¿A quién culpamos por la inseguridad?
El debate por los altos niveles de inseguridad y violencia en Morelos es intenso, surge en todas las pláticas y se ha abordado desde todos los ángulos; la única coincidencia es que se trata de un problema muy grave, de difícil solución e irresuelto por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Cierto: a las corporaciones policiacas les corresponde atender este asunto, desde la prevención hasta la procuración de justicia, pero… ¿Son ellos los únicos responsables de que la situación no mejore?
La reciente captura de “La jefa” y las presuntas relaciones que tiene con diversos actores de la clase política local abre una nueva discusión sobre un tema que acapara la atención general por las constantes oleadas de violencia y el evidente estado de impunidad en el que nos encontramos. El problema, como todos lo dicen, es muy grave y su solución no depende solo de la implementación de una determinada estrategia de seguridad; para que las cosas mejoren es indispensable retirar las redes de protección que permiten que las actividades criminales sigan vigentes.
Veámoslo desde este ángulo: ningún municipio de Morelos tiene la fuerza necesaria para hacer frente a los grupos delictivos que operan en el territorio, ni poseen los conocimientos o la experiencia necesarios para atender en solitario un asunto tan grave; ir solo a esta batalla es una locura o el primer paso a la complicidad. Una y otra vez los presidentes municipales han aceptado que no pueden solos con el problema, de ahí la necesidad de hacer un frente común con una estrategia que permanentemente tiene que se ajustada porque la actividad delictiva evoluciona.
Pero el tema de la seguridad es mucho más complejo de lo que algunos piensan, no es un asunto que se resuelva con más policías, ni tampoco se trata solo de una batalla entre policías y ladrones; en Morelos ha quedado evidenciado que existe una red de complicidades entre organizaciones criminales y actores de la vida pública, se trata de una relación visible, un secreto a voces que, empero, no se toma en cuenta al momento de trazar estrategias de seguridad.
Una y otra vez el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha dicho que hay narcopolíticos al servicio de organizaciones delictivas, redes de protección que abarcan a todas las instancias de poder en los tres niveles de gobierno. Lo mismo han dicho el comisionado de seguridad, el secretario de gobierno y varios presidentes municipales. No se trata de un descubrimiento producto de la investigación, sino de la convivencia pública entre criminales y actores de la vida política, presumida desde hace años en las redes sociales.
Esta circunstancia obliga a reflexionar lo siguiente ¿De quién es culpa y responsabilidad la grave situación que vivimos en materia de inseguridad y violencia? ¿De la policía que no hace su trabajo? ¿De las autoridades que se coluden con un determinado grupo criminal? ¿De la clase política que ha encontrado en la relación con la delincuencia una fuente importante de financiamiento y hasta de proyección electoral? ¿O de todos?
De unos años a la fecha este tipo de relaciones se ha normalizado, se ha convertido en parte de la naturaleza de la función pública y algo que para algunos representa estatus; la situación no es exclusiva de Morelos, basta leer cualquier medio de comunicación de otras entidades para enterarse que lo que estamos viendo en la tierra de Zapata ocurre en otros lugares sin que nadie haga o diga nada al respecto.
Y no importa lo que suceda con los presuntos líderes de la delincuencia, es decir, su eventual captura no cambia la situación, porque cuando alguno de estos personajes deja estar en el escenario de inmediato aparece otro que lo sustituye y retoma las relaciones construidas con anterioridad. Lo único que no se mueve es la red de protección política, ahí todo se mantiene, se cambia de camiseta, pero se continúan los mismos actos.
El panorama llega a ser Kafkiano, porque a sabiendas de que las relaciones existen, son públicas y conocidas porque a los actores les gusta presumirlas en las redes sociales, cuando ocurre algo, como la captura de La Jefa el fin de semana pasado, todos niegan esa amistad y se muestren sorprendidos o indignados.
Es el juego de la hipocresía, de la simulación, pero sobre todo de la complicidad. Lo sencillo es acusar a los policías de no hacer su trabajo y a los gobiernos de no cumplir sus promesas de campaña; cierto, en ellos recae la responsabilidad inmediata de atender el tema y darles solución a los problemas, pero no son los únicos que deben intervenir en su solución. La clase política juega hoy un rol determinante en esta historia, porque son ellos quienes se han convertido en parte del engranaje que protege, esconde y en algunos casos hasta proyecta a los delincuentes a cargos de elección popular.
Capturar a un líder criminal es una acción loable de las autoridades, pero insuficiente para frenar la incidencia delictiva y la violencia, porque los detenidos representan solo una parte del problema y su lugar es inmediatamente ocupado por alguien más. Es el juego perverso de Viva el Rey, porque aquellos que durante mucho tiempo los aplaudieron, los caravanearon y se pusieron a su servicio a cambio de algún favor, en el momento en que caen en desgracia les dan la espalda y comienzan a aplaudir al siguiente capo.
Imaginemos la frustración de un policía que arriesga su vida para detener a un delincuente y a la vuelta de unas horas o días de haberlo capturado vuelve a estar en las calles porque existe alguien que lo cuida y le ayuda a continuar con sus actividades; pensemos en la sensación de impotencia, el miedo a una represalia o la frustración ante un escenario que nunca cambia. ¿Para qué los detenemos si de todos modos los van a soltar? Dijo hace tiempo un uniformado al ser entrevistado.
El problema de inseguridad que se vive en el estado es sumamente grave y no se va a resolver en el corto plazo porque no hay condiciones ni deseos de que las cosas cambien; cierto, puede ser que sean los menos los que se han pasado al bando contrario, pero es evidente que muchos de quienes siguen actuando con decencia y ocupan un puesto público o un cargo de elección popular prefieren darle la espalda al problema y voltear hacia otro lado para no meterse en problemas.
