Libran acusación de $400 millones. Cancela magistrada proceso iniciado a ex funcionaria de Rosario Robles
Un tribunal federal canceló, por falta de fundamentación, el proceso iniciado a una ex colaboradora de Rosario Robles en la Sedesol, por una supuesta contratación ilegal de 400 millones de pesos, en el caso conocido como la "Estafa Maestra".
La magistrada Isabel Porras, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, revocó la vinculación a proceso dictada a Martha Lidia Montoya, ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Si bien esta resolución se basa en que la Fiscalía General de la República (FGR) no precisa la normativa aparentemente violentada, la magistrada aclara que puede subsanar la deficiencia y volver a presentar la imputación contra Montoya.
Por ahora, es el primer caso de la "Estafa Maestra" que es echado abajo en instancias de alzada, ya que antes sólo se habían dictado dos no vinculaciones a proceso pero en primera instancia, es decir, por fallos de jueces de control.
Montoya, sin embargo, tiene otro proceso en curso por pagar 7.8 millones a la Universidad Autónoma de Chiapas, en un contrato para conformar los comités comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuyo presupuesto mínimo fue de 60.9 millones de pesos.
En el caso que ahora acaba de librar, la magistrada Porras argumenta que la FGR no formuló la imputación contra Montoya de manera correcta, pues no especificó los apartados del Manual de Organización de la Sedesol que le conferían la facultad de disponer de fondos públicos y por qué dicho manual era aplicable a las funciones que desempeñaba.
"De igual modo, no precisó la ley en la que se prevén las funciones y facultades de la justiciable, así como de qué manera se contravino lo regulado en dicha norma. Soslayó indicar en qué ley se contempla la obligación impuesta a la imputada a efecto de recabar algún tipo de documentación, así como la forma en que debió realizar el pago que se le atribuyó", dice la sentencia.
El fallo también canceló las medidas cautelares impuestas a Montoya desde el 11 de noviembre de 2019, que consisten en presentarse cada 15 días ante las autoridades, la prohibición de salir del País y el pago de una garantía de 70 mil pesos, dinero que le será devuelto.
En este mismo asunto fueron procesados José Israel Torres Gutiérrez, ex director general de Desarrollo Comunitario de la Sedesol, y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), a quienes les negaron el amparo y continúan procesados.
A Montoya se le procesó por un convenio suscrito el 3 de abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La acusación
Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol, es señalada por la FGR por una supuesta contratación ilegal.
· Convenio suscrito entre la Sedesol y la Universidad Politécnica de Chiapas en 2015.
· El objetivo era la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Edomex.
· El convenio derivó en dos contratos por los que la Sedesol depositó 200 millones de pesos.
· Supuestamente Montoya fue quien hizo los pagos.
· Según la FGR, la Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato.
· Los servicios fueron contratados mediante adjudicación directa n La UPCH además subcontrató los servicios en una proporción superior al límite del 49%.