Previamente, Gerardo Lozano manifestó su desacuerdo al nuevo Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación
Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, presentó su renuncia de manera irrevocable, por “el desacuerdo respecto al nuevo reglamento interior” de la dependencia.
La renuncia será válida a partir del próximo 16 de noviembre, y el escrito señala que su decisión es en congruencia con el desacuerdo que he manifestado respecto al nuevo reglamento.
En su carta de renuncia presentada al titular de la ASF, David Colmenares, Lozano acusó que se promueve la concentración de poder y se fomenta la opacidad en la dependencia.
Además, el nuevo reglamento debilita el proceso jurisdiccional, viola el Código de Procedimientos Penales y ha generado un retraso en la presentación de denuncias.
De acuerdo con el auditor, el nuevo reglamento elimina el consejo de Dirección y la Auditoría Interna, por lo que estas áreas ya no contaban con la facultad de elaborar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos.
En consecuencia se les negaba la opción de elaborar “dictámenes y presentar denuncias lo que viola la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Código Nacional Penal de Procedimientos Penales que les marca el deber de denunciar”.
Desde la semana pasada, Lozano denunció que las reformas publicadas el 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “abren espacio a la opacidad y arbitrariedad en la institución”, porque ahora sólo Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación tiene la facultad exclusiva de presentar denuncias penales y determinar por solventadas las observaciones, lo que limita la actuación de su área, que lideró desde hace tres años.
“Agradecido de haber tenido la oportunidad de servir desde este puesto a mi país; las 138 denuncias presentadas que se originaron en esta auditoria especial, los 3 dictámenes técnicos para denuncia de hechos que obran en poder de la Unidad de Asuntos Jurídicos pendientes de presentar ante la Fiscalía Anticorrupción y los 66 Dictámenes Técnicos enviados a la Auditoria Especial de Seguimiento, todos por un monto superior a 21 mil millones de pesos, son parte del resultado de ese compromiso adquirido con todos los mexicanos”, detalló.