No les cuadran las cifras en el Impepac
Previo al proceso electoral del seis de junio de este año, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana hizo la petición de ampliación presupuestal al Ejecutivo y Legislativo por 152 millones de pesos, que obvio, jamás les fue entregado. Argumentaron previo a los comicios, que estaban en riesgo las elecciones (tampoco estuvo) y únicamente les dieron desde la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, 15.5 millones de pesos extra a los más de 75 que les entregaron en febrero de este año.
GESTIONAR RECURSOS, SIN EL RESPALDO.- De la misma forma en que no estuvo en riesgo la elección como lo pronóstico la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, tampoco cerraron sus cortinas ni se les dejó de pagar desde la primera y segunda quincena del pasado mes de septiembre tal y como lo declaró ante los medios, en una de las ocasiones en que sola -como ya es costumbre-, acudió a pedir el recurso extra a los diputados en el Congreso local. Sin embargo, la situación financiera seguramente es grave, delicada, preocupante tal y como sucede en la mayoría de las dependencias con excepción del Ejecutivo y Legislativo, por lo tanto, han tenido que maniobrar los dineros para hacer los pagos correspondientes del personal y evitar conflictos ajenos, como posibles demandas por incumplimiento salarial.
Lo triste de lo que se vive en el órgano electoral es la desunión y la falta de compromiso, en razón de que no han logrado superar las diferencias que existieron con la depuesta Ana Isabel León Trueba, debido sobre todo, a que en los últimos meses Mireya Gally Jordá se le ha visto en el Ejecutivo y Legislativo sola, pidieron la ampliación presupuestal pero jamás se han reunido todos los integrantes del Consejo Estatal Electoral para mostrar unidad y fijar una postura firme, razón por lo cual, de darse la ampliación los directamente beneficiados económicamente en sus sueldos de 60 mil pesos mensuales -más los viáticos y demás recursos extraordinarios que perciben- son: Elizabeth Martínez Gutiérrez, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, Isabel Guadarrama, Enrique Pérez, Javier Arias Casas, quienes prácticamente la han dejado “morir sola”.
Y es que resulta extraño, que Mireya Gally Jordá, quien en su calidad de consejera presidenta percibe 10 mil pesos más que los demás consejeros, es decir, 70 mil pesos mensuales, acude ella sola, toca puertas, gestiona y se reúne con diputados locales y funcionarios del poder Ejecutivo para exigir lo que por ley les corresponde con la entrega de la ampliación presupuestal mientras que sus demás compañeros, quizá desde sus cómodas oficinas y en algunos casos hasta desde sus casas, analizan, callan y se relamen los bigotes para obtener el dinero que les permita salir y disfrutar pese al covid-19, de las festividades de navidad y fin de año sin problema alguno. La maestra Mireya, pese a sus esfuerzos, contactos, y apoyos que le ofrecen para lograr el objetivo de los recursos, por el tiempo tan corto que lleva en el órgano electoral, evidentemente que aún le falta mucha más experiencia y es ahí donde se ven mal aquellos consejeros que llevan incluso años en la actividad electoral.
Lo cierto es que la carencia de recursos obligó a limitar la plantilla laboral y por lo tanto, alrededor de siete decenas de trabajadores han tenido que salir, principalmente los que contaban con contratos y que no representa un riesgo jurídicamente ante posibles demandas laborales. Más aún, cuando eran eventuales y sabían que tan pronto concluyera el proceso electoral en automático dirían adiós. Lo que más les preocupa a los consejeros es que en efecto, ya no tiene el Impepac dinero para el pago del aguinaldo de los empleados –ni para ellos mismos- y ahí sí que se meterían en problemas legales porque estarían violentando la Ley Federal del Trabajo, por ello la urgencia de obtener los recursos extras.
Algo que es necesario explicar, es que las cifras las manipulan a su antojo y de forma grosera, quizá por ello en muchas ocasiones no hay respuestas serias del Ejecutivo para la entrega de los dineros solicitados. Por ejemplo, hace no más de una semana, Mireya Galy advertía que requerían 35 millones de pesos para cerrar el año y evitar la quiebra técnica del instituto. Mientras que hace no más de 24 horas, declaró a los medios que su demanda para cerrar el año es de 20 millones y medio de pesos. Una diferencia de casi 15 millones de pesos en un organismo que prácticamente entrará en estado de hibernación porque ya concluyó su actividad profesional por este año, pese a que los consejeros insistan en decir que la elección no está cerrada y aún tienen actividades y gastos importantes. Para la sociedad, los comicios concluyeron el seis de junio y ahora se aventarán literalmente dos años y medio sabáticos.
OBLIGADOS EN COATETELCO.- Si la representante legal del Impepac está desde hace semanas gestionando recursos por la carencia de los mismos, es ilógico que sean el órgano electoral quien realice la elección indígena, más aún, cuando se anunció que se realizaría a menos que el Ejecutivo destinara una partida financiera para ello. Estas fueron las palabras que sobre el tema ofreció Gally Jordá, aunque ahora, luego de la protesta de un grupo de habitantes de este municipio indígena, se acordó que el Impepac cumplirá con sus atribuciones respetando en todo momento sus usos y costumbres.
Si bien es cierto que se acordó realizar la elección el 17 de octubre y en la cual, el Impepac coadyuvará en el desarrollo de la elección conforme a su sistema normativo interno y apoyo logístico que considera como lo es ofrecer asesoría, capacitación y préstamo de urnas y mamparas, requieren del gobierno los recursos necesarios no solo para atender este proceso indígena sino para cerrar lo menos mal este difícil y complicado 2021.
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