Delfina Gómez debe renunciar
Apenas lo negó en noviembre pasado, durante una comparecencia en la Cámara de Senadores, en donde fue cuestionada por Xóchitl Gálvez y María Guadalupe Saldaña Romero, sobre la construcción de un esquema de financiamiento paralelo destinado a financiar las actividades de Morena entre 2013 y 2015.
“Jamás haría una cosa así –dijo la secretaría de Educación Delfina Gómez– y tengo, precisamente, esa calidad moral para estar aquí”.
Después de una investigación de varios años, el INE había logrado comprobar que Gómez, presidenta municipal de Texcoco en el periodo arriba señalado, descontó el 10% de su salario a 550 trabajadores del Ayuntamiento y del DIF.
El dinero desviado –a esta práctica se le conoce como el “diezmo” y fue moneda de uso corriente cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México– se comenzó a descontar vía nómina en febrero de 2013.
Dos militantes de Morena, María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, fueron beneficiarias de cheques firmados por Delfina Gómez, por el secretario del Ayuntamiento en 2013, Horacio Duarte, y por el tesorero Alberto Martínez –hermano del senador de Morena Higinio Martínez.
Del cumplimiento de la extorsión dependía el futuro laboral de los trabajadores. De acuerdo con la investigación, para salvar las formas Gómez y su gente obligaron a los trabajadores a declarar que estaban aportando el 10% de su salario de manera voluntaria.
Los descuentos se realizaron durante más de dos años. El patrimonio de los trabajadores se vio afectado sistemáticamente, quincena a quincena. En total, los servidores públicos fueron despojados de 12 millones 813 mil 507 pesos.
María Victoria Anaya fue después la coordinadora de giras de Delfina Gómez, cuando buscó la gubernatura del Edomex. Recibió 79 de esos cheques. Más tarde aseguró que el dinero se había destinado al pago de actividades sociales y altruistas.
Los cheques emitidos a nombre de la otra militante, Sara Iveth Rosas, fueron endosados a otras personas para que los cobraran en efectivo y el rastro del dinero se borrara.
En la mayor parte de los casos, la póliza de los cheques indica como concepto de pago “Aportación al GAP”.
El GAP no se dedica, sin embargo, al altruismo ni a las actividades sociales. Es el Grupo de Acción Política a cuyo frente se halla Horacio Duarte y que opera a favor de Morena en el Edomex.
Según el INE, los recursos fueron empleados para la consolidación del movimiento encabezado por López Obrador, y también para financiar parte de la campaña política de Delfina Gómez.
El 56% de la plantilla laboral del Ayuntamiento y del DIF fue despojada de su salario. A partir de ese despojo, Gómez lanzó a las nubes su carrera política. Se le premio con la candidatura de Morena a la gubernatura (perdió), luego se le premió con el cargo de “superdelegada”, encargada de supervisar la aplicación de los programas sociales en la entidad, y más tarde se le premió nada menos que con la Secretaría de Educación Pública.
Horacio Duarte, cercano a AMLO desde la campaña de 2006, es hoy administrador general de Aduanas.
Delfina Gómez reconoció en entrevista con Carmen Aristegui que el financiamiento ilegal a Morena había ocurrido, mediante el desvío –también ilegal–, de recursos públicos, “como un acuerdo” con los trabajadores “de que ese dinero se iba a entregar a Morena”.
Esta declaración fue crucial para que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara la sanción de 4.5 millones de pesos, impuesta por el INE a Morena, por ocultar dichos ingresos.
Gómez y Duarte generaron un esquema de financiamiento paralelo a partir de retenciones ilegales aplicadas a los trabajadores del municipio. Hoy los dos ocupan altos cargos en el gobierno de AMLO, y manejan presupuestos millonarios.
La confirmación de la sanción, por parte del Tribunal electoral, bastaría para que se exigiera la renuncia de ambos: despojaron de su dinero a los trabajadores, y lo entregaron a un partido político que además de beneficiarse con dichos recursos, los ocultó.
“Jamás haría una cosa así y tengo precisamente esa calidad moral para estar aquí”, acababa de decir en el Senado Delfina Gómez.
La secretaria de Educación de México perdió ayer esa supuesta calidad.
Ya no podría, ya no debería “estar aquí”.