No fue “alambreo”: son textos de chats
Un avezado (pero muy) en seguridad me hace notar que los diálogos entre un subcomandante policiaco y el narcotraficante Gildardo López Astudillo, El Gil, no se obtuvieron de una “intercepción telefónica” como aquí (y otros espacios) se ha sostenido, sino del celular que el homicida portaba cuando fue capturado en 2015.
O sea que al Ejército no puede imputársele omisión, porque no pudo evitar que Los 43 de Ayotzinapa fueran asesinados.
Son textos de chats, no llamadas ni escuchas. Tampoco es información que el Ejército haya conocido en tiempo real. Los contenidos provienen de la ordeña que se hizo al equipo.
El que no fuera un alambreo ilegal no exime de responsabilidad, administrativa cuando menos, al o los militares que no lo entregaron al Ministerio Público federal, sobre todo cuando la desaparecida PGR y la CNDH demandaron con insistencia que la Secretaría de la Defensa entregara todo lo que supiera o tuviera sobre el caso Iguala.
Me explica el experto: “Aun cuando se hubiese tratado de intervenciones de comunicaciones privadas, los bisoños (gulp) ignoran que la tecnología moderna permite grabar y almacenar voz y datos. Y que salvo excepciones, cuando está en curso una investigación —a veces planeada en minutos, horas o días, por ejemplo un secuestro—, la información acumulada es revisada periódicamente, pero no en vivo. Quien interviene no tiene puesta la oreja ni los ojos en los equipos 24 horas del día …”.
Chin.
Sobre las nuevas búsquedas en Pueblo Viejo y sus inmediaciones, la comisión de la verdad que encabeza Alejandro Encinas y la fiscalía especial de Omar Gómez Trejo no hallarán nada. Los diálogos revelados el viernes no sirven porque la zona ya fue explorada criminalísticamente desde las primeras investigaciones y los restos hallados de otras víctimas de El Gil y su pandilla no correspondieron a los normalistas.
El mayor valor de esos chats entre el testaferro de Guerreros Unidos y el capo adoptado ahora por la 4T como testigo protegido es que desnuda las perversidades de los detractores de la “verdad histórica”, que impulsaban desde un principio achacar al Ejército los asesinatos.
Como lo dijo la CNDH (anterior a Rosario Piedra), todas las pruebas recabadas con posterioridad al chateo entre el policía y El Gil indican que las dos rutas de desaparición de los normalistas tuvieron el mismo destino: el basurero de Cocula y el río San Juan.
Lo que el subcomandante y el capo se escribieron fue antes de las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el sujeto identificado como El Patrón decidiera un cambio de orden (capítulo 26 de la Recomendación).
En vez de buscar lo que no hay en Pueblo Viejo, la comisión y la fiscalía debieran enviar a Innsbruck los 114 fragmentos óseos propuestos (¡desde hace casi tres años!) por la CNDH.
Con su criminal desacato, ambas instancias delatan que temen probables nuevas identificaciones de estudiantes y se les acabe la coartada de “nuevas líneas y búsquedas” con que vienen lucrando.
Carlos Marín