BELICOSOS DE SIEMPRE
A comienzos de 1998 el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea se perfilaba hacia juicio político (en el Congreso de Morelos) por incumplimiento de funciones públicas y omisión en el ataque a la delincuencia organizada, pero debido a las presiones ejercidas desde Los Pinos (bajo diversas vertientes) por Ernesto Zedillo se separó de la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo del mismo año, aunque en febrero de 2000 la SCJN lo inhabilitó por 12 años para asumir cargos en la administración pública federal o estatal. Continuemos. El 20 de abril de 2004 ingresa al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Sergio Estrada Cajigal por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, siendo separado del cargo por el Congreso en octubre del mismo año, pero una resolución de la SCJN (controversia constitucional mediante) lo sostuvo hasta la conclusión de su sexenio.
El 22 de febrero de 2011 entra al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Marco Adame Castillo, también por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, pero el tema fue desechado gracias a la intervención del gobierno federal a través del entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, meses antes de morir en un accidente aéreo. Y el 19 de noviembre de 2015 se presenta una solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez bajo acusaciones de malversación al crédito de 2 mil 806 millones de pesos autorizado a finales de 2013 por el propio Congreso, pero el tema fue rechazado provocando la ira de los opositores al régimen, entre quienes figuran hombres y mujeres resentidos con el titular del Ejecutivo porque, simple y sencillamente, no fueron incluidos en ninguna área del gobierno ni les concedieron las canonjías a que estaban acostumbrados. Fuera máscaras: esta es la realidad de aquellos que hoy se ubican dentro de un “frente opositor” al gobernante y anhelan su defenestración… sobre un escenario distinto al de Carrillo Olea, quien no tenía el respaldo federal. Sin embargo, la moda de los juicios ha funcionado para sacar raja política y recursos.
Los opositores al gobierno graquista buscan proyectar la imagen de ingobernabilidad en Morelos, a fin captar la atención del gobierno federal y meter en el Senado de la República la posible desaparición de poderes. Así lo ha declarado el rector universitario Alejandro Vera, unido al obispo de Cuernavaca Ramón Castro. Son los dos principales líderes del movimiento rebelde. Han anunciado el inicio de sus operaciones para el 16 de agosto, lo cual habremos de ver y analizar. Sin embargo, el problema para ambos y quienes en ellos confían es que Morelos no presenta signos de ingobernabilidad. Ninguno de los tres elementos esenciales de la gobernabilidad se encuentra alterado, aunque el Ejecutivo ha tenido forcejeo y conflictos con algunos integrantes del “frente opositor”. Por lo tanto existe eficacia/eficiencia del poder público y de la gestión gubernamental; hay legitimidad en el gobierno y resultados para el suministro de bienestar general, a pesar de los altibajos con respecto a la seguridad, sin haber descontrol de la violencia (como en la época adamista); y hay gobernabilidad con capacidad de adaptación y flexibilidad institucional respecto de los cambios económicos, sociales y políticos. Desde mi particular punto de vista, ninguno de los conflictos latentes se ha traducido en ingobernabilidad, pero los opositores al gobierno estatal pretenden generarla o proyectarla. La amenaza de paro general del transporte público tiene ese propósito: difundir la imagen de caos y descontrol gubernamental.
Asimismo, envalentonados por los dueños de algunos membretes presentes el viernes en el claustro de la Catedral de Cuernavaca, el rector Vera y el obispo Castro anunciaron la posible solicitud (seguramente al Senado) para desaparecer los poderes en Morelos, lo cual será difícil pues no están dadas las condiciones para ello según versa el artículo 76 constitucional fracciones V y VI. Esta idea quizás le fue sugerida al pederasta mayor por su amigo César Camacho, actual coordinador de los diputados federales del PRI, quien el 12 de mayo de 2004, siendo senador, impulsó la iniciativa para que esa Cámara intervenga “en las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas”. Dicho mandato constitucional se aplicará cuando se presente el conflicto entre poderes, lo cual tampoco existe en nuestra entidad. Pero los del “frente opositor” buscarán crear escenarios ficticios al respecto y crearle a Graco el daño estructural que tambalee su gobierno, según lo adelantó el rector Vera.
Conclusión: a un bimestre de que Graco Ramírez concluya el cuarto e inicie el quinto año de su gestión, los detractores de siempre pretenderán reposicionarse mediáticamente a partir del 16 de agosto, y después cuando la comunidad universitaria regrese a clases el 21 del mes próximo, cuando volverá a ser manipulada para los fines electorales del rector y sus huestes. La esencia del conflicto se resume de una manera simple: un obispo resentido por el matrimonio igualitario; los transportistas resentidos por el Morebús; el rector resentido por la búsqueda de transparencia, rendición de cuentas y auditoría a la UAEM; y Becerra… lo que le toque. Y ahí vienen con ooootro juicio político y más ruido, según el belicoso y hoy enriquecido expastor evangélico. A ver.