Las maniobras del fiscal
Rosario Robles estará hoy en la tarde ante un juez que decidirá si ratifica el amparo para que enfrente su proceso en libertad. Robles entró a la cárcel en agosto de 2019, tras presentarse a declarar por el presunto uso indebido del servicio público al omitir informar sobre un desvío de 5 mil millones de pesos. Nunca admitió el delito, por lo que no podía omitir lo que no sabía. En cualquier caso, el delito le permitía defenderse en libertad, pero las autoridades federales y la Ciudad de México le inventaron pruebas para que un juez de consigna le diera prisión preventiva. Después de dos años, el amparo que le otorgó un juez, la semana pasada, la tiene en la puerta de salida.
Robles está tan segura de que alcanzará la libertad que comenzó a regalar su ropa y las pertenencias que atesoró durante su estadía en la prisión, porque no puede llevarse nada. Es probable que se ratifique el amparo y camine hacia la calle, pero no está claro si el fiscal Alejandro Gertz Manero dejará que se vaya a su casa tranquilamente. El fiscal está actuando como depredador de la clase política adversaria al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de Robles, la sevicia contra ella parece responder a un viejo agravio que siente su jefe de cuando era líder del PRD.
Hay contra ella una motivación personal. Pero contra ella, y muchos otros más, existe también una motivación política. Las dudas sobre cómo actuará Gertz Manero se asientan en la manera como se ha comportado con sus perseguidos políticos. Por sistema, sean políticos, científicos o empresarios, les ha negado el acceso a la carpeta de investigación para que sepan de qué los acusan, por lo que los jueces han otorgado prórrogas a las audiencias donde les deberían leer las imputaciones. Eso pasó apenas el jueves pasado, por ejemplo, cuando por esas razones un juez aplazó la audiencia que tenía el exsenador panista Jorge Lavalle.
Robles y Lavalle, a quien también le han estado fabricando imputaciones, le dieron margen de maniobra política a Gertz Manero porque, a sabiendas de que sus casos no ameritaban prisión preventiva, se presentaron a declarar. No se imaginaban que la ley en estos tiempos de persecuciones políticas se estira tanto como quiera el fiscal, y todo como lo desee el Presidente. De ahí que los políticos a quienes se ha llamado a declarar por temas de corrupción hayan puesto una frontera de por medio, y reclamando a los jueces que no tuvieron acceso a sus carpetas de investigación, y logrando prórrogas para las audiencias.
Esta forma de esconder lo que por ley debían entregar es visto por algunos expertos como una estrategia de la Fiscalía General, porque las acusaciones contra políticos, principalmente aquéllos señalados por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya no se sostienen. Pero como Gertz Manero no va a permitir que la ley lo derrote y sus casos se desmoronen, está ejecutando una maniobra para elevar los costos y provocar errores o dudas de las defensas, como lo adelantó Milenio este lunes al publicar que los 17 imputados originalmente por Lozoya serán acusados por delincuencia organizada por la fiscalía.
Las intenciones de Gertz Manero se pueden ver en el ejemplo práctico de Ricardo Anaya, el excandidato presidencial a quien no le dieron acceso a su carpeta de investigación y luego le dieron más de mil fojas casi en la víspera de su audiencia, provocando que, ante la queja, el juez fijara una nueva audiencia para el 8 de noviembre, donde tendrá que acudir personalmente a declarar. Anaya se encuentra fuera de México y la pregunta es si se presentará. Su defensa debe tener como referencia lo que sucedió con Robles y Lavalle, donde no importa la legalidad, lo importante es meterlos a una celda. Si eso sucede y no se presenta, la Fiscalía General podrá solicitar una orden de aprehensión y el juez, sobre todo si es del grupo que trabaja por consigna con esa oficina, se las obsequiará. A partir de ahí, la persecución se volverá una cacería con la ayuda de Interpol, y sería cuestión de tiempo para que Anaya regresara a México en calidad de detenido. Lo que pase jurídicamente después es secundario. La óptica es lo importante.
Después de Anaya, el mismo camino vendrá con el resto de los imputados por Lozoya. Acusaciones por delincuencia organizada, como la que inventó Gertz Manero en el caso de los científicos, están cocinándose. Milenio reportó que se le formularán al expresidente Enrique Peña Nieto y varios de sus secretarios de Estado, como Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, y los exdirectores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño. La fiscalía sólo tendrá que repetir sus artimañas, maquinaciones e inventos, como lo ha hecho, para jugar con la defensa, apostar a que no se presentarán a declarar, y lograr que un juez le obsequie órdenes de aprehensión. La óptica nuevamente.
No importa que en el largo plazo los casos se caigan por falta de pruebas. Lo que hay de fondo no es la aplicación de la ley, porque no son casos jurídicos sino políticos. Por eso la estrategia del amago mediante la invención de pruebas, e inhibir que se presenten ante el juez a declarar para entonces sacar una orden de aprehensión. De esta forma se cierra el círculo diseñado por la Fiscalía General para bombear combustible a la narrativa del Presidente contra la corrupción, y que mantenga viva la posibilidad de que el electorado vote por quien quiera en el 24.
Lo que pase jurídicamente después es secundario. Lo relevante para el Presidente es cómo salta el primer obstáculo definitorio la Fiscalía General esta tarde, cuando se conozca la suerte inmediata de Robles. Por eso, la rudeza con la que actúe Gertz Manero marcará el tono de López Obrador en los tres años por venir.