La revocación de mandato
Después de sacar adelante el paquete económico 2022 el congreso local aprobará la revocación de mandato en Morelos; la formalización de esta reforma es un hecho, debió hacerla la legislatura pasada, pero como no lo hicieron corresponde a los nuevos diputados darle vida y adicionarla a la constitución local. Más que cualquier denuncia en su contra o intento de juicio político, el gobernador Cuauhtémoc Blanco debe poner atención a este tema.
Entendamos primero de que se trata la revocación de mandato:
A nivel federal la ley federal de revocación de mandato fue aprobada por el poder legislativo y publicada en el diario oficial de la federación en el mes de septiembre, se trata de una ley reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 constitucional en materia de revocación de quien ostente la titularidad del poder ejecutivo en México. Se trata de un instrumento de participación que puede ser solicitado por la ciudadanía y sería aplicada por el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. El INE sería el encargado de la organización, desarrollo y cómputo de la votación.
Con este instrumento formalmente constituido se contempla que para el próximo mes de marzo del 2022 se lleve a cabo la consulta ciudadana con una sola pregunta: “Estas de acuerdo en que a (nombre) Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por perdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el promotor principal de esta nueva ley, en innumerables ocasiones, desde su campaña, ha insistido en la necesidad de someter al jefe del ejecutivo federal a un referéndum público para que sea el pueblo quien decida su continuidad más allá del periodo para el que fue electo. Confiado de que tiene el respaldo de al menos el 70 por ciento de la ciudadanía el mandatario pide a sus detractores que “no coman ansias y esperen a que se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato en el 2022”.
Localmente el congreso local ya ha iniciado el proceso para armonizar la constitución local a la federal en lo referente a la revocación de mandato; según señala el diputado Arturo Pérez Flores, presidente de la comisión de gobernación y gran jurado en la 55 legislatura, los trabajos para la aprobación de esta ley en Morelos avanzan en comisiones y se espera tenerla lista en el primer trimestre del próximo año.
Esta reforma no es cualquier cosa, aunque muchos no le han dado la dimensión que merece. Social y políticamente hablando se trata de un instrumento de participación ciudadana mucho más efectivo, inmediato y contundente que el juicio político, porque mientras el segundo es un proceso que requiere, además de sustento legal, del voto de la mayoría de los representantes populares y luego del visto bueno (para la sanción) de los magistrados del poder judicial, en la revocación de mandato el proceso es más sencillo, popular y decisivo. Explico:
Lo primero que hay que considerar es que esta ley solo aplica al gobernador constitucional del estado de Morelos; lo mismo que a nivel federal con el jefe del ejecutivo, en Morelos ninguna otra autoridad electa podrá ser procesada a través de la ley de revocación de mandato. De acuerdo con lo que podría ser aprobado en el congreso morelense, para que el proceso de revocación de mandato se implemente se requerirá del 10 por ciento del padrón electoral mediante firmas ciudadanas de al menos 19 municipios y para que los resultados sean efectivos se requerirá de la participación de al menos el 40 por ciento del padrón.
En este punto es importante poner atención: aunque el porcentaje del padrón necesario para solicitar la ley de revocación de mandato en Morelos es superior a lo que se solicita a nivel federal (3%), hablando en número de personas la cifra es bastante accesible; lo mismo ocurre con lo referente a la aplicación de la ley: veamos:
Para que se solicite la implementación de la revocación de mandato en Morelos se requerirán alrededor de 45 mil firmas (el 10% del padrón) y para que el resultado sea vinculante, es decir, para que se ratifique o no la permanencia del gobernador, se necesitará la participación de al menos 420 mil personas (40% del padrón). De los 420 mil votos que se requieren para que el resultado de la consulta sea vinculante, la cifra ordenante sería la mitad más uno, es decir, alrededor de 210 mil 01 votos a favor o en contra. Si se cumplen estos pasos y el resultado no favorece al gobernador, la ley de revocación de mandato ordena su remoción inmediata.
El área política del poder ejecutivo parece no estar muy consciente de los alcances de la ley que en próximas fechas se aprobará en el estado; en los pasillos de poder se escucha constantemente el tema del juicio político y sus alcances, pero hasta ahora ni el secretario de gobierno, titular de la política interna y encargado formal de la relación con los otros dos poderes del estado, parece tener claridad del riesgo que la futura ley implica para el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Pongámoslo de esta forma: la formalización de esta ley en cuestión no está sujeta al interés de los diputados, es una obligación legal que tienen que cumplir; actualmente la ley se discute en comisiones, se están analizando las leyes secundarias, los reglamentos, los pormenores de su aplicación, sus alcances y los tiempos en que podría ser aprobada, pero todos tienen claro que verá la luz en el primer trimestre del 2022 e independientemente de los detalles, se convertirá en un instrumento ciudadano para evaluar y eventualmente sacar al gobernador.
Considerando que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un entusiasta de la democracia y personalmente está deseoso de someterse a un proceso de consulta pública, es inevitable que el resto de los gobernantes tendrán que apechugar con la misma fórmula en sus estados. El jefe del ejecutivo federal goza de una aprobación del 66 por ciento en promedio a pesar de los tropiezos que ha tenido su administración; con esa fuerza política los analistas consideran que el presidente lograría superar la prueba con alrededor del 60-65 por ciento de los votos a facor. Con los números que trae el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en las encuestas ¿Qué resultado puede obtener en una consulta?
