La reactivación de la ley que prohíbe las cuotas es olares propuesta por la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) no resolvería el problema de rezago en infraestructura, sostuvo el director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) Eliacin Salgado de la Paz.
El funcionario estatal reconoció la aportación de los jefes de hogar, quienes hacen, de manera voluntaria aportaciones a los centros educativos, sin las cuales el sector educativo no podría operar como hasta ahora.
Salgado de la Paz enfatizó que esta administración recibió un grave rezago: “derivado de administraciones anteriores, nos dejaron escuelas con goteras, paredes húmedas, baños en mal estado y las madres y padres de familia solicitan que las instalaciones estén en buenas condiciones; ellos se ofrecen de manera voluntaria a ayudar”.
Argumentó que la capacidad del gobierno del estado es limitada, pues no existen por ahora condiciones financieras para atender en lo inmediato todas las necesidades. Sin embargo, aseguró que hubo un gran avance en materia de infraestructura, con la inyección de recursos federales y estatales, pero, insistió en que los requerimientos son mayores.
Cabe recordar que la Aepaf junto con agrupaciones de maestros como el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) se ha pronunciado a favor de que se reactive la legislación ya citada, que prohíbe las cuotas en las escuelas públicas. Con dicha norma, en años anteriores, se asignaron recursos hasta por más de 60 millones para el rubro de mantenimiento de los planteles.
Los legisladores en turno calcularon determinado monto de dinero por cada estudiante matriculado. Dicha ley fue dejada sin efecto en legislaturas pasadas, primero con el pretexto de que era inaplicable y burocrática la fórmula para la entrega del dinero y luego porque se utilizó ese fondo para otros rubros.
La AEPAF pidió a los diputados en días pasados, reactivarla y asignarle recursos, especialmente por la afectación económica derivada de la pandemia de covid-19.
Al respecto el director del IEBEM fue claro y consideró que no habría condiciones financieras para eliminar las aportaciones de los padres de familia.
Pero el funcionario insistió en que las cooperaciones económicas deben ser voluntarias y “en ningún momento y bajo ninguna razón” deberán condicionar el servicio educativo o la entrega de documentos y a través de los propios tutores.