Castillo de naipes
Un juez ordenó este martes la captura de varios altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación cuando la encabezaba, en el sexenio pasado, Miguel Ángel Osorio Chong, como parte del caso iniciado con la acusación contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposa, la celebridad mediática Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro, por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos. La Fiscalía General presume que una decena de exfuncionarios responsables de los centros penitenciarios federales desvió esa cantidad para el equipamiento de cárceles, a través de factureras de Álvarez Puga. Este caso, que por volumen y prominencia es de gran calado, es mucho más profundo de lo que se ve y salpica a políticos de varios partidos, en diferentes niveles y administraciones, y a un cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La investigación sobre Álvarez Puga se dio con enorme sigilo dentro de la Fiscalía General de la República, donde el fiscal especializado en delincuencia organizada, Alfredo Higuera Bernal, fue acumulando evidencias con gran secrecía, no por la eventualidad de que se filtrara a la prensa, sino particularmente para que no se enterara de ello el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que tenía una estrecha relación con el empresario, a quien le había recomendado, cuando detectó que la fiscalía estaba hurgando en sus negocios, a un abogado vinculado a él para que lo blindara.
Scherer tenía una enorme influencia en la fiscalía, y había trabajado con el fiscal Alejandro Gertz Manero los principales temas de interés del Presidente. Eran tantos, todos ellos políticos, que todo un piso en la fiscalía estaba dedicada a sacar los asuntos de Scherer. La relación con Gertz Manero era de claroscuros, que quedó libre de sombras cuando renunció el consejero hace casi un mes. No terminaba de sacar sus cosas de la oficina en Palacio Nacional, que Higuera Bernal abrió el caso de Álvarez Puga solicitando la orden de aprehensión contra él y su esposa. El abogado que le había puesto Scherer nunca se enteró de lo que venía, porque Higuera Bernal y su jefe sellaron la información para evitar las intromisiones del consejero.
La orden de captura de Álvarez Puga fue un golpe para Scherer, pero es mucho más que ello, por los años en que trabajó de forma similar por la cual hoy lo acusan de los presuntos delitos de delincuencia organizada, y donde están involucrados políticos de todo el centro y el sur del país, así como empresarios y artistas. La investigación sobre el grupo cercano a Osorio Chong tiene suficiente combustible para volar mucho más alto y mucho más lejos.
Los hermanos Álvarez Puga, chiapanecos de origen, vendían tortas frente a la estación de autobuses en Tapachula, de donde, por recomendaciones de un amigo suyo, llegaron a trabajar con un fiscalista oaxaqueño, Sergio Castro, quien a principio de los 90 fue contratado por Pemex para que revisara sus costos laborales y encontró una forma de reducirlos mediante un sistema de subcontratación. Castro vio en ese mecanismo que ideó a partir de hoyos en las leyes y la normatividad, la posibilidad de hacer negocios con gobiernos estatales y empresas, creando lo que hoy conocemos como el outsourcing, del cual es su padre en México.
Castro empezó a reclutar en el sureste y centro del país a personas que le ayudaran a expandir su negocio, estrechando la relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, quien era utilizado también como su cara pública. Gradualmente amplió la ingeniería fiscal del outsourcing y lo llevó a lo que eventualmente se volvió un delito federal, las factureras, que eran básicamente empresas fantasmas a través de las cuales se canalizaban transacciones y financiamientos sin tener presiones fiscales. El negocio daba utilidades multimillonarias, libres de impuestos, para todos.
Se vincularon con al menos dos exgobernadores de Chiapas, otros dos en Oaxaca, en Puebla, Quintana Roo y Veracruz, y las relaciones con partidos alcanzó al PAN, al PRI, al PRD, al Verde e incluso a Morena. El poder que tenían era enorme. Castro fue quien le prestó su casa en Guatemala a Javier Duarte, cuando tras terminar su gubernatura en Veracruz, se fue a esconder a aquella nación. Colocaron a Juan Melquiades Vergara como secretario de Finanzas del gobierno de Carlos Joaquín González, pero duró menos de un año al descubrirse su red de operaciones con factureras. En el gobierno de Gabino Cué, en Oaxaca, metieron incluso a la Sección 22, disidente del magisterio, en un outsourcing.
La investigación de la Fiscalía General no incluye a Castro, y se limita, como las cabezas de la pesquisa, a los Álvarez Puga y a Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont. Los acusan de haber tejido una red de decenas de compañías fantasmas para facilitar a terceros la evasión de impuestos, peculado y lavado de dinero, por lo cual hay prisión preventiva oficiosa; es decir, sin derecho a fianza.
Unas semanas antes de que se solicitara su orden de aprehensión, se fueron de México, y en la actualidad, hasta la última información disponible, se encuentran en las Bahamas. Los Álvarez Puga enfrentaban varias querellas en el SAT, pero estaban confiados en el blindaje que les había proporcionado Scherer a través de un abogado cercano, Guillermo Barradas. Pocos días antes de que saliera la orden de aprehensión, con Scherer fuera de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Alejandro Álvarez Puga le habló al abogado, quien le aseguró que tenía todo controlado y no había nada en su contra. Cuando salió la orden de aprehensión, hubo una nueva llamada que, dijeron cercanos a él, estuvo llena de insultos.
Barradas no sabía que la salida de Scherer de la Presidencia había cambiado la correlación de fuerzas con sus clientes y también su destino. Tampoco sabía que Gertz Manero e Higuera Bernal iban por la recuperación del espacio jurídico y político.