La filtración de la Sedena
Bastó una sola decisión política del presidente de la República para que cayeran siete años de patrañas y se desnudaran algunas de las contradicciones, las distorsiones que enturbian desde su origen el espinoso caso Ayotzinapa.
Luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que la Fiscalía General de la República mantenía ocultas declaraciones de militares, relacionadas con la desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, el presidente López Obrador declaró que en su gobierno no existe opacidad y encargó a la Secretaría de Gobernación que liberara toda información ligada con esos hechos.
Gobernación transparentó solo dos hojas. Su contenido, sin embargo, es volcánico. Se trata de dos intervenciones telefónicas realizadas por la Sedena. La primera, del 26 de septiembre de 2014 (a la que me referiré aquí), es un intercambio de mensajes que el líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, sostuvo la noche de la desaparición con un comandante de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, alias “Ignacio”.
Esa noche, “Ignacio” le reportó al Gil que tenía detenidos a varios “ayotzinapos” que habían llegado a Iguala “encapuchados y armados”. El Gil respondió: “Páseme unos por el camino a Pueblo Viejo. Yo los recibo... Tengo unas camas para aterrizarlos, páseme a los detenidos”.
Le contestó Valladares: “Ok. Ya los suelto… Ok, son 21 personas en el autobús q va a salir… Pónganse pilas los de las camas… Ya se estansotando (sic) los del autobús paq los revienten ustedes… Viejo, tengo 17 en la cueva… Manda gente suficiente a la brecha de Lobos, van 17 detenidos… Y aquí tenemos 17 todavía en la cueva… Estos también los quieres y decimos q no isimos detenciones (sic)”.
Escribió El Gil: “Ok, dígales [a sus jefes] que no agarró nada”. Salgado Valladares respondió: “Sí, así mero le dije al secre q no se iso ninguna detención”.
El Gil fue señalado por diversos colaboradores como jefe regional de los Guerreros Unidos: “capitán de capitanes” en una amplia región que incluía Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Cocula, Buenavista, Taxco… y como el líder criminal que esa noche operó la desaparición de los estudiantes.
Unos chats dados a conocer más tarde por la DEA confirmaron su participación en los hechos. Ahí estaba El Gil interactuando, reportando, tramando cosas con los jefes del grupo. Esos chats mostaron que fue El Gil quien sembró la idea entre los líderes de que en los autobuses en los que los alumnos llegaban a Iguala iba gente identificada con un grupo rival: Los Rojos.
López Astudillo fue detenido en octubre de 2015. Sus primeras declaraciones fueron cimiento de la llamada “verdad histórica”, que postuló que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula. Uno de los sicarios que estuvo ahí esa noche relató la manera en que habían preparado las “camas” —con varas, llantas y gasolina— para quemar y desaparecer los cuerpos (su declaración fue videograbada).
Sin embargo, El Gil procuró deslindarse siempre de los hechos e intentó responsabilizar a otros de lo sucedido el día 26.
Tuvo la fortuna de que su detención se hubiera realizado con graves violaciones al debido proceso, y tuvo la fortuna de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, llegara en su auxilio: el GIEI lo cobijó y lo presentó como víctima. El GIEI lo amparó, lo promovió, lo dirigió. Con tan buenos resultados que en agosto de 2019 el Gil fue liberado y se convirtió en testigo colaborador bajo la clave “Juan”.
“Juan” vive hoy a todo lujo en un departamento ubicado en un barrio exclusivo de la ciudad de México. Le entregó al fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo (ex secretario técnico, por cierto, del GIEI), todo lo que a él lo exculpaba como jefe regional, y todo lo que el fiscal deseaba oír: que camionetas del Ejército se habían llevado a varios alumnos al 27 Batallón, que se lo habían entregado “a Nicolás Nájera… para destazar”; que los sicarios trasladaron los cuerpos destazados a un crematorio, y que ahí “recogían y tiraban”.
Que “Juan” había oído todo esto por radio: que los cuerpos destazados fueron llevados al crematorio de una funeraria en Iguala y que luego los restos fueron trasladados en bolsas “a Coacoyula y los alrededores de Taxco”. Que a otros alumnos una célula de Guerreros Unidos los disolvió en ácido y los echaron al drenaje, y que quien había dirigido todo esto era un personaje que no figuró en ningún expediente: en ninguna de las de fojas que integraron la investigación: Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres.
El Güero Mugres tenía la ventaja de que, además de ser enemigo de El Gil, había sido asesinado en marzo de 2018: no podía decir ni sí, ni no. Los autores de esta investigación filtraron a los medios las sensacionales “revelaciones” de “Juan”, quien les entregó, además, una larga nómina de funcionarios “comprados” en todos los niveles.
Hoy, el testigo estrella de la FGR acaba de ser exhibido por medio de las intervenciones telefónicas de la Sedena. Su versión, sus diferentes versiones, se caen a pedazos y se llevan consigo la “verdad alterna” que Gómez Trejo y sus corifeos intentaron construir, con la invaluable colaboración del GIEI.
Desde 2018 la CNDH planteó que la desaparición de los alumnos ocurrió en dos rutas, y tuvo un mismo destino: el basurero de Cocula. Propuso que se analizaran 114 restos recogidos en el vertedero y en el río San Juan.
La FGR se ha negado a hacerlo. Prefirió dejar la investigación del caso Iguala en manos de un criminal de cuarta. Un criminal que les vio la cara, y que fue usado por el GIEI y otras organizaciones en beneficio de su propia agenda y sus propios intereses.
Por eso la orden del presidente de transparentar la investigación les arrancó gritos de rabia.
Dos hojas tiraron las mentiras laboriosamente construidas a lo largo de siete años.