Pacificar Cuernavaca
De acuerdo con la última encuesta sobre percepción de inseguridad realizada por el Inegi, Cuernavaca está considerada la ciudad más insegura de México; los pobladores la consideran más peligrosa que municipios como Ciudad Juárez, Acapulco, León, Ecatepec, Tlalnepantla o Morelia; el estudio en cuestión se refiere a los niveles de percepción de la gente, es decir, el sentir de sus habitantes respecto a los índices delictivos y de violencia, lo cual no necesariamente concuerda con la realidad estadística. En la capital morelense se viven momentos muy complejos, porque la inseguridad no es el único problema que agobia al municipio.
Las esperanzas de que el gobierno de José Luis Urióstegui sea mejor que los últimos que han pasado por el ayuntamiento están fundadas: el abogado es un hombre con un pasado intachable, proveniente de una familia honesta, exitoso en lo profesional y reconocido por su calidad humana. El alcalde Villalobos, en cambio, es un tipo inculto, torpe, soberbio, ignorante, ambicioso, corrupto y propenso a todo tipo de abusos.
La llegada de una figura distinta abre la expectativa de que por fin la ciudad encuentre el rumbo que perdió hace más de una década; hoy Cuernavaca está agobiada por conflictos de distinta índole: altos niveles delictivos y crisis económica, política y de valores que han distanciado a las autoridades de sus gobernados.
Sabedor del grave problema que representa la inseguridad, el abogado Urióstegui ha decidido apostar el éxito de su administración en la solución de este problema; confiado en su expertis y en los consejos del catedrático Javier Oliva, un especialista teórico en seguridad nacional que fue asesor personal del exgobernador Graco Ramírez, el alcalde electo ha decidido no refrendar el convenio de mando coordinado de policía y asumir completamente la responsabilidad sobre la grave situación delictiva que agobia la ciudad.
El reto es monumental desde cualquier ángulo: bajo el modelo de Mando Coordinado de Policía Cuernavaca tiene en promedio 80 elementos policiacos al día para atender una población cercana a los 500 mil habitantes; el abogado considera que esta cifra va a elevarse de manera sustantiva una vez que la capital salga del convenio; sin embargo, financieramente hablando es muy difícil que en los próximos meses la cifra de uniformados alcance siquiera el doble de los que hoy tiene la ciudad.
De manera paralela el alcalde electo ha dicho que instalará un centro de inteligencia municipal (C2) parecido al que de manera estatal tiene la CES; para ello ha acudido a conocer instalaciones que ya tienen algunos otros municipios panistas del país, confiado en que con decisión y buenos deseos logrará consolidar un centro de comando propio. A lo anterior se añade la necesaria compra de más patrullas y motocicletas, la construcción o remodelación de los módulos de seguridad y la adquisición de drones que coadyuven a las tareas de vigilancia y prevención del delito en las colonias.
Todo lo anterior, la contratación de más elementos policiacos, el desarrollo de un Centro de Monitoreo Control y Comando municipal, la adquisición de vehículos y la mejora salarial del personal adscrito a las áreas de seguridad implican una enorme inversión; vale recordar que desde hace un par de años la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció los fondos de seguridad que llegaban a los municipios. Independientemente de lo que en la práctica implica pacificar Cuernavaca, en materia económica el reto de José Luis Urióstegui en este rubro es enorme, muy superior a la capacidad de las finanzas municipales.
En días pasados el alcalde electo se puso a si mismo una fecha para comenzar a ver mejoras tangibles en materia de seguridad: dos meses; operativamente hablando el reto es mayúsculo y complejo de solucionar porque los grupos delictivos no respetan fronteras, se mueven de manera constante en todo el territorio estatal y según las propias autoridades, se han detectado grupos delictivos que llegan de otras entidades a delinquir y huyen inmediatamente después de cometer sus fechorías. Esta situación implica celebrar acuerdos de colaboración intermunicipales que están implícitos en el Mando Coordinado de Policía; fuera de él, como sucederá con Cuernavaca, los compromisos deberán ser dialogados, consensados y celebrados individualmente entre alcaldes.
