Unidos por Morelos
La tragedia de miles de morelenses fue un gran negocio para Graco Ramírez.
La Legislatura 55 se está poniendo a prueba a si misma al anunciar una auditoría especial al organismo Unidos por Morelos, encargado de administrar los 7 mil 500 millones de pesos que se destinaron en el sexenio pasado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 2017. El tema es espinoso y a todas luces representa un monumental acto de corrupción tomando en cuenta que esa cantidad de recursos era más que suficiente para resolver la devastación y no se aplicó. La tragedia de miles de morelenses fue un gran negocio para Graco Ramírez.
Hagamos memoria de lo ocurrido para entender de lo que estamos hablando: el 19 de septiembre del 2017 a las 13.14 horas un fuerte sismo de 7.1 grados con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan sacudió la zona centro del país, provocando daños severos en Morelos, Ciudad de México y Puebla. En el caso de nuestro estado las afectaciones fueron muy graves en diez municipios, empezando por Jojutla, donde la destrucción fue masiva.
El movimiento de la tierra provocó la pérdida de vidas y daños en una innumerable cantidad de inmuebles públicos y privados; en Cuernavaca se vino abajo una parte del emblemático edificio Latino Americano, en la autopista del sol a la altura de Xochitepec colapsó un puente y la mayor parte de las iglesias católicas de la entidad presentaron serias afectaciones en su estructura. Todo lo anterior sin descontar que miles de personas sufrieron afectaciones parciales o totales en sus viviendas y negocios.
La gravedad de los hechos obligó a autoridades de los tres niveles a implementar de inmediato medidas de apoyo para miles de ciudadanos que tuvieron que ser reubicados en albergues; la solidaridad del pueblo de México con los morelenses se tradujo en envío de víveres que por llegaban a la entidad a través de vehículos particulares o en camiones contratados exprofeso.
Morelos no estaba considerado hasta ese momento como una zona sísmica porque nunca había sido epicentro de un terremoto de tal magnitud; los efectos de la devastación del sismo del 2017 siguen presentes hasta la fecha, cuatro años más tarde todavía pueden observarse edificios derruidos y cientos de familias continúan sin poder recuperarse de las pérdidas materiales que sufrieron.
Sin embargo, para el gobierno de Graco Ramírez esa tragedia se convirtió en un negocio multimillonario; recordemos como a través de la policía estatal y mediante operativos implementados en todos los accesos a la entidad el gobierno estatal comenzó a requisar la ayuda humanitaria que empresas y personas enviaban a las víctimas. Los autores de este primer fraude fueron la expresidenta del DIF Elena Cepeda y su hijo Rodrigo Gayosso; el operador de los decomisos fue el comisionado de seguridad Alberto Capella.
Al graquismo no le importó la tragedia ocurrida en la entidad, pues en lugar de enviar ayuda inmediata a las víctimas intentaron concentrar los apoyos en bodegas del DIF con el pretexto de que querían poner orden en su distribución; su actuación fue tan grotesca que fueron los propios ciudadanos quienes los denunciaron y se apersonaron en los lugares a donde se llevaban los víveres; derivado de esa presión social el DIF Morelos se tuvo que hacer a un lado de la concentración de apoyos.
Ese primer intento de agandaye fue el preámbulo de lo que vendría después: so pretexto de que era necesario reconstruir las zonas afectadas por el sismo el gobierno de Graco Ramírez apoyado por los diputados de la 53 legislatura canalizaron recursos de diferentes instancias a un fondo de reconstrucción que a la postre se convirtió en un organismo denominado Unidos por Morelos.
La urgencia de atender la tragedia fue vista por los graquistas como la oportunidad idónea para manejar con discrecionalidad los miles de millones de pesos que colocaron en el nuevo fideicomiso; para tener control total de las cosas el gobernador designó como titular del fideicomiso al personaje que manejaba la obra pública del estado, su incondicional y amigo personal de su hijastro. Sergio Beltrán Toto llegó a Unidos por Morelos con la encomienda de administrar ese multimillonario fondo de reconstrucción.
