Entre 2019 y hasta septiembre de 2021, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha destinado 2 mil 125 millones 902 mil 807.98 pesos —un promedio de poco más de 2 millones de pesos diarios— a la “protección de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación”, que contempla el pago de las medidas de protección para jueces y magistrados amenazados o en riesgo.
A través de una revisión de los informes financieros trimestrales del CJF, EL UNIVERSAL constató que existe un subprograma llamado Protección, prestaciones y servicios a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que en los tres últimos años ha ido en ascenso.
Fuentes federales explicaron que dicho programa incluye los recursos que el CJF destina a brindar seguridad personal a jueces y magistrados que han recibido amenazas o que por razones de los asuntos que conocen pueden encontrarse en riesgo.
Pese a que 2021 aún no concluye, es el año en que más recursos han sido destinados para este subprograma, con un total de 773 millones 326 mil 636.57 pesos al 30 de septiembre pasado.
En todo 2020, año en que los jueces y magistrados federales permanecieron desde marzo trabajando en sus casas debido a la pandemia, el gasto fue de 690 millones 242 mil 622.02 pesos, y durante todo 2019, el CJF gastó en este rubro 662 millones 333 mil 549.39 pesos.
El gasto de ambos años es mayor al que ejerció el CJF en 2018, último año de la gestión del antecesor de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el ministro Luis María Aguilar, pues en dicho periodo se destinaron 683 millones 681 mil 162.32 pesos a ese fin.
En su primer informe de labores, Zaldívar Lelo de Larrea indicó que, al cierre de 2019, un total de 303 juzgadores pidieron medidas de seguridad y fueron asignadas 42 de las solicitadas.
Durante ese año, un total de 91 jueces y magistrados tenían vehículos blindados; 89, escoltas, y 89, chalecos antibalas.
En enero del año pasado, el CJF informó que se coordina con instituciones de seguridad federal para garantizar la protección a los jueces y magistrados que han recibido amenazas.
Para el informe de labores de ese año, el consejo eliminó la estadística sobre las medidas de seguridad implementadas para jueces y magistrados. Este diario informó que ese año fueron destinados 826 millones de pesos a este rubro y se contrató la empresa Blindajes Urbanos, S. A. de C. V., y se compraron hasta 40 playeras antibalas, para lo cual se pagó un millón 271 mil 70 pesos.
Las fuentes consultadas explicaron que cuando un juez o magistrado tiene asignado un auto blindado o servicio de escoltas, los gastos de gasolina y comidas de ese personal corren a cuenta del juzgador y no del presupuesto asignado para brindar los servicios de protección.
En su último informe de labores, correspondiente a 2021, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que el CJF otorgó medidas de seguridad y ordenó concluir algunas ya concedidas a jueces y magistrados federales por encontrarse en un entorno de riesgo; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántos juzgadores recibieron esta protección.
Indicó que, este año, el CJF elaboró 47 opiniones técnicas y 130 evaluaciones de riesgo para otorgar medidas de seguridad, sugerir su temporalidad, continuidad o conclusión de las mismas para jueces y magistrados en riesgo.
En el documento, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tampoco agregó ninguna estadística relacionada con este rubro, porque su administración decidió que esta información debe permanecer reservada.
A través de una solicitud vía transparencia, se requirió el monto de recursos asignados para pagar los servicios de protección de jueces y magistrados amenazados o en riesgo, y cómo se ha ejercido el gasto de estos recursos, pero el CJF respondió que esto implica elaborar un cálculo que actualmente no existe en los registros de la institución.
“Esta Secretaría Ejecutiva advierte que la pretensión es que se emita un documento respecto de los cuestionamientos y supuestos que planteó, esto es, que se genere un documento en el que se elabore un cálculo del costo promedio que tiene cada uno de los diversos tipos de medidas de seguridad y protección que se asignan a las jueces y magistrados federales adscritos a los órganos jurisdiccionales que integran este sujeto obligado, que hayan sido amenazados, sin que pida acceso a información en particular que obre en los archivos del Consejo de la Judicatura Federal”, indica la resolución emitida el pasado 29 de octubre.
“En caso de atender la petición realizada, se debería generar un procesamiento de información que implique la realización de operaciones físicas y digitales para atender los supuestos señalados por el solicitante, lo que no cumple con los requisitos constitucionales ni legales para considerarse como una petición dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información”.
Asimismo, el consejo refirió que esa información es reservada por tratarse de documentación relacionada con las medidas de protección asignadas a los juzgadores federales del país.
“Su difusión vulneraría la vida y seguridad de las personas, ya que permitiría identificar a aquellas y aquellos servidores públicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como las acciones que se implementan para salvaguardar su vida e integridad”, precisó.