‘Huachicol fiscal’, un negocio de familia en Tamaulipas
Negocio. Las aduanas han sido una guarida de corrupción, la cual no ha terminado de ser limpiada por completo por parte del gobierno federal. ARCHIVO
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera cruzan los lazos sanguíneos de la clase política tamaulipeca, incluyendo a encumbrados panistas y dirigentes locales de Morena
El pasado 14 de octubre, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fuera designado dirigente de Morena en Tamaulipas, Luis Rivera, uno de sus operadores, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante un Ministerio Público federal.
La UIF lo acusa de “contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, todos vinculados con el “huachicol fiscal” en las aduanas, el cual consiste en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
A Rivera se le atribuye la recaudación de sobornos, por lo que apenas es el primer avance de la indagatoria que involucra a varios morenistas de Tamaulipas y a la Administración General de Aduanas, así como a funcionarios relacionados con programas sociales y que se cruzan con las indagatorias al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Gómez Leal fue el súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, pese a también ser cuñado del gobernador panista García Cabeza de Vaca.
No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que Gómez Leal y Cabeza de Vaca están peleados. Aun así, morenistas de Tamaulipas identifican que en realidad el nuevo dirigente partidista es el plan B del gobernador panista para las elecciones de 2022.
Cabeza de Vaca está en la mira de la justicia mexicana y norteamericana, al ser vinculado a una red de lavado de dinero, por lo que en el país existen tres denuncias en su contra.
La primera de esas denuncias fue con base en el expediente DEN-UIF-65-2020, presentada el 28 de julio de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por una serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales vinculadas con el mandatario estatal.
En este caso se considera a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario identificado por la Fiscalía General de la República y la UIF como testaferro de García Cabeza de Vaca. Reséndez fue detenido el pasado 1 de julio en Texas, para luego ser enviado a México en donde fue vinculado a proceso.
En esta misma investigación aparecen Francisco Javier Tamez Arellano y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco. Además se vinculan a tres razones sociales.
El segundo caso fue presentado ante la misma instancia, en donde se acredita una riqueza personal del gobernador tamaulipeco por 104 millones de pesos, cuando sus ingresos a lo largo de 20 años solo suman 21 millones de pesos.
Mientras que la tercera investigación se trata de una serie de contrataciones públicas que implicarían daño al erario tamaulipeco.
El primero de los casos es donde también se ve inmiscuido el morenista Gómez Leal.
Tras presentarse la denuncia, en una acción inusitada al ser en ese entonces el representante del gobierno federal en Tamaulipas, las cuentas de Gómez Leal fueron aseguradas, pese a ser identificado como un operador cercano a Gabriel García, quien era el coordinador Nacional de Programas de Desarrollo.
De acuerdo con testimonios recogidos por Proceso, el propio García influyó para que desde el inicio de la administración, Gómez Leal pudiera recomendar a los jefes aduanales en Tamaulipas.
LA TRAMA ADUANERA
En abril de este año, De acuerdo a la Administración General de Aduanas, 17 ex administradores de aduanas estaban bajo investigación de la UIF y la Fiscalía General de la República.
En mayo, el periódico El Financiero publicó que entre esas investigaciones destacabn los jefes tamaulipecos: Ricardo Díaz de la Serna, ex jefe en Nuevo Laredo; Luis Iván Carmaño y Fernando Guzmán Delgado, quienes estuvieron al frente de Reynosa. Estas denuncias se relacionaban por la recolección de sobornos realizada bajo instrucciones de José Ramón Gómez Leal.
En esa línea de investigación, Luis Rivera es señalado por ser el presunto cobrador en Reynosa.
Tanto a Rivera como a otra persona identificada como Marcos Guerra se le relaciona con una supuesta red de lavado que implica a García Cabeza de Vaca.