La SCJN analiza el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara con el cual busca penar con cárcel el delito de posesión simple de mariguana, expertos y organizaciones civiles alertan que es una medida excesiva que de aprobarse provocaría un grave daño a los derechos de los usuarios
A los mexicanos les ha tomado décadas de lucha lograr que al uso de cannabis se le dé un enfoque de salud pública en lugar de uno penal o de seguridad.
Sin embargo, los avances obtenidos al día de hoy, muchos de los cuales se ven reflejados en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que permite el acceso al cultivo y consumo de cannabis como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la cual fue alcanzada apenas en junio del 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están en riesgo.
Esto se debe a que el ministro Juan Luis González Alcántara presentó un proyecto de sentencia que pretende consolidar la constitucionalidad del delito de posesión simple, es decir, castigar con cárcel a quienes carguen con esta planta.
El delito de posesión simple se clasifica así cuando no se puede demostrar que la portación de la sustancia esté destinada a la comercialización o al suministro aún gratuito a terceras personas
Por lo tanto, se puede decir que es un delito que sanciona a los consumidores que traían cantidades mayores a las señaladas en la tabla del artículo 479 o se encontraban en posesión de la sustancia dentro de un radio de trescientos metros de centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión.
Ante esta posibilidad, la cual será analizada en las próximas semanas por los once integrantes del máximo tribunal, México Unido Contra la Delincuencia advierte que la posesión de cannabis es una actividad necesaria para su consumo y que el derecho al libre desarrollo de la personalidad la protege.
En entrevista con Reporte Índigo, Cristina Reyes, abogada de la organización MUCD, explica que el proyecto del ministro de la SCJN no hace un análisis de por qué la tipificación de la posesión simple –sin fines de comercio o suministro– afecta a la salud pública.
Además advierte que tampoco hay una justificación de la idoneidad de la sanción penal como medida para proteger la salud pública e individual y se ignora la evidencia que existe sobre el fracaso de la prohibición para eliminar tanto el consumo de drogas como el mercado ilícito de las mismas.
“El proyecto es regresivo y perpetúa la criminalización de las personas que consumen drogas y sus necesidades. El bien jurídico tutelado de la posesión simple no puede ser la salud pública, por lo cual, resulta excesivo y gravoso sancionar con el sistema penal esta conducta”
Cristina Reyes
Abogada de la organización México Unido Contra la Delincuencia
La especialista en la materia además comenta que otra parte negativa de convertir la portación en un delito que se castiga con cárcel es que son siempre las personas menos afortunadas y con menos posibilidades económicas las que terminan siendo sancionadas o extorsionadas.
“Por ser un delito muy fácil de probar, se ha utilizado de manera indiscriminada para justificar detenciones arbitrarias creando un espacio muy amplio de extorsión para las autoridades en el cual solamente quienes carecen de recursos se van a ver afectadas por este tipo de castigos”, dice Cristina Reyes.
Modificaciones para regular la cannabis pendientes
A pesar de que en la Cámara de Diputados ya se aprobó la Ley para la Regulación de la Cannabis, ésta aún debe ser analizada a profundidad y modificada en el Senado de la República para realmente lograr crear una legislación que beneficie a todos los mexicanos, situación a la cual Ricardo Monreal aseguró se le dará prioridad en el actual periodo ordinario de sesiones.
“En reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), acordamos priorizar las leyes de cannabis, catastro y registro, movilidad, ciberseguridad, economía circular y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El propósito es aprobarlas en este periodo de sesiones”, dijo el coordinador de Morena en la Cámara alta.
De no analizarla a conciencia y aprobar la ley en los términos en los que se encuentra actualmente, Cristina Reyes, abogada de MUCD, advierte que lo único que se estaría creando es un mercado que va a beneficiar solamente a las grandes industrias que están ávidas por ingresar a México y en realidad no se va a lograr alcanzar la justicia social, que es lo que principalmente se ha perseguido desde un principio.
“Una situación que nos preocupa y por lo cual necesitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronuncie respecto al proyecto de González, es que en ninguna de las iniciativas ni en el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está pendiente en el Senado de la República, se habla o se modifican los delitos de posesión de cannabis ni el de cultivo, con lo cual se ha criminalizado durante décadas a las poblaciones indígenas y a las comunidades rurales”.
La portación de cannabis es una actividad necesaria para su consumo y el derecho al libre desarrollo de la personalidad la protege
Además tampoco se ha modificado en sí el sistema penal, más bien lo que se ha hecho es aumentar los umbrales de posesión, “lo que en realidad no elimina la posibilidad de que la policía detenga a las personas nada más para verificar que están portando la cantidad permitida.
“Por lo tanto, aún contando con un permiso, existe la posibilidad de ser detenido por las autoridades y extorsionado”, dice Reyes.
La especialista confía en que el proyecto del ministro Juan Luis González se votará en contra, pues al día de hoy “llevamos cinco criterios en el mismo sentido que fueron los que crearon la jurisprudencia para el uso personal de cannabis en los cuales se reconoce que el consumo no representa un daño a la salud pública y que hay otras medidas mucho mejores y más idóneas que la prohibición absoluta, la cual incluso en materia administrativa es excesiva”.