La inminente aprobación de la nueva ley de revocación de mandato es un tema que debería ser prioritario en la agenda del jefe del ejecutivo local, porque independientemente de que representa una herramienta para empoderar a los ciudadanos, también se convertirá en un arma política para que sus adversarios le pongan el pie.
Más que cualquier denuncia, acusación o amenaza de juicio político, la revocación de mandato representa un peligro latente para el gobernador.
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Veamos en perspectiva el proceso de esta ley:
Por tiempos, la estimación en el congreso local es que para enero o febrero quedará aprobada la reforma; la ruta crítica para su validación incluye pasarla por el constituyente y su publicación por el ejecutivo.
Luego de su definición viene la construcción de la estructura para hacerla funcional: los ciudadanos interesados en que se aplique deben seguir el mismo proceso que a nivel federal, es decir, reunir las firmas necesarias sin la participación de partidos políticos; a nivel federal el porcentaje requerido es el 3% del padrón de más del 50% de los estados que conforman la república mexicana. En Morelos se contempla que se necesitará el 10% del padrón de al menos 19 municipios.
De alcanzarse las firmas, entra a escena el IMPEPAC: el órgano electoral requerirá presupuesto para llevar a cabo la consulta y tiempo para organizarla. La constitución federal establece que la ley de revocación de mandato no puede coincidir con un proceso electoral y lo mismo deberá aplicar en los estados; una vez formalizada, se abrirá un periodo de tiempo para que los ciudadanos promotores cumplan con la meta de reunir firmas, la cual podría ser de 6 a 8 meses.
No da tiempo para que la revocación de mandato en Morelos se empate con la consulta federal que se llevará a cabo en el mes de marzo, pero de reunirse los requisitos contemplados en la ley la implementación de la consulta en Morelos podría realizarse a finales del 2022.
Si en el proceso participa el número de ciudadanos necesarios contemplados en la ley y los resultados no favorecen al gobernador, el siguiente paso es que el Impepac valida la votación e informa al congreso de los resultados oficiales; en ese punto el parlamento inicia el proceso de notificación oficial al jefe del ejecutivo y prepara la remoción del cargo del gobernador, porque se trata de un mandato constitucional. De ahí vendría la designación del sucesor por parte del poder legislativo.
Todo lo detallado anteriormente es hipotético, pero basado en lo que contempla la ley federal de revocación de mandato; puede ser que localmente se hagan algunos cambios menores, pero de fondo la ley deberá ser la misma, con el mismo proceso y las mismas consecuencias.
La reflexión política en este tema radica en el hecho de que no es el mismo escenario de Andrés Manuel López Obrador que el de Cuauhtémoc Blanco. El punto crítico en el que el jefe del ejecutivo estatal debe poner atención no está solo en el resultado final de la consulta, sino desde el momento en que se junten las firmas necesarias para iniciarla.
Por eso es importante que el gobierno estatal haga política y anticipe los escenarios.
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La secretaria de Hacienda puntualiza lo que implicaría cancelar la facultad del gobernador para realizar transferencias, algo que algunos legisladores intentan hacerle al presupuesto del año 2022 en Morelos:
“Yo les he comentado a los diputados que es una facultad que en este momento tiene el ejecutivo a través de la secretaria de hacienda para hacer reasignación de presupuesto, es decir, quitar de un lado y mandar a otro según las necesidades o en caso de tener excedentes de ingresos, que el jefe del ejecutivo decida hacia donde encaminarlos; por cuanto hace a los ingresos sí se tienen limitaciones y cierta reglas de operación que solamente se tienen que designar a ciertos rubros, sin embargo en el tema que plantean los legisladores he escuchado y así me lo han comentado, que se trata de quitar este clausulado de las libres transferencias. Yo les he comentado en un sin fin de reuniones que de hacerlo, ellos se convertirían en una unidad operativa del ejecutivo y tomarían atribuciones de la secretaria de hacienda; la realidad es que de hacerse, operativamente en el gobierno sí colapsaríamos un poquito, porque en el supuesto de cualquier asignación o ampliación presupuestal tendríamos que pasar para congreso”.
post it
El mensaje que envía el fiscal general luego de los hechos violentos ocurridos esta semana en los municipios de Miacatlán y Coatlán del Rio es brutal: viene más violencia.
“Tenemos 11 sucesos relacionados con La Familia Michoacana en Morelos y seguramente va a haber consecuencias; todas estas detenciones generan reacomodos, generan consecuencias y prevemos que pudiera haber otros incidentes violentos; es algo que tenemos contemplado. Por eso pedimos a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional mayor presencia, ya están aquí, pero en este momento necesitamos una mayor intervención… Desde el pasado mes de agosto los elementos de la Agencia de Investigación Criminal han sido víctimas de ataques por parte de la delincuencia organizada”
¡Zas!
redes sociales
Y hablando sobre el mismo tema, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad dice:
“No podemos negar la inseguridad que existe, pero también debemos reconocer que hay un combate frontal contra estos grupos delincuenciales que quieren desestabilizar la seguridad en el estado… ellos son sicarios, extorsionan y traen el tráfico de drogas; no vamos a permitir que se estacionen en Morelos. Ahora se replegaron, pero seguramente querrán volver a incursionar. ¡Pero volveremos a combatirlos!, tenemos acuerdos con el Estado de México, Guerrero y Puebla para cerrarles el paso”
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