La denuncia es parte fundamental de cualquier estrategia de seguridad y es un paso indispensable en el combate a los grupos delictivos, pero es imposible que los ciudadanos denuncien si antes no se combaten las redes de protección de los grupos delictivos.
Esa es la narcopolítica a la que se han referido varias veces el presidente de México y el gobernador de Morelos. Ahí está, a la vista, pero nadie la ve.
posdata
Primero fueron exfuncionarios de la secretaría de obras; los acusaron de otorgar un contrato de manera irregular. Luego vinieron exfuncionarios de Hacienda, señalados por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Ahora se trata de exfuncionarios de la exsecretaria de turismo y cultura del gobierno de Graco Ramírez, a quienes le imputan la responsabilidad de pagar un millón de pesos para la elaboración de un libro que nunca se hizo.
Todos los personajes anteriores han sido imputados por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, algunos de ellos ya fueron vinculados a proceso y todos deberán defenderse conforme a derecho de las acusaciones de que son objeto. La historia es la siguiente:
El 3 marzo de 2014 se celebró un convenio entre la Secretaría de Cultura de Morelos y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para la realización de diversos proyectos culturales del Fondo Editorial, incluido un libro.
Derivado de dicho convenio el 28 de julio de 2014 Conaculta transfirió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos recursos por 32 millones 62 mil 151 pesos y dentro del convenio se estableció la ejecución de un proyecto consistente en la elaboración de un libro en homenaje a Joy Laville, pintora inglesa naturalizada mexicana que vivió en Cuernavaca. Inicialmente se consideró la elaboración de 2 mil ejemplares, sin embargo, después de diversas modificación al convenio se acordó la producción de mil libros.
La producción e impresión del libro debió ejecutarse el 31 de diciembre de 2014, sin embargo la exsecretaria Cristina Faesler promovió el cambio de fecha a través de diversos oficios y Conaculta accedió a modificar al 30 de junio de 2015 la terminación del libro, advirtiéndole que si en esa fecha no estaba concluido tendría que reintegrar el dinero a la Tesorería de la Federación.
Dentro de los convenios de modificación promovidos por la ex secretaria de Cultura de Morelos quedó establecida una reducción presupuestal en los costos del libro, pasando de 761 mil pesos a 689 mil pesos por su diseño y edición y de 839 mil a 590 mil 199 pesos por la impresión.
La exsecretaria promovió nuevas prórrogas para terminar con la producción del libro, mismas que fueron rechazadas por Conaculta; el 15 de septiembre de 2015 el Consejo solicitó la reintegración del dinero ya que el libro no fue realizado.
Durante la audiencia de imputación la agente del Ministerio Público destacó que los cuatro ex funcionarios no evitaron que se realizara el pago de 590 mil 199 pesos el 28 de enero de 2016 a Vettoretti Impresores, fuera de los plazos establecidos por Conaculta.
Además, José “N” habiendo renunciado a su puesto el 31 de octubre de 2018 siguió ejerciendo de manera indebida funciones inherentes al cargo que ya no ocupaba, como lo demuestran diversos correos electrónicos, en los que hace llegar archivos relacionados con la producción del libro.
Entre los datos de prueba consta un pago por 318 mil pesos gestionados por Manuel "N" y con el visto bueno de Héctor "N" a favor de Fabricio Hernández López por 318 mil pesos en seis transferencias como pago por la elaboración de los textos generales del libro. Un dictamen pericial aportado por la Fiscalía Anticorrupción especifica un daño patrimonial por 908 mil 999 pesos por concepto de los pagos realizados y los cuales no se encuentran justificados.
Se siguen sumando denuncias en contra de funcionarios del régimen pasado. Aquellos que después de tres años ya festinaban su impunidad han vuelto a preocuparse.
Empezando por el exgobernador Graco Ramírez.
nota
Luego de mucho tiempo se volvieron a reunir Cuauhtémoc Blanco y Rabín Salazar; el encuentro fue cordial y se vio reflejado en la imagen que cada uno por separado compartió a través de su cuenta de Twitter.
Más allá de lo que detalla la foto, lo significativo es que nuevamente estos personajes se dan la mano, lo hacen de manera cordial y en una reunión programada, no producto de la circunstancia.
Entendamos que este encuentro fue posible en buena medida porque ya no están en medio los personajes que le metían ruido a esa relación, los que boicoteaban cualquier posibilidad de diálogo y localmente llenaban de odio al jefe del ejecutivo.
Blanco y Rabín son cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos tienen proyección política en el 2024 y sus espacios e intereses no chocan, por el contrario, pueden perfectamente complementarse, lo cual eleva las posibilidades de triunfo de Morena en el estado.
Independientemente de intereses, preferencias o simpatías políticas, la reunión entre el gobernador y el subsecretario es buena para el estado y para sus habitantes; en medio de tantos conflictos que padecemos, este deja de ser uno.
post it
Lo de hoy entre la clase política local: amnesia y urgencia por borrar fotos de redes sociales.
redes sociales
Recibo a través del WhatsApp el video de un acto político en donde el exalcalde y excandidato Enrique Alonso presume en un evento a José Luis Urióstegui como un candidatazo suyo. “Angel García, senador de la república, la licenciada Rosario Herrera y su servidor nos dividimos el estado para trabajar adecuadamente”.
“Llevamos candidato a presidente municipal en Cuernavaca… José Luis Urióstegui no va por Redes Sociales Progresistas, va por el PAN y por el PSD; a mi no me importan los partidos, yo apoyo a las personas, no apoyo a los partidos”
¡Ups!
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