El Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció penalmente a 13 servidores públicos por delincuencia organizada entre enero y septiembre pasados, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se trata del primer año en lo que va del actual gobierno que el órgano recaudador de impuestos acusa a funcionarios por delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Fuentes del SAT confirmaron a EL UNIVERSAL que estas denuncias ante el Ministerio Público (MP) fueron “principalmente por robo de combustible”.
Los 13 funcionarios laboraban en la Administración General de Aduanas (AGA), la cual se convirtió en la Agencia Nacional de Aduanas de México en julio pasado, donde, además, se desempeñaban otros 20 servidores que fueron denunciados penalmente por delitos equiparables al contrabando, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad y cohecho, entre otros.
El SAT también denunció ante el MP a un funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito, quien se desempeñaba en la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS) de la zona metropolitana. Significa también la primera vez en este gobierno que el SAT señala a un empleado por enriquecimiento ilícito con base en el artículo 224 del Código Penal Federal.
En total, el Servicio de Administración Tributaria acusó a 99 servidores públicos ante el MP entre enero y septiembre de este año, 11 más que en el mismo lapso de 2020, y representa la mayor cantidad de acusaciones para un periodo similar desde 2015, cuando se registraron 101 denuncias.
La mayoría de denuncias penales de este año, un total de 51, ha sido contra funcionarios de la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), donde hace poco se descubrió la participación de empleados en la venta de citas para trámites en las oficinas del SAT.
Entre los resultados de las acciones de combate al contrabando en el año destaca el embargo de más de 36 millones de litros de hidrocarburos, entre diesel, gasolina y condensado de gas, así como el aseguramiento de 128 mil 753 armas, de las cuales 273 corresponden a armas cortas, 122 a armas largas y 128 mil 358 corresponden a cartuchos.
También se aseguraron mil 320 kilogramos y 38 mil 337 pastillas de sicotrópicos. Asimismo, se realizaron 493 aseguramientos de cigarrillos, lo que representó más de 290 mil piezas.
Faltas administrativas
Entre enero y septiembre, el órgano recaudador de impuestos también reportó a 441 trabajadores de diversas áreas ante el Órgano Interno de Control (OIC) por distintas responsabilidades administrativas, como faltas a la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública.
Esta cifra significa una disminución de 122 acusaciones con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se interpusieron 563 denuncias y significó un máximo desde 2017, señalan los registros de la SHCP.
Las faltas administrativas se castigan con amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo, cargo o comisión.
Los empleados también pueden ser inhabilitados temporalmente para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
De acuerdo con el resultado del programa de mejora continua del SAT en el combate contra la corrupción, el promedio de calificación fue de 9.2 puntos entre enero y septiembre, de una meta establecida de 9.3 unidades.