Caminos a Bucareli
Desde hace un año, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera han estado merodeando en el entorno del senador Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación. Personas muy cercanas a él se encuentran prófugas de la justicia para evadir que sean capturadas por presuntos delitos de corrupción y delincuencia organizada. Otros se encuentran amenazados de ir a la cárcel. Unos más sólo sienten que el blindaje que tenían comenzó a ceder. Osorio Chong ha actuado con mucha cautela y bajo perfil, pero los misiles judiciales le siguen pasando muy cerca.
Osorio Chong lleva poco más de un año viendo que el fuego prende en su pradera. Lo más cerca que se le acercó fue en agosto del año pasado, cuando se giró la orden de aprehensión en contra de Frida Martínez, con quien tiene una muy estrecha relación familiar y que fue del grupo de hidalguenses que llegó con él a la Secretaría de Gobernación. Martínez fue nombrada secretaria general de la Policía Federal, y manejaba los dineros. Con ella al frente, el presupuesto se elevó significativamente, hasta llegar a 27 mil millones de pesos anuales, clasificados dentro del rubro de “seguridad nacional”, por lo que no se rindieron cuentas públicas de ellos. La fiscalía la acusó de un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos.
Casi un año después, las autoridades detuvieron a Luis Cárdenas Palomino, que fue jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito durante la gestión de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En una de las dos carpetas de investigación que se abrieron, aparece imputado Gustavo Cárdenas Moreno, propietario de Obses, que le vendió equipos de intercepción de teléfonos. Junto con Cárdenas Moreno fueron señalados su esposa Lidia y su padre, Gustavo Cárdenas Fuentes, con lo cual se abrió una nueva avenida hacia el entorno cercano de Osorio Chong.
Cárdenas Fuentes es la figura prominente en otra investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015, en contra de Comercializadora Democa y de Ismael Hernández Pichardo, que un día después de entregada, el 8 de octubre de ese año, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República presentó una denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de moneda. La denuncia muestra el mecanismo de triangulación de recursos ilegales por ciudades y países para que sea difícil rastrear su origen, utilizando empresas fantasmas y facturas falsas.
De junio de 2013 a junio de 2015, precisa la querella, Comercializadora Democa registró operaciones en sus cuentas bancarias por más de 2 mil millones y medio de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera consideró tenían un origen ilícito, y que al terminar ese periodo habían sido retirados casi en su totalidad. La gran mayoría de las operaciones fue realizada en Villahermosa, pero también en la Ciudad de México, Acapulco, Mérida, Naucalpan y Huixquilucan. Algunos de sus activos fueron enviados a empresas y personas físicas en Hong Kong, Seúl, Corea del Sur, Luxemburgo, España, Suiza, Italia, China y Emiratos Árabes Unidos, así como a bancos en Los Ángeles, California, y McAllen, Texas.
Democa tenía como objeto social todo lo relacionado con una comercializadora de mercancías, de productos elaborados y semielaborados, especialmente aquéllos para la industria y el comercio, pero en la denuncia aparecen en la triangulación de recursos 26 empresas que van desde compañías especializadas en seguridad y armamento, hasta una empresa para alimento de mascotas en Aguascalientes, pasando por constructoras, inmobiliarias, empresas de alquiler de aviones, de transporte de valores, servicios financieros y casas de empeño. Es decir, realizó operaciones en prácticamente nada de lo que indica su objeto social.
Hernández Pichardo era accionista y representante legal de Democa, y de otras cuatro empresas señaladas en la denuncia, Servicios y Asesorías Modeno, Maquikly, Comerjamia y Samidpromo. En el momento de la denuncia tenía 30 años de edad, y su credencial de elector lo domiciliaba en Tultitlán, Estado de México, donde la mayoría de la gente vive de servicios y comercio. El acusado, sin embargo, tenía acreditado dos domicilios en Polanco, mediante sendos recibos de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad; este último, en Campos Elíseos, lo pagaba una sociedad anónima, ENBS, que como la mayoría de las empresas en la denuncia, prácticamente no tiene información pública disponible.
El perfil de Hernández Pichardo y la forma como aparece en la denuncia muestra la tipología de los prestanombres. Quienes han estudiado el caso de Democa sospechan que era la fachada de personalidades políticas que, en papel, se pueden vincular circunstancialmente a través de Cárdenas Fuentes, que estaba ligado al grupo de Hidalgo, y cuya empresa familiar, Obses, vendió programas de espionaje a la Secretaría de Seguridad Pública –el software FinFisher–, cuya aprobación pasó por Frida Martínez y lo pagó el director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, Martín Hernández Roa, y el Cisen, según reveló una investigación de las ONG Contingente Mx y Propuesta Cívica, en 2013.
Las autoridades sospechaban que la mayoría de las empresas utilizadas en este esquema criminal era fantasma, a través de las cuales se emitieron facturas falsas. La denuncia fue frenada por Eugenio Ímaz, incondicional de Osorio Chong y en ese entonces director del Cisen. Las presiones de la Secretaría de Gobernación lograron que terminara siendo congelada. Hoy, la vieja sospecha que rodeó a Democa revivió con la acusación contra los hermanos Víctor Manuel y Alejando Álvarez Puga, que en un escándalo de factoraje son acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, porque entre las órdenes de aprehensión del caso se solicitó una contra Paulo Uribe, exdirector general de Administración de las cárceles, que respondía a Osorio Chong y a Frida Martínez, que representa el cabo suelto del Grupo Hidalgo, que puede llevarlos a Democa y a otros negocios más.