* LOS RUTEROS: PERVERSIDAD
Durante las casi dos décadas que lleva como presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes ha sacado raja personal mediante las presiones a los gobernadores en turno. Por lo menos a los dos de la era panista (2000-2012) les sacó mucho jugo. Chantajes, extorsiones y amenazas le sirvieron para conseguir, entre otras cosas, la impunidad que sigue gozando sobre un sector cuyos agremiados son explotados de manera vil. Esto es conocido por propios y extraños en la FAT, pero nadie se atreve a protestar ni a exigir mejores condiciones laborales, pues Rivera Jaimes y la mayoría de presidentes de los derroteros son cómplices. En otra columna desglosaré los rubros quebrantados por la FAT a la luz de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS, lo cual se repite en otras organizaciones de transportistas con y sin itinerario fijo. Rutas Unidas de Cuernavaca, que encabeza Aurelio Carmona, no canta mal las rancheras respecto a la impunidad.
Si la Ley General del Transporte vigente se les aplicara drásticamente a la Federación y a Rutas Unidas, la mayoría de permisionarios saldrían reprobados y con las concesiones canceladas. El artículo 79 de ese ordenamiento se refiere a los estándares de calidad a que deben estar sujetos los servicios y operadores del transporte público, pero ninguno es cumplido al 100 por ciento. La certificación de los operadores y el gafete de conductor tampoco están satisfechos. Los sufridos usuarios siempre se quejan sobre la pésima educación de los operadores, entre quienes muchos manejan estando ebrios o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, o rebasan el límite de velocidad permitida. Por otra parte el Registro Público Estatal de Transporte, dependiente de la Secretaría de Movilidad y Transporte, se encuentra desactualizado, simple y sencillamente porque la FAT y Rutas Unidas, así como otros grupos del interior morelense, se niegan a proporcionar información. A eso, a la opacidad, se acostumbraron durante tres décadas.
A continuación les mencionaré una pequeña parte de las obligaciones que tampoco cumplen los concesionarios y permisionarios. El artículo 99 de la Ley General de Transporte de Morelos indica que los prestadores del servicio deben abstenerse de interrumpirlo injustificadamente, pero lo harán el próximo 16 de agosto. A continuación una perla: están obligados a cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de tránsito, transporte y vialidad, así como con las políticas y programas dictados por el gobierno estatal. Esto jamás lo cumplen e igual sucede con las disposiciones jurídicas y administrativas en materia ambiental. Tampoco cuentan con la póliza de seguro vigente o fondo de garantía para responder de los daños y perjuicios en accidentes. Y algo más, por ahora: se niegan a prestar el servicio en forma gratuita a niños menores de tres años y a personas con discapacidad, o en su caso aplicar el descuento de 50 por ciento a los adultos mayores. Ni qué decir en torno a los vehículos chatarra, sucios y viejos. Etcétera. La administración de Graco Ramírez tomó la decisión de meter al orden a los transportistas, pero éstos lo rechazan bajo cualquier pretexto y tergiversación de la realidad. Luego le seguimos.