La Unión Tepito y la trama inmobiliaria
La semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el aseguramiento de tres inmuebles operados por la Unión Tepito como centros de almacenamiento y puntos de venta de estupefacientes.
En uno de ellos, ubicado en la calle de Pintores, dentro de la colonia Morelos, se aseguraron 250 kilos de marihuana, empaquetados para su venta, así como decenas de envoltorios que contenían cocaína y cristal (la mercancía era promocionada con una lona en la que se ofrecía “Perico de lujo” de hasta 450 pesos el gramo).
Como parte de la misma investigación contra células de este grupo criminal, fue cateado un inmueble ubicado en la calle de Ocotlán, en la colonia Roma. Era un punto de narcomenudeo en el que se encontraron fuertes dosis de cocaína y envoltorios de marihuana.
En ese edificio de seis departamentos fueron detenidos siete venezolanos (cuatro hombres y tres mujeres), así como un ciudadano de origen coreano.
Apenas el 12 de septiembre pasado, un domingo, los habitantes de aquel inmueble fueron desalojados por cerca de 300 golpeadores encapuchados que a las cinco de la mañana rompieron con hachas las puertas de madera de los departamentos, y comenzaron a lanzar la mayor parte de los muebles desde los balcones.
Para los inquilinos de Ocotlán 47 se trató de una madrugada de horror. No hubo notificación, no estuvo presente ningún actuario, y uno de los elementos de la fuerza pública que acompañó el violento desalojo respondió a uno de los vecinos que pedía una explicación:
“A mí me mandaron aquí. No estoy porque yo quiera…”.
Los golpeadores tomaron posesión de la entrada del edificio y, después de romper las cerraduras, procedieron a cambiar las chapas.
Extrañamente, no tocaron los cerrojos de los dos departamentos en los que la semana pasada se halló la droga y fueron aprehendidos los venezolanos.
El resto de los vecinos amaneció con los muebles en la calle y con todos sus objetos de valor en manos de los intrusos.
La dueña original del edificio murió en 1997. Le donó la propiedad al Hospital Infantil de México. El hospital se hizo cargo de las rentas y años más tarde llegó a un acuerdo para que los inquilinos, algunos de los cuales llevaban lustros viviendo ahí, pudieran adquirirlos.
Por una u otra razón la transacción nunca se concretó. Según los inquilinos, el hospital dejó las cosas así. Empezó a correr el tiempo.
Hace un par de años uno de los departamentos fue subarrendado a uno de los venezolanos que la policía aprehendió el 13 de noviembre pasado. Los vecinos advirtieron que en aquel departamento ocurrían cosas extrañas y acudían gentes aún más extrañas.
La vida cotidiana se les volvió un martirio. Comenzaron a vivir entre escándalos y fricciones. Terminaron por convencerse de que vivían al lado de narcomenudistas y sexoservidoras venezolanas. Las denuncias que entablaron terminaron en nada. “A mí la policía me la pela”, les dijo el nuevo inquilino.
El 12 de septiembre, todos fueron arrojados a la calle.
Al investigar en el poder judicial, les informaron que alrededor del edificio se había entablado una controversia de arrendamiento. Solo que no podían tener acceso a esta porque no figuraban entre las partes interesadas.
Los inquilinos tuvieron que ampararse para poder conocer los papeles del juicio. La controversia no había sido entablada por el Hospital Infantil ni por sus apoderados, sino por un desconocido con domicilio en Neza: un tal Juan José Rivera Ortiz, quien el 25 de mayo de 2021 había presentado una demanda en contra de otros dos desconocidos, Odilón Cortés Castro y Natividad Zavala García, a fin de rescindir un contrato de arrendamiento supuestamente celebrado con ellos en octubre de 2017.
Según el documento que quedó registrado en el juzgado cuadragésimo de lo civil con el número 295/2021, Rivera no solo le había arrendado a estos personajes el inmueble de la calle de Ocotlán, sino muchos otros ubicados en Belisario Domínguez números 12 y 14 (Centro Histórico), Serapio Rendón 6, 6A y 6B (San Rafael), Miguel Alemán 30 (Centro Histórico), San Pablo 64 y calle del Agua 222 (Pedregal de San Ángel).
Como consecuencia de esta rescisión, Rivera Ortiz exigía la desocupación y entrega de dichos inmuebles, o en caso contrario, el rompimiento de las cerraduras con presencia de la fuerza pública, así como el pago de rentas atrasadas, por un total de 125 mil pesos mensuales, a partir de enero de 2020.
Como supuestamente Cortés Castro se había negado a pagar, el arrendador se veía en la “imperiosa necesidad” de comunicar todo esto “a su señoría”.
La sentencia firmada por el juez Silvestre Constantino Mendoza González, que ordenaba el desalojo de los inmuebles, se dio en un santiamén. Menos de 30 días.
Todos esos inmuebles se hallaban en diversas condiciones de irregularidad, por la muerte de sus dueños o por problemas de regularización.
La sentencia se dio en un santiamén. Los desalojos comenzaron a darse en cascada. Y, al menos en Ocotlán 47, también en un santiamén, los inquilinos de la Unión Tepito fueron sorprendidos cargados de drogas.
El que quiera ver, que vea.