En un país donde nada sorprende, el asesinato de 10 personas el pasado 30 de julio, ordenado por un alcalde de Michoacán, Juan Carlos Arreygue, sí sorprendió. ¿Cómo puede actuar una autoridad con tanta impunidad? El gobernador Silvano Aureoles dijo que fue una disputa por narcomenudeo, y que el alcalde mandó asesinarlos porque querían quitarle el negocio. Aureoles no estaba sorprendido. Desde hace tiempo, dijo, se sospechaba que Arreygue estaba vinculado a los líderes de Los Caballeros Templarios, motivo por el cual no fue candidato del PRD, como quería. La información sobre los antecedentes del alcalde, lejos de generar confianza, es motivo de censura contra Aureoles. ¿Cómo permitió que una persona sobre la que había sospechas pudiera llegar a ocupar un puesto de elección popular? El gobernador podrá no ser culpable de los malos pasos de Arreygue, pero políticamente hablando, es un irresponsable.

El caso del alcalde no es un síntoma de la descomposición que vive Michoacán, sino expresión del cáncer que no ha podido extirparse. Hace un año, al participar como gobernador electo en un convenio en la Secretaría de Gobernación llamado Agenda por Michoacán, Aureoles prometió que tomaría medidas radicales para acabar con los conflictos en el estado y la impunidad; en agosto, ofreció paz y gobernabilidad. La verborrea no se le acababa al gobernador, quien todavía en abril afirmó en una entrevista de radio: “Hemos restablecido el Estado de Derecho; hay seguridad jurídica y las cifras así lo reflejan”.

En ese momento, el gobernador ya estaba mintiendo a los michoacanos y ocultando la verdad. En el primer trimestre de este año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos en Michoacán se habían incrementado en 62.58% en comparación con el mismo periodo de 2015. En los primeros cuatro meses de su gobierno, el robo a vivienda, vehículos y personas, se había disparado: robo con violencia, 45.45%; robos a casa-habitación, 109.52%; robo a negocios, 21.62%; y robo a personas, 148%. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reflejó la zozobra en marzo, cuando el 70% de los michoacanos mayores de 18 años, dijeron que vivir en su ciudad era inseguro.

Aureoles afirmó en abril que se había recuperado la tranquilidad y la paz social en Tierra Caliente. Sin embargo, no paraban los narcobloqueos, los enfrentamientos entre grupos armados y policías, incendios de vehículos y camiones, y suspensión de las actividades cotidianas en seis municipios. “El estado no se encuentra fuera de control”, insistió el gobernador. La respuesta de la delincuencia se dio la misma noche en que decretó Aureoles retóricamente la gobernabilidad: al menos una decena de vehículos fueron incendiados en Apatzingán. Al igual que en ese municipio, en Uruapan, Zamora, Buenavista, Jiquilpan y Jacona, los niños se encerraron en sus casas y dejaron de ir a las primarias por la inseguridad.

La violencia, que nunca se fue de Michoacán, volvió a salir a las calles durante el gobierno de Aureoles. La Familia Michoacana revivió con su extensión en Guerrero, y Los Caballeros Templarios, una escisión de ese cártel de mesiánicos, mantuvo sus operaciones en Michoacán y el centro del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación retomó altos niveles de actividad con los cultivos de mariguana y el trasiego de los precursores químicos para la elaboración de las metanfetaminas. El gobernador está rebasado, aunque niegue que el estado se le fue de las manos desde el primer momento en que asumió el poder en octubre del año pasado.

Las condiciones de inseguridad en Michoacán afectan a Aureoles, que mantiene la esperanza de alcanzar la candidatura presidencial del PRD en 2018. Aureoles se había presentado como el salvador de Michoacán, al que iba a colocar una vez más en la ruta del desarrollo. Está claro que no lo ha logrado. No tiene los recursos políticos para restablecer el orden y la paz prometida, ni ha funcionado la estrategia que dijo haber instrumentado desde el inicio de su administración. Como en el pasado reciente, con los exgobernadores Fausto Vallejo y Salvador Jara, Aureoles va en camino de quedar subordinado al gobierno federal, porque es incapaz de frenar la inseguridad.

La delincuencia, organizada y del fueron común, le tomaron la medida desde el principio. Abuso de la palabrería y fue poco eficiente. Sobreexpuesto en los medios de comunicación, Aureoles se ha dedicado más a gobernar para la opinión política en la Ciudad de México, que a resolver los problemas que más frustran y angustian a los michoacanos. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que provienen de la Procuraduría michoacana, desmienten sus afirmaciones de haber mejorado las condiciones de seguridad. Las encuestas del INEGI que miden las percepciones, ratifican lo que da la contabilidad del crimen.

Aureoles ha resultado una decepción como gobernante y un fiasco como estratega. Utilizar la condena pública del alcalde Arreygue le ha dado prominencia nacional en estos días con la tolvanera que levantó. Será efímero. El linchamiento público que ha encabezado se le va a revertir. Todos los datos de inteligencia que reveló para justificar su detención y mostrar control, desnudan su ineficiencia. Si tanto sabía de él, ¿por qué no actuó antes? Por ignorancia o negligencia. Sólo por estas razones se entiende lo que sucedió, aunque el gobernador pretenda dibujar la realidad de diferente manera.

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