Gobierno federal blinda así cualquier proyecto de infraestructura a su cargo contra posibles recursos legales que quieran frenar avance; darán autorización provisional de un año
Así, se busca blindaje ante recursos legales que a lo largo del sexenio han obstaculizado algunos de los proyectos de infraestructura, principalmente en materia de comunicaciones.
El acuerdo establece que las obras del gobierno consideradas de interés público y seguridad nacional son aquellas que involucran a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
En el documento, publicado en la versión vespertina del DOF, se instruye a las dependencias y entidades de la administración federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna.
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Señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente: “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”.
El acuerdo, suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entra en vigor este martes, estipula que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Algunas de las obras de infraestructura del gobierno que han sido obstruidas o demoradas por amparos y suspensiones promovidas por diversos grupos sociales y políticos son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.
Constitucionalistas, analistas y expertos en políticas públicas advirtieron que el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno tendrá consecuencias muy negativas en materia de transparencia y Estado de derecho.
El ministro en retiro José Ramón Cossío sostuvo que “este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”.
A su vez, el politólogo José Antonio Crespo advirtió que esta decisión revela el talante autoritario de este gobierno, pues deja sin posibilidad de defensa a personas y grupos sociales que se sientan afectados por dichas obras.
“Es la forma autoritaria de hacer las cosas, porque en una democracia se acepta la posibilidad de los litigios.
“Se acepta la posibilidad de estar afectando indebidamente intereses de otras personas, a la democracia y la transparencia”.
Dijo que lo que esto refleja es que el Presidente de la República sabe que sus proyectos tienen muchas deficiencias, “seguramente corrupción, de tal manera que no quieren darla a conocer, hay muchas asignaciones directas, seguramente hay mucho dinero faltante, ante lo cual lo que le conviene es declarar las obras de seguridad nacional para que tampoco funcionen los amparos de gente que está siendo afectada, de grupos cuyos intereses pudieran estar siendo violados”, subrayó.
En tanto, el analista Alberto Aziz afirmó que esto representa un retroceso en materia de transparencia, “porque una parte fundamental de la aplicación de los recursos públicos tiene que estar bajo la mirada y el escrutinio de organismos tanto a nivel manera y vertical.
“Si se mete una solicitud de información a través del Inai, esto lo va a detener, no se va a saber cuánto se gastó o cuánto se invirtió, quién llevó a cabo la obra, o séa toda la oscuridad sobre la obra pública. Es un retroceso, en efecto”, concluyó.