Presupuesto, la recta final
En menos de un mes vence el plazo que establece la ley para que los diputados del congreso local aprueben la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 en Morelos; hasta ahora todo avanza de forma armónica, no se advierten diferencias mayores y por el contrario, se escuchan voces parlamentarias que prometen un buen acuerdo para todos, privilegiando áreas sensibles para el desarrollo y la estabilidad del estado. Pero las cosas podrían cambiar.
El espíritu del siguiente presupuesto estatal, lo dicen todos, tiene que estar enfocado en la atención de los temas que inciden de manera directa en el bienestar de la gente, en el desarrollo económico y en la mejora estructural de la entidad; veamos los rubros que han destacado tanto los diputados como el poder ejecutivo: salud, educación y seguridad; también se ha puesto un énfasis especial en el apoyo a los municipios, a la universidad y algunos organismos descentralizados.
La necesidad de apoyar a todos los sectores de la sociedad es evidente, pero eso no puede darse con facilidad porque el dinero no es suficiente; para el ejercicio fiscal 2022 Morelos contempla un incremento presupuestal de alrededor del 21% respecto al del año anterior, lo que se traduce en mas menos 2 mil 500 millones de pesos. Parece mucho, pero tomando en cuenta las necesidades que hay en todos los sectores los recursos resultan notoriamente escasos.
La clave en esta negociación presupuestal ha estado en la habilidad de la secretaria de hacienda Mónica Boggio; la dama ha tenido la capacidad de elaborar un documento financiero perfectamente claro que abarca todos los sectores y distribuye de manera sobria los recursos, pero también ha sabido cabildear los temas con los legisladores, se ha dado tiempo para dialogar con todos y ha tenido un espacio permanente en su agenda para resolver cualquier duda o petición de los representantes populares en ese o cualquier otro tema.
Esta actitud es notoriamente contrastante a la que en el pasado reciente tuvo Alejandro Villarreal Gasca, quien el año anterior no tuvo ganas de dialogar con los diputados (ni con los secretarios, ni con el gobernador), ni se tomó la molestia de acudir personalmente al congreso a entregar el documento presupuestal; contrario a ello el secretario se enfrentó con muchos, dejó de tomarle la llamada a todos, elaboró un paquete económico sin consultarlo ni negociarlo con nadie y como remate, cuando debía cabildear el tema decidió irse de vacaciones un mes a Tierra Santa.
La diferencia entre ambos personajes en notoria en las formas y en el fondo: profesionalmente hablando Mónica Bogggio ha superado a su antecesor, ha mostrado en los hechos que está a la altura del encargo y en cuanto a trato se refiere tiene más habilidad, carisma, talento, trato e inteligencia emocional que Alejandro Villarreal. Ojo: a pesar de estar fuera de la administración estatal desde hace más de un año el exsecretario Villarreal, apoyado por la bancada del PAN, intenta hacerle sombra a la secretaria Boggio bajo el argumento de que, presume Alejandro, “es él quien tiene la encomienda de ser enlace entre el poder legislativo y el gobernador”. Pero regresemos al presupuesto.
La comparecencia de los legisladores forma parte del camino que diputados y ejecutivo deben transitar para llegar a un buen acuerdo presupuestal; cada uno de los secretarios deberá explicar la manera como funciona su dependencia, la forma en que han ejercido el gasto y lo que quieren hacer con él en el futuro inmediato. Las comparecencias ahora serán diferentes porque frente a cada uno de los representantes del gabinete habrá un grupo de legisladores más preparados, experimentados y conocedores de los temas, no como en la legislatura 54 en donde los representes populares eran neófitos en todos los temas.
Las próximas semanas serán claves en la definición del paquete económico 2022 y a pesar de que hasta ahora todos han expresado su deseo de aprobar el presupuesto en tiempo y forma, sin mayores sobresaltos, hay un tema que ronda la mente de varios legisladores y puede convertirse en los siguientes días un punto de fricción entre poderes: las transferencias.
En todos los presupuestos del nuevo siglo se ha incluido una clausula en el paquete económico que permite al titular del poder ejecutivo llevar a cabo transferencias sin informar a los poderes, es decir, no importa lo que se apruebe en el congreso, si el gobernador en algún momento requiere transferir recursos de una dependencia a otra es posible que lo haga apoyado en ese artículo de la ley. Esa parte del paquete económico fue concebida y conocida como Clausula de Gobernabilidad.
Lo que algunos diputados pretenden ahora es eliminar esa facultad, es decir, retirar al jefe del ejecutivo la posibilidad de que traslade recursos de un lugar a otro sin pedir autorización al congreso. Este argumento se puede vender bien y defender de muchas formas, se puede alegar que se trata de un candado para evitar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo del dinero, pero en el terreno de los hechos se convertiría en un verdadero dolor de cabeza para todos.
Imagina lectora lector queridos que el futuro el estado enfrenta alguna circunstancia como la pandemia y el ejecutivo necesita enfocar más dinero en la atención de la crisis sanitaria, como viene ocurriendo desde hace más de un año; sin cláusula de transferencia el gobernador tendría que ir ante el congreso, pedir su aprobación y confiar en que se junten los votos necesarios para su autorización. ¿Y si se tratara de una emergencia y los diputados no sesionaran a tiempo o no lograran acuerdos entre ellos? Como pasó en el pasado reciente. Pongamos atención en este punto: si cada vez que el ejecutivo requiera realizar una transferencia de recursos tiene que negociar con los legisladores ¿Qué garantiza que esa negociación no se convierta en un espacio de corrupción?
