Zaldívar atizó la hoguera del INE
Aunque no mencionó a la institución que la 4T trata como a La Bartola, el ministro Arturo Zaldívar lanzó una doble y lesiva indirecta al Instituto Nacional Electoral para que no pretexte insuficiencia de recursos para la mañosa consulta de revocación de mandato, y a sus compañeros en el Poder Judicial de la Federación a quienes caiga la papa caliente de resolver la anunciada controversia constitucional sobre el escamoteo del presupuesto necesario para realizarla.
“Cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar...”, expresó.
Si no se lo propuso, su declaración es gasolina en la hoguera donde se pretende quemar a los consejeros electorales.
El sospechosismo crece porque Zaldívar dijo eso en un acto que nada tenía que ver con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la ceremonia de premiación del Certamen de Innovación en Transparencia 2021 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Cabeza de uno de los Tres Poderes de la Unión, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal no mencionó al INE por su nombre, pero bien sabe que se trata de una de las instituciones autónomas del Estado mexicano que más ha sido agredida y asediada por el gobierno de manera sistemática, intentando crear la ilusión de que, si se rebajan los salarios que ganan los consejeros y que están por arriba del presidencial, alcanzaría para ahorrar los 3 mil 830 millones de pesos que el órgano electoral calculó para que el ejercicio democrático tenga todas las garantías de transparencia y legitimidad.
La desproporción de las respectivas responsabilidades entre Zaldívar y Lorenzo Córdova, por más consejero presidente que éste sea, es evidente: el primero encarna todo el andamiaje de justicia del país pero, sin capitanear ningún Poder de la República, el segundo lidera el andamiaje ciudadano que permite la existencia de las autoridades constitucionales, incluidos el presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, los diputados federales y locales, los senadores… y el Poder Judicial de la Federación.
El dicho del respetado ministro entraña una contradictoria imprudencia, ya que en su caso, cuando se desató el escándalo por el inconstitucional artículo transitorio que lo perfilaba para estirar dos años su presidencia, fue el primero en advertir que el inaudito asunto, antes de emitir su propio juicio, debía pasar por los canales y procedimientos de ley.
Pese a que suele reiterar la independencia de los jueces, magistrados y ministros, dio lugar a que sus palabras se interpretaran como tirada de línea. Y debió contenerse porque deja sin respuesta la pregunta obvia: ¿por qué no aguardó a que el INE y el Poder Judicial hicieran lo que en derecho procede antes de dar lo que se antoja un golpe bajo a la ya muy vilipendiada autoridad electoral?
Carlos Marín