Rápido, furioso y ¿vengativo?
El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la mañanera con nuevos bríos y viejos pleitos. El principal, implícito en el subtexto de sus palabras, contra el expresidente Felipe Calderón, a quien quisiera ver en la cárcel, porque está convencido de que colaboró con Estados Unidos en la Operación Rápido y Furioso de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), que consistía en permitir que personas vinculadas al Cártel de Sinaloa compraran armas en aquel país y que las rastrearan hasta sus destinatarios finales. Fue un desastre y provocó la muerte de un policía fronterizo. “Se pensaba que eso se había olvidado y hace poco ya se hizo la consignación del caso”, dijo el Presidente. “No va a haber impunidad como también no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor”. Ya veremos.
Por lo pronto, la Fiscalía General obtuvo recientemente seis órdenes de aprehensión, de las cuales trascendieron tres nombres, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón; Luis Cárdenas Palomino, uno de sus brazos derechos en la Policía Federal, y Joaquín el Chapo Guzmán, a quien parecen acreditarle –equivocadamente– que era el jefe del Cártel de Sinaloa. Las órdenes de aprehensión alimentan la narrativa contra Calderón, pero difícilmente llevarán a conocer la verdad, del lado mexicano, de una presunta colaboración ilegal en Rápido y Furioso. Ninguno de los tres aparece mencionado ni en la investigación que llevó a cabo el Congreso, que en cambio, tiene la sustancia que podría conducir al gobierno de López Obrador a la verdad, quizá llegando al mismo destino que desea, pero apegado a la justicia, no a la venganza política.
Un punto de partida puede ser una audiencia en el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en julio de 2011 donde se dio un revelador intercambio entre Trey Godwy, diputado de Carolina del Sur, y William Newell, jefe de ATF en Phoenix, desde donde se manejó Rápido y Furioso:
Godwy: ¿Sabía que las armas iban a México?
Newell: Correcto.
Gowdy: ¿Sabía el señor (Carlos) Canino (jefe de ATF en la embajada de Estados Unidos en México) de la investigación?
Newell: Sí sabía.
Gowdy: ¿Sabía que las armas iban a México?
Newell: Absolutamente.
(En la misma audiencia, Canino declaró que no le dijeron de Phoenix que iban a dejar que “caminaran” las armas a México).
Gowdy: ¿Cuándo iban a informar de esto a sus contrapartes mexicanas?
Newell: Asumo que sabían de las armas, porque hay una sola división en (Estados Unidos) donde la PGR tiene un representante.
Gowdy: Usted testificó antes que le iba a entregar la información a los fiscales mexicanos y dejar que ellos enjuiciaran (a los mexicanos involucrados). Le pregunté si también iba a permitir que agentes estadounidenses fueran extraditados a México por haber violado la ley, y usted dijo que no. ¿Cómo rayos va a lograr que nuestras hermanas y hermanos en el área judicial crean si usted no creyó en ellos durante la investigación?
Newell: No teníamos la información hasta mucho después, e invité, junto con Canino en diciembre de 2010 y en enero, a los fiscales mexicanos a venir (a Phoenix). Creo que eso nunca se había hecho antes.
Gowdy: ¿Les informó sobre Rápido y Furioso?
Newell: Sí.
Gowdy: ¿Cuándo les dijo?
Newell: El representante de la PGR que tenía en mi oficina llevaba dos años ahí y sabía del caso, aunque no en específico.
La Operación Rápido y Furioso comenzó el 31 de octubre de 2009 y concluyó el 25 de enero de 2011, un mes después que el agente fronterizo Brian Terry fuera asesinado con una de las armas que supuestamente había seguido ATF, durante un patrullaje en la frontera de Arizona. Durante las audiencias en el Capitolio, el Departamento de Justicia, donde comenzó todo, dio a conocer un memorando de Newell del 30 de marzo de 2011, donde explicaba sus contactos con las autoridades mexicanas.
El representante de la PGR en la oficina de ATF en Phoenix a quien se refirió, es Carlos Luque Ordóñez, a quien Newell informó de la operación en diciembre de 2009, una vez que Rápido y Furioso estaba en marcha. En varias ocasiones durante el siguiente año, escribió Newell, le fue informando sobre el estado de la investigación. A finales de 2010, agregó Newell, incluyó en la investigación –sin dar detalles específicos– a la oficina de ATF en México y a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, en ese entonces a cargo de Marisela Morales.
En preparación para la visita de los fiscales de la PGR en Phoenix, Newell señaló que realizó una reunión el 15 de diciembre de 2010 en las oficinas de la PGR patrocinada por la OPDAT, una oficina en la embajada de Estados Unidos creada en el marco de la Iniciativa Mérida, que cada mes veía con sus contrapartes mexicanas los recursos, el financiamiento, los equipos y la capacitación para las autoridades mexicanas. Esas reuniones eran ejecutivas, no operativas. Newell, en las audiencias y en el memorando, siempre aclaró que nunca aportó detalles de lo que estaba haciendo.
En esa reunión de diciembre estuvieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabezaba la parte mexicana, de la PGR, la SIEDO y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el Cenapi. Newell les informó sobre Rápido y Furioso y adelantó que estaba a punto de cancelarse. El gobierno de Calderón ha negado que estuviera al tanto de esa operación, y fuera de los señalamientos acotados de Newell, no existe información pública de una colaboración explícita en Rápido y Furioso. No significa que no pueda haberse dado, pero será tarea de la Fiscalía General el aportar pruebas sólidas de que lo que cree López Obrador que sí sucedió, para que todo esto no quede en una vendetta más del Presidente.