* MÁS SOBRE LOS CONSPIRADORES
María Soledad Solís Córdova se embolsa 52 mil pesos mensuales como regidora de Emiliano Zapata por el PVEM. Pero no son los únicos recursos de que dispone, pues con el carácter de líder estatal de Antorcha Campesina emplea a discreción, sin ninguna fiscalización, el dinero proveniente de las cuotas pagadas con muchísimo esfuerzo por centenares de hombres y mujeres -la mayoría situados en condición de pobreza- afiliados a esa agrupación. La movilización de antorchistas que una vez más colapsó ayer a Cuernavaca costó casi 400 mil pesos, según dieron a conocer choferes de los alrededor de 50 vehículos rentados para el acarreo de “manifestantes”. Con ese dinero se hubiera podido comprar el fertilizante que la dirigencia de Antorcha exige a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado. A ello debe sumarse el costo de la propaganda colocada en anuncios espectaculares. Etcétera, etcétera.
Sin embargo, poco a poco comienza a trascender el verdadero objetivo de quienes lideran el movimiento: desestabilizar al gobierno estatal. Tan es así que el rector Vera y el pederasta mayor de la Diócesis de Cuernavaca ya se pusieron en contacto con ellos para engrosar la conspiración pactada el jueves pasado en la Catedral de Cuernavaca, a iniciar el 16 de agosto próximo con un presunto paro del transporte público. A las perniciosas manifestaciones se sumarán las huestes de Dagoberto Rivera, Aurelio Carmona y otros sempiternos líderes transporteriles, encerrados ayer en algún establecimiento de Cuautla para definir su “estrategia” sin dar acceso a la prensa. A ver.
Espero que no se trate solo de una maniobra para sacar a Alessandro Innocenzi Silenzi de la dirección general del SAPAC, lo cual deberá pasar forzosamente por la Junta de Gobierno del organismo, y sí sea una acción tendiente a mejorar el servicio otorgado a la ciudadanía. Me refiero a la denuncia presentada ayer en la Fiscalía General de Morelos contra los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno por el Ayuntamiento cuernavacense. El primero es diputado local por el PSD y el segundo fue hasta hace poco secretario general de la comuna presidida por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ya no desea saber nada sobre ese clan, aunque durante todo 2015 confió en ellos hasta más no poder. Era su “hincha”.
Según el encargado del despacho en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, Guillermo Arroyo, se detectó a una empresa (dizque vinculada a los Yáñez) que vendía medidores del SAPAC a los usuarios, quedándose con el dinero. Es una querella donde se culpa directamente a Innocenzi (quien no resultó una inocente paloma al frente de la dependencia), pero también incluye a Julio y Roberto. La venta de los aparatos pudo haber generado la friolera de 50 millones de pesos. Así las cosas, la Fiscalía General deberá indagar a fondo para determinar la responsabilidad penal de la compañía y la de quienes no han sentido lo duro, sino lo tupido en la felpa ordenada por un “encabronado” Cuauhtémoc Blanco. Tocante a Innocenzi diré que a estas alturas ya debería presentar su renuncia y buscar un buen abogado. Apesta en el gobierno municipal del “Cuau”. Desde luego, Lalo Bordonave, dirigente estatal del PSD, salió al paso para decir que todo lo anterior es una calumnia en perjuicio de sus cómplices, perdón socios.