El dilema del PRI
Hace 34 años, el partido histórico de la Revolución Mexicana vivió una confrontación entre sus alas nacionalista y liberal que a la fecha no se ha terminado de superar.
Ese conflicto pervive en la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Constitución a fin de revertir la Reforma Energética de 2013, volviendo a hacer de la CFE el factor determinante de la generación de electricidad.
El destape como candidato presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el 4 de octubre de 1987, provocó un quiebre como nunca había vivido el PRI, entonces partido hegemónico.
Cuando se acercaban los tiempos de la sucesión, el grupo nacionalista revolucionario demandó la realización de un proceso abierto para seleccionar al aspirante a suceder a Miguel de la Madrid. La punta de lanza de ese esfuerzo era la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
En un afán de ganar tiempo, la dirigencia priista convocó a una pasarela de seis precandidatos, de los cuales únicamente dos tenían posibilidades de alcanzar la postulación: Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, y Manuel Bartlett, secretario de Gobernación. El primero era la carta de los tecnócratas y el segundo, de los tradicionalistas.
Estos últimos habían perdido el control del partido y del poder en 1982, cuando De la Madrid se convirtió en sucesor de José López Portillo, quien llegó a llamarse a sí mismo “el último Presidente de la Revolución”.
El destape de Salinas provocó la salida de los derrotados, quienes lanzaron la candidatura de Cárdenas con el registro del PARM, PPS y PST, que en ese momento habían actuado como partidos satélites del PRI. Al final de la campaña, se sumaría a su causa el PMS, descendiente del Partido Comunista Mexicano.
Después de la elección, los miembros de la Corriente Democrática y el PMS formaron el PRD, que postularía dos veces más a Cárdenas. Eventualmente, el liderazgo del partido pasaría a Andrés Manuel López Obrador, quien, luego de dos campañas presidenciales fracasadas, se salió del PRD para formar su propia organización, Morena, con lo que se sacudió el lastre de las tribus perredistas.
El triunfo del tabasqueño en las elecciones de 2018 representó el regreso del nacionalismo revolucionario a la Presidencia, luego de cinco sexenios de gobiernos orientados por la economía de libre mercado. Con él regresaron las pulsiones estatistas y proteccionistas (salvo en la política monetaria, donde ha prevalecido el equilibro fiscal propio del llamado neoliberalismo).
El anterior es el contexto en que debe leerse el reto que López Obrador lanzó ayer al PRI para urgirlo a votar a favor de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
“El PRI tiene una oportunidad para definirse”, afirmó el Presidente en la mañanera. Y preguntó: “¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente (Lázaro) Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México?”.
El actual PRI, que nunca fue hecho para estar en la oposición, seguramente acabará definiéndose para siempre en función de la decisión que tome en las próximas semanas en torno de la propuesta lopezobradorista para fortalecer a la CFE, cuyo titular es Manuel Bartlett, el mismo hombre que representaba la esperanza de los nacionalistas revolucionarios de regresar al poder en 1988. Efectivamente, el PRI tendrá que hacerlo. Su dilema es ser engullido por Morena, con lo cual perdería cualquier personalidad propia y razón de ser o seguir apostando, desde la oposición, a regresar algún día al poder.
Si hay que apostar, la posibilidad de que ocurra lo primero es mayor. ¿Por qué lo digo? Porque quienes impulsaron con mayor ahínco la Reforma Energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto están desaparecidos. El único que la defiende es el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hijo del presidente que mandó a la banca el nacionalismo revolucionario en 1982 luego de que éste había quebrado al país.
En todo caso, pronto sabremos si pesan más en su seno las ideas nacionalistas revolucionarias o las de la economía liberal y si el gobierno de López Obrador tiene en su arsenal de pendientes judiciales suficiente parque para conseguir los poco más de 50 votos que necesita para sacar adelante la reforma.