Luego viene un tema intangible, pero igual de complejo: lo político. José Luis Urióstegui Salgado goza de la simpatía personal de muchas personas, pero visto desde un ángulo electoral representa una competencia muy importante para todos los actores de la vida pública de cara a las elecciones del 2024. Románticamente se puede decir que todos dejarán de lado sus ambiciones y trabajarán de la mano para solucionar un problema que nos afecta a todos, pero en los hechos habrá que esperar a ver si en verdad existe esa coordinación y el ánimo de ayudar a un personaje que será el candidato más rentable que tendrá la oposición en la siguiente contienda.
José Luis Urióstegui ha dicho que fuera del Mando Coordinado firmará convenios con los alcaldes de la zona metropolitana, que mantendrá una estrecha colaboración con las fuerzas federales y se coordinará con la policía estatal; da por hecho que todos harán lo que él quiere, que tanto los presidentes municipales vecinos, como el gobernador y el gobierno federal le ayudarán a resolver la problemática para que se luzca más que ellos. La pregunta es ¿En verdad lo ayudarán?
Social y teóricamente hablando la lógica del abogado es correcta: se trata de que todos sumen fuerzas y de que a pesar de que él decide darle la espalda al plan de seguridad estatal, todas las instituciones lo ayuden a cumplir sus compromisos. El problema vendrá si eso no sucede, si entre los alcaldes, el gobernador y el gobierno federal se forma una barrera tácita en la que cada uno se rasca con sus uñas y no existe colaboración más allá del discurso, porque ayudar al gobierno de Cuernavaca implica fortalecer a José Luis Urióstegui como candidato para el 2024, sin mencionar que sus logros en la materia representarían una estrepitosa derrota para aquellas autoridades que llevan años intentando controlar la inseguridad y no lo han logrado.
El problema de la ciudad es complejo desde todos los ángulos: en lo económico, en lo operativo y en lo político. Si resolver la inseguridad derivara de la buena voluntad de las autoridades, del conocimiento teórico del problema o de la inversión económica, Graco Ramírez sí habría cumplido su promesa de pacificar Morelos en 18 meses. Lamentablemente la realidad es distinta, el problema es multifactorial y la solución, además de ser de largo plazo, implica la participación y combinación de muchos sectores y circunstancias que no son nada sencillas de conjugar.
Es más fácil mejorar la percepción de inseguridad que bajar la incidencia delictiva
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Primer acto: Antonio Villalobos informa que no tiene los 35 millones de pesos que se necesitan para cumplir con el pago de la primera parte del aguinaldo de los trabajadores del municipio. No hay dinero, por eso no se pagará, dice sin el menor asomo de preocupación.
Segundo Acto: José Luis Urióstegui refiere que los recursos destinados al pago del aguinaldo de la base trabajadora están etiquetados en el presupuesto, así lo establece la ley y por tanto el presidente municipal en funciones como el cabildo deben cumplir con su obligación; no hay otra, deben pagar.
Tercer acto: El alcalde en funciones le recuerda a su sucesor que no conoce los números, ni el estado que guardan las finanzas del municipio; “El ayuntamiento no está quebrado, pero sí está impedido para hacer el pago correspondiente a los aguinaldos; nosotros tenemos las finanzas, no hay que hacer declaraciones mientras no se tienen los números para saber las cantidades”
Eso es conocer la ley y la administración pública de manera teórica y ejercer el poder sin el mínimo respeto al estado de derecho, sin disciplina financiera ni honestidad. Al final los perjudicados serán los empleados y sus familias, porque como se ven las cosas y como se escucha al alcalde saliente, no hay dinero ni ganas de pagar.
A ver hasta dónde aguanta el acuerdo de impunidad que Antonio Villalobos presume tener con José Luis Urióstegui.
