La verdadera jefa está en Morelos
Flaco favor le ha hecho al estado de Morelos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al informar a través de un comunicado oficial que Rosalinda González Valencia, esposa del narcotraficante más buscado del país, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, se encuentra desde el pasado lunes en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en el municipio de Coatlán del Río.
Y es que, a pesar de que se ubica en nuestra entidad, la famosa cárcel femenil no representa ningún beneficio para Morelos y sí muchos problemas, como fue el ataque del que fue víctima un grupo de trabajadores (en su mayoría mujeres) el fatídico 10 de mayo de 2019. La agresión armada ocurrió a las 7:15 horas de ese día cuando los empleados de seguridad y administración esperaban en la parada conocida como Monumento a la Madre para subir al autobús utilizado de manera cotidiana para trasladarse al penal federal de mujeres, localizado en el poblado de Michapa, municipio de Coatlán del Río.
Un grupo de hombres armados ya esperaba en el punto del ataque y cuando arribó el autobús disparó contra el personal; después un sicario subió al camión y agredió a otros que ya iban a bordo. Los pistoleros se trasladaban en un automóvil Nissan Sentra y utilizaron pistolas calibre 9 milímetros. Tras el acto violento huyeron. Más tarde, en un punto cercano de Puente de Ixtla se localizó el automóvil incendiado.A dos años de distancia, la autoridad federal no ha dado a conocer el resultado de las investigaciones, pero entre el personal de la cárcel de mujeres hay una teoría: fue una demostración de poder de “El Mencho”, indignado porque la directora del penal no accedió a darle privilegios a su esposa.
En aquella ocasión las seis personas fallecidas de las 22 que fueron atacadas, pertenecían a esa institución penitenciaria, por lo que se puede decir que no hubo “víctimas colaterales”. Sin embargo, nadie en Coatlán del Río y municipios circunvecinos está tranquilo teniendo como “huéspedes” a las mujeres más peligrosas de este país.
El Cefereso 16 de Coatlán del Río es una de las cárceles construidas en el país mediante la nueva modalidad “públicoprivada” que consiste en que la iniciativa privada aporta todo el dinero para el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y requerimientos físicos, materiales y tecnológicos del Cefereso a efecto de que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pueda llevar a cabo su función penitenciaria.
El contrato se firmó en 2010 (con Felipe Calderón), se inició la construcción en 2015 (con Peña Nieto) y termina en el 2032. No hubo licitación, fue por asignación directa y el inversionista es Carlos Slim. Apenas en enero pasado, la recién llegada secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez, se escandalizó al descubrir cuánto le paga el gobierno federal a la empresa concesionaria: mil 867 millones 318 mil 618 pesos con 95 centavos, tan sólo en el 2020.
Quienes conocen este centro penitenciario cuentan que es una verdadera fortaleza que no se compara en nada con el sistema de reinserción social del estado de Morelos. Es lo más parecido al sistema norteamericano en cuanto a medidas de seguridad se refiere. Nunca hay contacto entre interna y visitantes, por lo que no entra droga ni dinero, por lo tanto no hay corrupción (en teoría). Y si hablamos de medidas sanitarias, baste mencionarle que los actuarios del Tribunal Superior de Justicia tuvieron que ponerse trajes especiales (conocidos como “Tyvek” entre médicos y peritos) para poder entrar a notificar a las internas sobre alguna diligencia.
Pero ¿quién es la nueva huésped del penal de Michapa? Rosalinda González Valencia es esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcos más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por quien la institución ofrece 10 millones de dólares.
González Valencia fue detenida solo unos días después de que su hermano, José González Valencia, fuera extraditado a Estados Unidos desde Brasil. El presunto miembro de Los Cuinis, organización identificada por las autoridades mexicanas como el brazo financiero del cartel Jalisco, está acusado de tráfico de drogas y declaró ante la justicia estadounidense el viernes pasado.
Otro de los hermanos, Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta y permanece en una prisión federal desde entonces y se ha convertido en testigo colaborador de la Fiscalía en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. La familia se ha dedicado al lavado de dinero de uno de los cárteles más poderosos del país, según la información de la DEA.
Rosalinda González fue detenida en mayo de 2018 también en Zapopan. En septiembre fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos. Y en junio de este año un juez federal la vinculó a proceso de nuevo por estar relacionada con una red de 73 empresas que blanquearon 1.100 millones de pesos para el cartel entre 2015 y 2016. De poco sirvió la audiencia, pues el magistrado concluyó que no había elementos de prueba suficientes y quedó de nuevo en libertad.
En esta cárcel (que tiene una ocupación de apenas el 32 por ciento de su capacidad total), se encuentran otras mujeres acusadas de diversos delitos graves. Por ejemplo Esperanza “N”, la mujer de 33 años que ase sinó a sangre fría a dos hombres de origen israelí en la Plaza comercial Artz Pedregal, en julio del 2019.
Asimismo, las 155 reclusas que estaban en el centro penitenciario de las Islas Marías, cerrado en 2019 por orden presidencial, y diez féminas que purgaban condenas en los penales del estado de Nuevo León, reubicadas a principios del año pasado.
Esperemos pues que la gente que vive en los alrededores de esta cárcel femenil, y los que utilizan el trayecto hacia la misma, no se vean afectados por la ira de “El Mencho” contra las autoridades federales que ya demostraron que aquello de “abrazos, no balazos”, fue solamente un slogan para que los grandes capos se confiaran y poder ponerlos tras las rejas, a ellos o a sus familiares.
Y hablando de “jefas”: ¿por qué la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer nada sobre la detención de Yadira Huitrón o Rosario Herrera? ¿Qué están negociando?