¿Desaparecer la ESAF?
Poco a poco la 55 legislatura local va adquiriendo su personalidad y mostrando quien es quien dentro del congreso; la postura del nuevo parlamento contrasta con la de sus antecesores, lo primero que ha destacado es su ritmo de trabajo y la decisión de entrarle a temas que en el pasado reciente fueron postergados. En medio de las buenas acciones hay otras que llaman la atención porque hacen recordar actitudes que antes dieron pie a actos de corrupción. Hoy la mira está puesta en dos temas: el fondo municipalista y la intención de desaparecer la ESAF.
La inmediata atención que el congreso local ha dado al análisis y discusión del paquete económico 2022 fue la primera buena señal de los legisladores; a diferencia de sus antecesores que nunca pudieron aprobar en tiempo y forma el presupuesto y durante tres años fueron incapaces de sacar las leyes de ingresos municipales, ahora es notorio el deseo de avanzar en el tema y aprobarlo antes de que venza el plazo de ley.
Incluso el debate parlamentario es de mayor nivel: en la pasada legislatura la tribuna era utilizada como un espacio para dirimir diferencias personales en lugar de atender los asuntos de la agenda legislativa; en la Legislatura 54 el lenguaje era florido, de mucho menor nivel intelectual y plagado de adjetivos y amenazas que generaron acusaciones internas entre los diputados y obligaron a alguno de sus integrantes a tomar un curso para evitar agresiones de género.
En esta primera etapa parlamentaria destacan algunas figuras que han tomado la batuta y comienzan a diferenciarse los diputados que tienen propuesta de aquellos que solo utilizan el micrófono para perder el tiempo. En dos meses hemos visto muchas más cosas interesantes, pero también hay surgido dos temas polémicos que pueden marcar un antes y un después en este congreso. Veamos:
La iniciativa de crear un fondo municipalista controlado por el congreso con 540 millones de pesos para realizar obra en los municipios es una sinrazón que ha dividido a los legisladores. Obvio: se trata de una copia exacta del fideicomiso de la legislatura 53 cuyo objetivo fue dotar a los integrantes del parlamento de un fondo de 140 millones de pesos para “operación política”.
Esta nueva versión del fondo municipalista es mucho más ambiciosa en lo económico, pero tiene los mismos intereses que el del 2015; la iniciativa fue propuesta por el PRI a través del diputado Eliasib Polanco, la idea se la vendieron los hermanos Julio y Roberto Yáñez y el autor material del documento presentado es el exsecretario de Hacienda de Graco Ramírez, Jorge Michel Luna. ¿Hay alguna duda del objetivo que tendrá ese dinero?
Lo absurdo del proyecto ha provocado que varios diputados se manifiesten abiertamente en contra, lo cual no ha detenido a su promotor; la idea de que el congreso maneje un presupuesto paralelo para obra pública rompe con la lógica presidencial de eliminar intermediarios y muestra un deseo enfermizo de robar dinero a costa de lo que sea. Piensa lectora lector querido: si el Fondo Municipalista es manejado por un comité nombrado por los diputados y son los miembros del comité designados por los diputados quienes otorgarán el dinero a los municipios ¿Dudas que harán negocio con ese fondo?
La reflexión en este tema es simple: si los diputados quieren apoyar a los municipios no es necesario crear un organismo intermediario para que maneje 540 millones de pesos de forma discrecional, basta que en el presupuesto los legisladores canalicen más dinero a los ayuntamientos y etiqueten los recursos para la obra pública. Obvio: si lo hacen de esa manera no será tan sencillo que los diputados intervengan en la asignación de obra ni que recomienden empresas para ejecuten los trabajos.
La segunda iniciativa que llama la atención es la que recientemente presentó el diputado Julio César Solís de Movimiento Ciudadano; en ella se pretende desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización para crear un nuevo ente auditor que lleve a cabo los trabajos de revisión y análisis del manejo de los recursos públicos. Hay que desaparecer la ESAF, dijo Solís, porque esa dependencia se ha convertido en un espacio que emplea a los familiares de los diputados y no cumple su trabajo. La esposa del diputado, por cierto, fue trabajadora de la ESAF.
Antes que el diputado naranja, el legislador de Nueva Alianza Agustín Alonso propuso una transformación de la ESAF porque es inoperante y ha caído en posibles actos de complicidad y corrupción; Alonso Gutiérrez fue más claro en sus expresiones, justificó las razones de modificar la operación de la dependencia con la necesidad de hacerla más eficiente en su función.
El problema es que la iniciativa presentada por Julio César Solís no refleja esas intenciones y lo peor, representa un retroceso en materia de legalidad, autonomía y rendición de cuentas. Hace unos años la dependencia auditora estatal fue reformada para homologarla al criterio nacional, para que funcionara acorde a lo que marcan las leyes federales en materia de autonomía y operación; la reforma propuesta por el diputado Julio César Solís va en sentido contrario, pretende ponerla al servicio de los diputados, quitarle autonomía y cambiar su estructura para convertirla en una institución dependiente del congreso.
La sola posibilidad de que esto ocurra es preocupante porque aunque hasta ahora el funcionamiento de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización es deficiente, su desaparición y puesta a disposición de los diputados sería peor, porque puede convertirse en un arma contra los presidentes municipales y contra todos aquellos que manejen recursos públicos, sobre todo si colocan al frente a alguien que no cumple con los criterios de experiencia que marca la ley para ocupar este tipo de encargos.