Se entiende la lógica parlamentaria de poner un freno a la discrecionalidad en todos los aspectos de la actividad pública, pero hay que tener clara la realidad de nuestra clase política y los antecedentes que en los últimos años nos deja el actuar de los diputados. Los actuales legisladores dicen que son diferentes, que no harán lo mismo que sus antecesores, pero eso mismo dijeron los miembros de la 54 legislatura y los de la 53 y los de la 52… y ya sabemos cómo terminaron esas historias.
La apuesta de algunos legisladores es por el cambio, por la transformación total de lo que ha sido el actuar legislativo de los últimos años, empezando por la transparencia, la rendición de cuentas y el apoyo a los sectores más desprotegidos. Pero en el congreso también hay algunas figuras que ya comienzan a mostrar los mismos rasgos de sus antecesores, que tratarán de aprovechar los tres años para mejorar su economía y buscan cualquier oportunidad para hacer dinero.
Es aquí donde el tema se vuelve interesante: hasta ahora todo parece miel sobre hojuelas, las partes en diálogo hablan de acuerdos, de buena voluntad y deseos de avanzar en todos los temas; en los pasillos parlamentarios, empero, crece la idea de vender cara la cláusula de transferencias, sobre todo luego de que la iniciativa del Fondo Municipalista (el de los moches) parece haber fracasado.
La clave para que el paquete económico se apruebe en tiempo y forma, pero sobre todo en condiciones operativamente adecuadas, depende de la habilidad que en las siguientes semanas tenga la secretaria de Hacienda para superar las voces que al interior de la cámara pretenden ponerle piedras en el camino al tema o que quieren utilizar la cláusula de transferencias para lograr una negociación de último momento.
Aunque el paquete económico es un documento técnico financiero, para su aprobación es indispensable un diálogo político que permita que las partes que lo discuten se entiendan y lleguen a objetivos comunes.
Para eso y mucho más, el gobernador necesita que su equipo haga política.
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El diputado Agustín Alonso le está poniendo su sello a la legislatura: reitera que apuesta por la transparencia, la rendición de cuentas y el apoyo a los municipios. Hace unos días habló sobre la iniciativa para que los ayuntamientos se endeuden, la calificó como “letra muerta” y se extrañó de la iniciativa presentada por la morenista Ariadna Barrera, porque para que los municipios accedan a recursos de Banobras “No se requiere el aval del poder legislativo, sino del cabildo”. Eso sí, aclaró, los recursos que se obtengan por este tipo de empréstitos son pagaderos durante el periodo de gestión que se soliciten.
Alonso Gutiérrez fue, junto con Paola Cruz, el primero en oponerse a la iniciativa del priísta Eliasib Polanco para crear un fondo con 540 millones de pesos para llevar a cabo obra en los municipios; luego de que ambos legisladores alzaron la voz se fueron sumando otros diputados en el mismo sentido.
En dos meses y medio la nueva legislatura va cobrando personalidad; resaltan las figuras de Agustín Alonso, Paola Cruz, Francisco Erick Sánchez, Mirna Zavala, Eliasib Polanco, Alberto Sánchez, Luz Dary Quevedo y Tania Valentina. El resto, a pesar de que de cuando en cuando hacen algunas declaraciones, siguen sin ser sobresalientes en la vida parlamentaria.
Veremos si en las próximas semana o meses surgen nuevas figuras dentro del parlamento o todo se queda esta ahora.
Recordemos que en todas las legislaturas siempre son unos pocos los que sobresalen de los demás y los que no aparecen en el escenario político casi siempre se pierden al término de su mandato y terminan en el ostracismo.
En política como en la vida lo importante no es llegar, sino mantenerse.
nota
Reconoce públicamente el alcalde Antonio Villalobos que su administración no cuenta con los 35 millones de pesos necesarios para cubrir la primera parte del aguinaldo de los trabajadores. No hay dinero y no sabe de dónde saldrá: “Estamos viendo cuando recaudamos para hacer frente a las necesidades”.
El cierre de administración de Villalobos es caótico: no tiene dinero para pagarle a los trabajadores, deja pasivos millonarios en materia de agua, recolección de basura, servicios públicos, proveedores y laudos, sin contar que a lo largo de su mandato la obra pública fue poca, cara y de muy mala calidad.
La cara del presidente municipal capitalino lo dice todo: ya se quiere ir y no le preocupa la situación en la que se encuentra la ciudad porque se siente protegido por el gobierno entrante. Todo lo hecho y dejado de hacer en la actual administración correrá a cargo del gobierno de José Luis Urióstegui, porque a lo largo de estos meses el abogado ha hablado mucho, pero en ningún momento ha dicho que se combatirá la corrupción del régimen saliente.
El pecado conlleva la penitencia: la gente espera mucho de Urióstegui y comenzará a exigirle resultados desde el primer momento, sobre todo porque al estilo de Graco Ramírez, el alcalde electo se ha puesto a si mismo un plazo de dos meses para reducir los índices de inseguridad y violencia en la ciudad. ¡¿Atekai!?
Cuidado: no es lo mismo ser alcalde electo que ser alcalde en funciones.
post it
El día de ayer la Sedena anunción la detención de Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, mejor conocido como El Mencho. A la dama se le acusa de narcotráfico, lavado de dinero y asociación ilícita. Nemesio Oseguera, El Mencho, encabeza una de las principales organizaciones delictivas del país y está considerado como uno de los objetivos principales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
La referencia viene a colación porque tras su captura, Rosalinda “N” fue puesta a disposición de las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 CPS Femenil Morelos, en Coatlán del Río, Morelos.
¡Ups!
redes sociales
Lo reportan las organizaciones y cámaras empresariales: el Buen Fin si fue bueno. Poco a poco la economía se va recuperando.
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