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Con el antecedente de haber sido tres veces candidato a la gubernatura de Tabasco por el PRI y el PRD, el exsenador de la república y reciente militante del Movimiento de Regeneración Nacional llegó a Morelos en funciones de delegado especial de Morena; su meta, dicen, es poner orden en ese partido y preparar el terreno para el proceso electoral del 2024.
La tierra de Zapata es desconocida para el también exsecretario de gobierno durante la administración de Arturo Núñez: el experredista viajó mucho a Morelos en los últimos años porque su esposa María del Carmen Linares fungió como directora de Beneficencia Pública del sistema DIF Morelos con Elena Cepeda, de quien fue una colaboradora y amiga muy cercana.
La relación entre los experredistas es muy estrecha, durante el sexenio anterior los tabasqueños compartieron momentos juntos, se dejaban ver en público y no escondían su amistad; hoy Graco Ramírez se regodea con la llegada al estado de un delegado morenista que es su aliado y amigo político, con el que comparte historias y al que describe como una persona cercana.
“Es la diferencia entre hacer política y gobernar por ocurrencias”, presumen personas cercanas al exgobernador.
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Luego de que el alcalde electo le recordara públicamente a Antonio Villalobos que los recursos para los aguinaldos están etiquetados y debe cumplir con el pago correspondiente a la base trabajadora, el presidente municipal en funciones le recetó a Urióstegui una cátedra de derecho, finanzas y gobernabilidad:
“De no tener el presupuesto muchas de ellas (obligaciones legales) se quedan en el limbo; ¡No hay condiciones presupuestarias para cumplir a los trabajadores, ni con lo estipulado en el contrato, aunque lo marque la ley! ¿Cierra su administración con números rojos? No cerramos con números rojos; entendamos una cosa: financieramente la personalidad jurídica del ayuntamiento no se termina con la salida de Antonio Villalobos ni la terminación de la administración 19-21; la personalidad jurídica del ayuntamiento sigue funcionando y tiene personalidad jurídica en el municipio, los recursos se tienen en cuenta, pero no los podemos ocupar porque nos lo impide la ley y no la vamos a violentar, que quede claro. Sabemos que el cabildo ha analizado con lo que cuenta el ayuntamiento e inclusive hemos traído a particulares para analizar las condiciones que en que pudiéramos entrar, en una cuestión de responsabilidades como servidores públicos titulares… Nosotros sabemos cómo estamos de finanzas y no hay que hacer declaraciones mientras no se tienen los números para saber las cantidades; lo cierto es que se está recaudando y vamos a entregar una administración funcionando, vamos a ser responsables con dejar dinero en cuentas, el ayuntamiento no está quebrado.”
El duelo epistolar entre ambos personajes es peculiar porque a los dos alcaldes les gusta hablar mucho sin decir nada; en medio de esta retórica están los trabajadores, que muy probablemente no cobrarán en tiempo y forma el aguinaldo al que tienen derecho, porque a Villalobos no le interesa hacerlo y Urióstegui no quiere asumir compromisos antes de tiempo.
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La violencia ha arreciado en los últimos días y la previsión de las autoridades es que la situación se recrudecerá luego de los operativos que las fiscalías han realizado en varios municipios para desmembrar bandas de secuestradores y poner un freno al cártel de la Familia Michoacana. Los hechos delictivos desatados por las acciones de la policía han provocado expresiones de enojo en algunos diputados, como Julio César Solís, a quien el gobernador solicita tener más empatía y sensibilidad, porque se trata de acciones que han llevado a cabo las policías para desarticular grupos de la delincuencia organizada y en las cuales han resultado elementos heridos que hoy se encuentran graves.
Tomemos en cuenta algo: la violencia de esta semana no es igual a la de días pasados, lo que vimos recientemente fue el enfrentamiento de autoridades con grupos de un cártel, con el objetivo de anular grupos que se dedican al trasiego de droga, el secuestro y la extorsión.
Al diputado naranja le hace falta sensibilidad y calidad moral para hablar y entender este tipo de situaciones.
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