Diputados, obligados a revisar concesión de verificentros
En medio de una incertidumbre social en la que se registran a diario historias desgarradoras por la pérdida de familiares por la pandemia del covid-19, además de situaciones lamentables como el cierre de empresas, despido de personal y reducción salarial entre empleados registrado en varias instituciones privadas. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, en la que algunos empresarios que no son de Morelos, siguen llenándose los bolsillos en plena crisis y perciben ganancias multimillonarias con sus negocios que lograron instalar en medio de señalamientos por actos de corrupción, dádivas y complicidad gubernamental tal como sucede con los verificentros.
NEGOCIO MULTIMILLONARIO.- El Centro de Investigación “Morelos Rinde”, cuyo director general es Roberto Salinas, puso el dedo en la llaga, al denunciar que los dueños de los escasísimos establecimientos que fungen como verificentros en la entidad no dejan ni destinan recurso económicos para favorecer o mejorar el medio ambiente, a pesar de que perciben ganancias ofensivas en plena pandemia del coronavirus.
Y ofrece datos interesantes el especialista de la transparencia en Morelos, al precisar que los diez empresarios del ramo, reciben pagos de verificación vehicular por 830 mil vehículos registrados, lo que representa un gasto multimillonario pero que pese a ello, han decidido no invertir ni destinar nada a la protección del medio ambiente en Morelos.
Por lo tanto, si la mitad de los vehículos realizara su respectiva verificación, considerando aquellos que no lo hagan una sola vez por tener holograma 00, son alrededor de 370 mil vehículos de los cuales ellos perciben más de 400 millones de pesos. Estamos hablando de que estos empresarios se están haciendo cada vez más ricos sin que nadie les diga absolutamente nada a pesar de que el servicio que ofrecen es pésimo, sus establecimientos no cuentan con estacionamientos y los morelenses que requieren de sus servicios, por obligación, tienen que estacionarse hasta en doble fila y ello genera, afectaciones a los comercios aledaños a donde están los verificentros.
Además de las constantes acusaciones de los propietarios de vehículos que han denunciado públicamente los actos de corrupción que en varios se siguen registrando. Independientemente de que es imposible que humanamente, personal de diez establecimientos otorguen el servicio de la verificación a un padrón de 830 mil vehículos registrados en Morelos dos veces al año, es decir, tendrían que ser más de un millón 600 mil verificaciones al año.
De acuerdo a los datos proporcionados por Morelos Rinde Cuentas, los pagos que ingresan al gobierno de Morelos, son por expedición de certificados de verificación (cuando se extravió por el usuario o certificados de rechazo) con aproximadamente 35 millones de enero a julio de 2021, y en el mismo periodo 52 millones en multas por no verificar. Mientras que para el próximo año 2022, el poder Ejecutivo estatal tiene contemplado que se incrementen las multas en un rango de mil 255 a cerca de mil 800 pesos y cobrar incluso, una multa por cada verificación no realizada.
FACULTADES AL EJECUTIVO.- Ante esta situación de aumento y afectación económica a los propietarios de los automotores en la entidad que los obligan a realizar la verificación dos veces al año, propuso que el Congreso de Morelos realice una minuciosa evaluación y establezca los ingresos para el gobierno del estado por verificación y se aplique para el año entrante, siempre y cuando sea destinado para el cuidado del medio ambiente.
Actualmente se cobra por este servicio 585 pesos y por los 830 mil vehículos registrados tanto privados como públicos que se tienen que verificar el dinero va directamente a los bolsillos de los empresarios y nada se queda para favorecer y mejorar el ambiente en la entidad.
Hace algunos años, empresarios morelenses entre ellos Ángel Adame Jiménez, hoy diputado local del PAN, deberá hacer efectivo sus exigencias y reclamos cuando era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien se había pronunciado porque el gobernador analizara la pertinencia de cerrar de forma temporal los verificentros, tras considerar diversos actos de corrupción e inconformidades de los usuarios que a diarios van se incrementan derivado del pésimo servicio que ofrecen a la ciudadanía.
Es urgente que no solo Ángel Adame sino el resto de los legisladores, analicen lo que hicieron sus antecesores en el sentido de ofrecerle facultades al Ejecutivo para otorgar concesiones por hasta 20 años a nuevos empresarios que instalen más verificentros en Morelos. Para los especialistas en el tema, lo que puede provocar además de cotos de poder serán mucho más actos de corrupción porque esto representa hoy en día, un negocio multimillonario tan solo por permitírsele instalar un verificentro en cualquier parte de la entidad.
A continuación, las empresas que han estado saqueando con permiso oficial, los recursos de los propietarios de los 830 mil vehículos registrados y a los que el gobierno, les obliga a verificar dos veces al año pagando, obviamente, 585 pesos por cada servicio.
Las empresas beneficiadas son estas:
Hay cuatro verificentros en Cuernavaca: Corporación de Verificentros S.A. de C.V., en Cuernavaca; Verificación Santa Lucia S.A. de C.V; Control Ecológico Vallejo S.A. de C.V; Verificación Durango S.A. de C.V; una en Jiutepec, Verificentro Lomas S.A. de C.V; en Temixco, Control Ecológico Corpus Christy S.A. de C.V –propiedad de un político de la administración estatal actual-; una más en Cuautla, Control Ambiental del Valle de México S.A. de C.V; Verificación Santa Fe S.A. de C.V, en Jojutla; Terflosan S. A. de C.V, en Yautepec; Verificación Misterios S. A. de C.V, en Yecapixtla; Impulsora Ecológica Santa FE S.A. de C. V, en Jantetelco; y el Centro de Verificación Lomas S.A. de C.V en Mazatepec.
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