La ciencia de judicializar las pasiones personales
Treinta y un personas, funcionarios y científicos presumiblemente decentes, llevan desde finales de agosto padeciendo una angustiosa persecución judicial.
Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hasta diciembre de 2018, y otros 30 individuos, hombres y mujeres, han sido señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de pertenecer a un grupo criminal organizado deliberadamente para desviar recursos del erario.
Este episodio recuerda cuando, en 1979, el gobierno de José López Portillo, a instancias de su hermana Margarita, mandó encarcelar también a una treintena de personas vinculadas con la industria cinematográfica, todas ellas beneficiadas por el subsidio del Estado durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.
No pasa desapercibida la similitud entre estos dos episodios, apartados por el tiempo, pero emparentados por la misma cultura jurídica revanchista y cargada de razones personalísimas.
Contrario a lo que dice el refrán, el que teme en México es que sabe que nada debe, pero que hay fuerzas cósmicas superiores dispuestas para destruir la vida, la salud y el patrimonio.
La denuncia que presentó ante la FGR la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buyllá Roces, en contra de estas 31 personas, obliga a visitar otra anécdota todavía más antigua.
En 1939, el doctor en derecho y muy respetado filósofo, Wenceslao Roces Suárez, sufrió —como muchos otros intelectuales de la República española— las consecuencias de la depuración orquestada por el franquismo.
Roces, quien durante el gobierno derrocado fuera subsecretario de Instrucción Pública (Educación), se vio obligado a migrar, primero a Chile, luego a La Habana y finalmente a México, donde murió en 1992 después de haber dejado una larga cauda de aportes académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tiene todo de paradójico que 82 años después de aquella depuración intelectual, la nieta de don Wenceslao Roces, María Elena Álvarez-Buyllá Roces, esté involucrada en una operación similar de limpieza, pero esta vez sentada del otro lado de la barandilla: ¡es ella quien acusa a los individuos depurables!
Entre las 31 personas de la lista criminal presentada por la FGR destaca otra mujer cuya biografía familiar es muy próxima a la de la denunciante. Julia Tagüeña Parga, la presidenta del Foro Consultivo para la Ciencia y la Tecnología —supuesta organización criminal que se encuentra bajo investigación—, también es hija de la República española.
Su padre fue Manuel Tagüeña, quien se formó como científico antes de la guerra civil y luego fue coronel del ejército; comandó 50 mil soldados en la infausta batalla del río Ebro, ocurrida en 1938 cerca de Tarragona.
Igual que los Roces, la familia Tagüeña debió abandonar España, migró primero a la Unión Soviética, luego a la antigua Yugoslavia, también a Checoslovaquia y finalmente se refugió en México. Durante este accidentado recorrido, el coronel estuvo acompañado por su esposa Carmen Parga y por sus dos hijas —una de ellas Julia Tagüeña, hoy señalada como la criminal más peligrosa de la ciencia mexicana—.
No está claro cuál fue la relación sostenida por las familias Roces y Tagüeña una vez que ambas pasaron a ocupar su respectivo sitio dentro del exilio español radicado en México. Acaso solo cabría destacar que don Wenceslao Roces fue fundador de la asociación de amigos de la URSS, mientras que la familia Tagüeña, después de su periplo por la tierra del socialismo real, se apartó radicalmente del estalinismo para abrazar la socialdemocracia.
Hasta su muerte, Carmen Parga —madre de Julia Tagüeña— fue presidenta, en México, de la asociación del Partido Socialista Obrero Español.
En cualquier caso, ambas mujeres —Álvarez-Buyllá Roces y Tagüeña Parga— se conocieron mucho antes de abrazar la vocación científica y, desde luego, antes de que se desafiaran, una como directora de Conacyt y la otra como presidenta del Foro Consultivo.
La temperatura entre ellas comenzó a reventar el termómetro en 2019, cuando Tagüeña fue electa por la mesa directiva del Foro Consultivo como presidenta de esta instancia. La nombraron las y los representantes de 17 instituciones, entre las que destacan la UNAM, el IPN, el Cinvestav y la Anuies. Es decir, que no fueron amigos suyos quienes le encomendaron esa responsabilidad, sino instituciones que, mientras no sean también denunciadas por crimen organizado, gozan de respetabilidad.
Al parecer a Álvarez-Buyllá no le gustó nada que su antigua conocida ocupara ese cargo. Aprovechó entonces el decreto presidencial de mayo de 2019, que prohibía al gobierno federal aportar recursos a las asociaciones civiles, para cerrar por completo el financiamiento que, durante más de 17 años, había ofrecido Conacyt al foro.
Tagüeña, de su lado, se rebeló ante la embestida y convenció a la mesa directiva del foro de presionar al Conacyt, por la vía legal, para que cumpliera con sus obligaciones. El amparo promovido por la hija del coronel del Ebro triunfó en primera instancia cuando un juez falló a favor de Tagüeña y en contra de Álvarez-Buyllá.
La siguiente ronda fue ante la segunda sala de la Suprema Corte. La ministra Yasmín Esquivel atrajo el caso y el ministro Fernando Franco redactó una sentencia salomónica donde quedó claro que fue legal la entrega de los recursos al foro, entre 2002 y 2019, y que también sería legal la suspensión de ese financiamiento hacia delante.
Insatisfecha con el resultado, Álvarez-Buyllá convenció al Fiscal General Alejandro Gertz Manero —recién premiado por Conacyt como integrante del Sistema Nacional de Investigadores— para que emprendiera una persecución contra Tagüeña y su foro.
Fue entonces cuando la FGR denunció a los científicos “depurables” por ser parte de una extensa banda dedicada a la delincuencia organizada.
El juez responsable del expediente dijo, ya en dos ocasiones, que tales acusaciones no tienen fundamento. Sin embargo, el miércoles 22 de septiembre el fiscal Gertz informó que, independientemente de lo que diga el Poder Judicial, él va a continuar esta guerra hasta ganarla. La amenaza es más que creíble porque nadie mejor que Alejandro Gertz conoce la ciencia de judicializar las pasiones personales.
Ricardo Raphael