Más aún: hoy tenemos a tres expresidentes municipales ocupando una curul y sería muy sospechoso, por decir lo menos, que cambiaran la forma de operar de la ESAF justo antes de que se revisen las cuentas públicas que dejaron en sus municipios. Digámoslo con todas sus letras: un organismo auditor dependiente del congreso sería una extraordinaria herramienta para cubrir errores del pasado, para cuidar la actuación del presente, para prevenirse problemas futuros y para tener del cuello a los alcaldes. ¿A quién le conviene quitarle la autonomía a una dependencia que audita recursos públicos?
Personalmente me quedo con la idea del diputado Agustín Alonso de modificar de fondo la forma de actuar de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización sin desaparecerla ni quitarle facultades; por supuesto que a la dependencia le urge una renovación interna y requiere que pongan a trabajar a sus integrantes, pero desaparecerla para convertirla en un organismo dependiente del congreso es una locura, sobre todo si la propuesta surge de un diputado que no tiene calidad moral para hablar de transparencia y honestidad, porque su esposa está inmiscuida de manera directa en actos de corrupción.
Las decisiones que tomen los diputados en este arranque de legislatura van a definir su futuro político; no olvidemos que al igual que los presidentes municipales electos, su periodo real de gestión no será de tres años, sino de dos, porque poco antes de que inicie el 2024 todos los actores políticos y de la vida pública van a estar enfocados al proceso de sucesión.
Hasta ahora los primeros pasos de la 55 legislatura han sido buenos; lo que decidan respecto a las iniciativas del PRI y Movimiento Ciudadano nos mostrarán si en verdad son diferentes o solo tratan de aparentar un cambio en el discurso.
posdata
Muchas veces se ha hablado del terrible manejo financiero que ha dado el alcalde Antonio Villalobos a las finanzas del ayuntamiento de Cuernavaca; y no es para menos: la mala administración ha provocado un quebranto multimillonario que heredará el siguiente gobierno. Pero el de Villalobos no es la única mala administración municipal que hay en Morelos, también está la de Jesús Corona de Cuautla.
Hace unos días el alcalde electo de ese municipio Rodrigo Arredondo solicitó el apoyo de los diputados para tratar de restructurar “una de las tantas deudas” que arrastra la administración municipal, se trata de un crédito de 160 millones de pesos que debió sufragar el ayuntamiento de Jesús Corona y nunca fue atendido.
La heroica es una ciudad que desde hace años ha vivido momentos críticos derivado de los malos gobiernos que ha tenido; el actual además de ser un ayuntamiento ineficiente, ha sido constantemente señalado por la comisión de diversos delitos y acciones fuera de la ley, sin contar las innumerables denuncias que los propios regidores han hecho contra el presidente por presuntos actos de corrupción.
Políticamente hablando recordemos que Jesús Corona ganó en el 2018 gracias a las siglas de Morena y en el 2021 compitió por el PAN y perdió contra el Movimiento de Regeneración Nacional; hablo del factor político porque hoy el congreso tiene mayoría morenista, la presidenta de la junta política Paola Cruz es de Cuautla, fue síndica en el ayuntamiento y es de Morena, ergo: conoce del tema y debe ser la más interesada en que al municipio le vaya mejor y los actos de corrupción no queden impunes.
Si confiamos en que se aplique la ley porque eso es lo correcto queda claro que Jesús Corona igual que Antonio Villalobos y otros alcaldes como Jazmín Solano de Temixco se retirarán sin que nadie les haga nada. Apelando a los intereses políticos confiemos que al menos por pudor partidista se acabe la impunidad en casos donde la corrupción fue brutal.
nota
Y de repente ¡pum! La Fiscalía Estatal Anticorrupción retiró las acusaciones que había en contra de Karina Arteaga (esposa del diputado Julio César Solís) por la falsificación de documentos para otorgar pensiones doradas a personas (ella incluida) que no reunían los requisitos de ley para obtenerlas.
La decisión de la FECC de retirar los cargos contra Karina Arteaga ocurre en medio del debate que existe por la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, propuesta por el marido de la acusada, también presidente de Movimiento Ciudadano en Morelos y actual promotor de la desaparición de la ESAF.
La historia de las pensiones doradas representa un quebranto millonario a las finanzas del estado, se trata de la asignación ilegal de 71 pensiones onerosas a familiares, amigos e incondicionales de los miembros de la legislatura 53, la legislatura graquista. Recordemos, por cierto, que el actual fiscal anticorrupción de Morelos fue el primer consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez.
Imaginemos que desaparezca la ESAF y que en su lugar creen un organismo totalmente dependiente del congreso, encabezado por un personaje afín a los diputados (supongamos que sea Arturo Loza); en ese escenario habría una Fiscalía Anticorrupción y un ente fiscalizador que operarían en sincronía, que atenderían las recomendaciones de los diputados y podrían caer en la tentación de actuar por intereses políticos.
Imaginen a quien puede interesar un escenario así.
post it
Lo ocurrido el viernes pasado en la notaría 5, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción irrumpieron por la fuerza y amedrentaron al personal de esa oficina no es ajeno al duelo de poder que se vive en el escenario político local.
Juan Salazar está obsesionado en procesar al secretario de gobierno y busca la manera de hacerlo a como de lugar, no importa que para ello tenga que violar la ley o lastimar a terceros, como sucedió el viernes pasado en la Notaría 5.
Las acciones del fiscal están subiendo dramáticamente de tono. Algunas instituciones de Morelos sirven para el desquite personal.
redes sociales
“Todo ente que reciba, ejerza y administre recursos financieros de la administración del estado debe ser auditado y fiscalizado para que cada peso y centavo se destine a los fines y objetivos que establece la ley” dice el diputado Julio César Solis.
En su mente remató: “… Y debe ser auditado y fiscalizados por nosotros”
Como diría Benito Juárez: a los amigos justicia y gracia; a los demás la ley a secas.
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