El sismo del 2017 afectó de manera notoria a diez municipios y de ellos Jojutla fue el más lastimado; el presidente de México Enrique Peña Nieto visitó varias veces la zona cero y atestiguó el enfado social contra el gobernador Graco Ramírez, quien cada vez que pisaba el lugar era agredido verbalmente por la población, quien le reclamaba su falta de apoyo y el mal manejo que daba al dinero de la reconstrucción.
En poco tiempo el fideicomiso Unidos por Morelos llegó a manejar más de 7 mil 500 millones de pesos que se sumaron con los miles de millones de pesos que destinó el gobierno federal y los cientos de millones de pesos que solidariamente aportaron distintas organizaciones privadas nacionales y extranjeras. El dinero destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo fue muchísimo y estuvo disponible casi de inmediato, sin embargo hasta ahora nadie sabe en donde quedaron los recursos.
Ahora el congreso estatal revive la historia y pone el dedo en la llaga al anunciar una auditoría especial al organismo responsable de la reconstrucción; el diputado Arturo Pérez advierte la gravedad del hecho en función de que a cuatro años muchas familias siguen sin recibir ayuda y las obras que supuestamente se llevaron a cabo a través de Unidos por Morelos no se ven por ningún lado.
Auditar al fideicomiso Unidos por Morelos es abrir la caja de pandora, porque no hay manera de que los encargados de ese organismo puedan comprobar el buen uso de los recursos públicos que se destinaron a las familias afectadas; los beneficiarios de ese multimillonario fraude no son solo quienes operaron directamente la institución. Piensa, lectora lector queridos: ¿Cuántas casas y edificios públicos se pueden construir o reconstruir con 7.5 mil millones de pesos y cuántos se reconstruyeron?
La tragedia causada por el sismo del 2017 fue el pretexto para que al final del sexenio pasado el exgobernador Graco Ramírez se robara millones de pesos destinados a la reconstrucción; al perredista y a los operadores del fondo no les importó lucrar con el dolor de miles de personas, ni tampoco se preocuparon por justificar correctamente el gasto; sabían que había premura para actuar y por ello manejaron con absoluta discrecionalidad el dinero.
Hoy los legisladores han puesto el dedo en la llaga al anunciar una revisión a ese gasto, porque tan solo en el municipio de Jojutla existen al menos 250 viviendas que aún necesitan reparaciones derivado del movimiento telúrico; “Queremos saber en qué se aplicó el dinero porque las obras no se ven”, dicen, al tiempo de señalar muchos de los trabajos que se realizaron están mal hechos y con materiales de baja calidad.
Con la revisión al programa Unidos por Morelos los diputados de la 55 Legislatura de Morelos mostrarán si realmente quieren atacar combatir la corrupción y ponerle un alto a la impunidad o son iguales a sus antecesores.
posdata
Los priístas insisten en la creación del fondo para moches; dicen que a través de él se apoyaría el desarrollo de los municipios y se reactivaría la microeconomía.
Se trata de un fondo al cual se le destinarían 540 millones de pesos y que tendría la responsabilidad de llevar a cabo obra pública en todos los municipios de Morelos; la idea es absurda porque el congreso no tiene facultades legales para realizar obra, pues eso le corresponde a los gobiernos municipales, al estatal y al federal. Crear un organismo intermediario es ilógico, porque se convertiría en un espacio de corrupción.
A la iniciativa priísta se ha unido ya el coordinador de Movimiento Ciudadano Julio César Solís; obvio: este personaje llegó a la cámara por la vía plurinominal, sin ningún merecimiento y con el antecedente de ser el autor intelectual de un par de fraudes en los que estuvo inmiscuida su esposa, quien tuvo que renunciar a una consejería del Instituto Estatal Electoral (hoy Impepac) por haber falsificado documentos para ocupar el cargo y actualmente se encuentra sujeta a proceso penal por haber falseado (otra vez) documentos para obtener una jubilación dorada en la legislatura antepasada.
