Inmediatamente la familia presentó una denuncia por violación. Los exámenes del médico legista certificaron la violencia ejercida contra Citlali. El Ministerio Público ejerció acción penal contra el responsable.

Citlali quedó embarazada de esa violación. Como en todo el país, la ley de Sonora contempla y permite la interrupción del embarazo en casos de violación. Pero en Hermosillo, a Citlali no solo no le dieron información sobre la pastilla del día siguiente, sino que el juez reclasificó el delito, no era violación sino estupro.

El 13 de julio la familia de Citlali solicitó al Hospital Infantil de Sonora que le practicaran el aborto a la niña por ser víctima de violación.

Seis días después la directora del hospital les notificó que no le practicarían el aborto porque se trataba de un estupro y no una violación.

La defensa de Citlali apeló la resolución del juez que reclasificó el delito como estupro, pero por ser vacaciones, el recurso no ha sido resuelto, según uno de los abogados. Además interpusieron un recurso de amparo contra la resolución del hospital y la Secretaría de Salud del estado que le negó la interrupción del embarazo.

El tiempo sigue corriendo para Citlali.

En el caso de Citlali se tocan dos epidemias del México contemporáneo. La agresión sexual a mujeres menores de edad, medio millón de casos al año, según algunos estimados, y la crisis de embarazo adolescente. México ocupa el primer lugar según datos de la OCDE.

Según el Inegi, en 2014 nacieron más de 11 mil niños de madres de 14 años y menores, 30 al día. Muchos de esos embarazos son producto de violencia sexual. 

Hace 17 años, una mujer oaxaqueña en Mexicali fue violada y se le negó un aborto. El caso Paulina llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que el Estado se negara a aceptar la recomendación de la CNDH y siete años después el estado de Baja California tuvo que indemnizarlos a ella y a su hijo.

Parece que nada hemos aprendido.

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