Obras que quieren hacer en comunidades corresponden al Ejecutivo
El Fondo de Bienestar para los Morelenses que presentó el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y que pretenden aprobar algunos diputados de la LV legislatura local, tiene tintes político-electorales con miras al proceso constitucional del 2024, reconoció el diputado del Partido Acción Nacional, Óscar Cano Mondragón.
El coordinador del grupo parlamentario puntualizó que siempre hay movimientos que se quieren hacer para llevar obras o acciones a las comunidades, sobre todo en aquellas en las que hay mucha necesidad en Morelos.
Sin embargo, sostuvo que la gente demanda la realización de obra pública como por ejemplo, puentes de vialidades, drenaje, pavimentación, entre muchas otras pero lo en lo que sí se debe ser bien precisos, es que quién tiene que hacer esas proyectos es el gobernador.
“Debemos dejar bien claro quien tiene que efectuar estas obras, quién es la persona encargada de este tipo de acciones y quién le corresponde no es otro que al ejecutivo y no a los legisladores”, reiteró.
El parlamentario blanquiazul dijo desconocer si el Fondo de Bienestar este políticamente muerto, porque en este momento se encuentra a revisión y será en las próximas sesiones cuando se analizará el tema aunque dejó en claro que su postura personal será junto con su grupo parlamentario, votar en contra por considerarlo como inviable.
Hasta el momento dijo, no cuenta con el consenso de la mayoría de los legisladores pero tampoco él estaba de acuerdo con ese proyecto porque el titular del poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo mostró su rechazo. Y ante esta situación ahora es extremadamente complicado que prospere la iniciativa del grupo parlamentario del PRI.
Cano Mondragón resaltó que al gobernador de Morelos tendrían que quitarle de sus recursos el monto de aproximadamente 600 millones de pesos, para destinarlo al Fondo de Bienestar algo que se ha complicado dicho proyecto.
Una de las alternativas que él en su momento planteó fue que el dinero que es un recurso directo hacia el Ejecutivo que requería algunas consideraciones, como por ejemplo el fondo tuviera una estructura ciudadana e injerencia de la población, es decir, con la participación de los colegios de arquitecto, ingenieros, abogados, etcétera para que estas obras y acciones importantes para las comunidades tuvieran una supervisión permanente y constante así como un seguimiento propio. Por lo tanto, comentó que no se necesitaba una estructura con un alto costo sino que fuera honorífica y ciudadana.
Al final consideró que el fondo es inviable y ya no saldrá de forma positiva cómo lo esperaban algunos diputados por lo que votará en contra del proyecto.