Los empresarios tienen razón: el gobierno no ha cumplido con su obligación de garantizar el estado de derecho ni de proteger la propiedad privada ante los ataques de la Coordinadora magisterial.

En algunos estados tienen sus comercios vacíos, sus productos no se pueden sacar por los bloqueos de carreteras y vías de ferrocarril, son miles de millones de pesos en pérdidas, y encima se les exige que paguen impuestos.

Del lado de la CNTE, llevan sin trabajar desde el 15 de mayo y se les sigue pagando el sueldo… con los impuestos que cobra el fisco a los que sí trabajan.

La CNTE tiene una flotilla de alrededor de más de 200 vehículos robados a transportistas, a industrias, a ciudadanos y a concesionarias –sólo en Michoacán tienen 180–, y las autoridades federales y estatales no hacen absolutamente nada para proteger el patrimonio de personas y empresas.

Su “Guelaguetza magisterial” la celebraron con el bloqueo de vías con camiones robados.

Si quieren parar el tráfico en una carretera le prenden fuego a autobuses de pasajeros, y no pasa nada.

Bueno, sí pasa, les ponen una mesa de negociación a los vándalos. Y a las empresas les cobran impuestos sin importar sus pérdidas y el atropello a la propiedad privada.

¿De cuándo acá sacaron en el gobierno que la propiedad privada no importa con tal de no hacer enojar a los violentos de la CNTE?

La omisión del gobierno en proteger a las personas y a sus bienes no puede quedar como un hecho secundario en sus funciones. Es su labor esencial, para eso existe el Estado.

Pero primero atienden a los atacantes, y las víctimas que se arreglen solas. Ah! y que no se les olvide pagar impuestos.

Los dirigentes del sector privado hacen bien en exigir al Estado que cumpla con su obligación de brindar seguridad y garantías al ejercicio de las actividades productivas.

Sin embargo, han hecho énfasis en que ellos de ninguna manera piden represión hacia los manifestantes. ¿Entonces?

Que el gobierno salve la reforma educativa, que desaloje carreteras, impida el secuestro de vehículos, recupere lo que les han robado, anule a los vándalos cuando toman radiodifusoras e incendian edificios, pero que no reprima.

Bueno, así es más difícil.

La vía corta sería la represión –facultad legítima del Estado en casos como éste–, pero eso no lo desean los empresarios y prácticamente nadie, salvo los manifestantes y sus instigadores porque podría extenderse aún más el conflicto y pondría otra vez a México en el ojo de la condena internacional.

El otro camino, el que pide el sector privado, sin reprimir, implica sentarlos a negociar, aflojar en parte de la reforma educativa, no quitarlos de las carreteras, permitir que sigan robando camiones, que los quemen si andan de genio, y poco a poco, a través de darles concesiones, diluir el movimiento.

O que se manche las manos el gobierno sin el respaldo de la sociedad. Así no se puede.

Tienen toda la razón en estar molestos los empresarios. Pero no pueden ser ambiguos: si quieren solución sin reprimir, hay que aguantarse porque toma tiempo.

Twitter: @PabloHiriart