hay pérdida de vidas es entonces que todos se lamentan".
Por otra parte, Enrique Clement Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil desde 2019, ha señalado que en la entidad únicamente 14 ayuntamientos contaban con Atlas de Riesgo, un documento necesario para planear y verificar cuáles son las áreas de riesgo de cada municipio, con el fin de implementar acciones y evitar inundaciones durante las temporadas de lluvias.
EL CENTRO Nacional de Prevención de Desastres revela que 45% del territorio está expuesto a inundaciones y 40% está clasificado como zona sísmica
Aunque los llamados Atlas de Riesgo no muestran dónde serán las afectaciones por las lluvias, sí sirven para que cada municipio conozca los focos rojos por inundación, deslaves, manejo de sustancias químicas y diferentes escenarios.
A la fecha, detalló, de estos 14 municipios únicamente tres tienen actualizado el Atlas de Riesgo con un mapeo de las zonas de riesgo; sin embargo, es necesario hacerle modificaciones por el crecimiento de la mancha urbana, pero en la mayoría de los casos el principal impedimento es el recurso, ya que se requieren hasta 3 millones de pesos para su aplicación.
Aceptó que los municipios no hacen uso del Atlas y no lo elaboran porque es una herramienta costosa, aunque se ha tratado de apoyarlos para que lo produzcan a menor costo, al igual que de forma insistente se ha solicitado a los alcaldes acercarse a la Coordinación para recibir asesoría y acompañamiento de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres.
Clement Gallardo sostuvo que muchas veces la burocracia complica actuar de inmediato cuando ocurre una emergencia, y debido a la acción sorpresiva de los desastres “se atienden en primera instancia con recursos propios de cada dependencia; si fuera necesario por alguna situación de desastre se accede a recursos de un fondo que maneja la Secretaría de Hacienda y creo que son alrededor de 60 millones, no tengo bien la cantidad porque es un fondo nuevo que en otras administraciones no se había generado”.
A pesar de haber solicitado información a la titular de Hacienda, Mónica Boggio, sobre la cantidad de recursos invertidos para la atención de desastres, no hubo respuesta a la petición.
Sin embargo, mientras el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informaba que destinarían al menos 30 millones de pesos para las emergencias por desastres naturales en Morelos, tras las inundaciones en Tlayacapan, Cuautla y otros municipios, los diputados han puntualizado que para este ejercicio presupuestal el gobierno estatal, tiene aprobados 63 millones, por lo tanto, para ello faltarían 33 millones.
Mónica Boggio sí respondió que no hay una cantidad específica, se podrá invertir lo que haga falta, aseguró.
“Los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo deben reubicarse y liberar las áreas que están cerca de los afluentes de los ríos, porque el problema es cuando se desbordan los ríos y las familias se ven afectadas”