El parlamento se ha dividido en dos bloques por este tema: el primero lo representa Eliasib Polanco, asesorado por los hermanos Lelos y quien presume tener de su lado a los “súperdiputados”; en el segundo está Morena, quien abiertamente ha dicho que no apoya esta iniciativa porque resulta contraria a la política anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detrás de la idea del fondo para moches, dicen, están los hermanos Julio y Roberto Yáñez, orondos asesores legislativos del grupo parlamentario el PRI en la cámara local.
El Fondo de Bienestar para los Morelenses presentado en el 2021 es una copia burda del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos que en el 2015 aprobó la 53 legislatura, al cual le inyectaron alrededor de 140 millones de pesos anuales con el mismo pretexto y nunca llevó a cabo una sola obra en los municipios.
Veámoslo de esta manera: si los diputados locales quieren ayudar con obra a los municipios ¿Por qué no otorgan de manera directa dinero a los ayuntamientos para que la hagan?
Claro: si lo hacen así no hay negocio.
nota
Lo ocurrido la semana pasada cuando en un intento de robo un par de sujetos dispararon en la cabeza a una joven que recién llegaba a su escuela nos muestra el nivel de descomposición social que estamos viviendo.
Los delincuentes superaban en número y fuerza a su víctima, iban armados y pudieron someterla sin necesidad de lastimarla, sin embargo su reacción fue atacarla y atentar contra su vida.
El viernes pasado el fiscal Uriel Carmona informó que derivado del trabajo de inteligencia de las corporaciones policiacas locales estarían a unas horas de detener a los agresores; uno de ellos fue presentado el día sábado y ya se tiene identificado y resguardado el vehículo en el que huyeron.
La agresión sufrida por la joven que hoy se encuentra hospitalizada representa un agravio para toda la sociedad, pues expone los elevados niveles delictivos en los que vivimos y la vulnerabilidad en la que todos nos encontramos; hechos como este le puede pasar a cualquier persona en una ciudad donde impera la inseguridad y prevalece la impunidad.
Esperemos que pronto las autoridades capturen a los delincuentes, pero sobre todo que una vez detenidos un juez no los vaya a dejar libres bajo algún artilugio legal, como ha ocurrido muchas veces en los últimos años.
post it
El gobernador Cuauhtémoc Blanco se reunió con los diputados que integran la 55 legislatura de Morelos; el objetivo, dijeron, fue dialogar sobre los detalles del paquete económico 2022. En la cita, además del jefe del ejecutivo estatal y los veinte representantes populares estuvo la secretaria de hacienda.
El diálogo entre los legisladores y el gobernador fue cordial y aunque en realidad no se abundó en los pormenores del presupuesto, el encuentro es una buena señal política, pues se trata de algo que no había ocurrido en el pasado reciente.
Queda claro que el trabajo que está haciendo la secretaria Mónica Boggio es financiero y es político, atiende los detalles técnicos del paquete económico y también opera en el parlamento para que el tema avance sin los contratiempos que hubo en el pasado con los tres primeros presupuestos de esta administración.
Lo que parecía difícil de ocurrir ha pasado: Boggio Tomasaz ha superado en capacidad y eficiencia a Alejandro Villarreal, especialmente porque al final su antecesor se volvió descuidado y arrogante.
redes sociales
Al auditar el fondo Unidos por Morelos van a surgir de inmediato dos nombres: Sergio Beltrán Toto y Alexis Ayala; el primero operador personal de Graco Ramírez y el segundo actual asistente del diputado Agustín Alonso.
Lo dicho: si deciden revisar lo ocurrido con el dinero para la reconstrucción van a abrir la caja de Pandora.
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