TEMPLO MAYOR
QUIEN debe estar tronándose los dedos es Raquel Buenrostro, la titular del SAT, luego de la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre el caso de Carmela Azcárraga Milmo.
Y ES QUE con la sentencia de los magistrados, el Servicio de Administración Tributaria se dio un balazo en el pie pues, técnicamente, tampoco tendrá argumentos jurídicos para cobrar intereses y actualizaciones a los particulares. Originalmente, la cifra que peleaban los herederos de Azcárraga era de más de mil millones de pesos. Sin embargo, el Tribunal ordenó que sólo se les devolvieran 339 millones, pues descontó actualizaciones e intereses.
SI ESTE va a ser el nuevo precepto judicial, el SAT difícilmente podrá seguir cobrando esos mismos intereses que el tribunal administrativo desestimó. Y obviamente esto debe tener muy preocupadas a las autoridades, pues saben que la pifia vino de sus filas, específicamente del proceso que inició el ahora ex procurador fiscal, Carlos Romero.
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A VER, A VER, esto de que se va a modificar el trazo del Tren Maya de Cancún a Playa del Carmen debe tener nombre y apellido de un responsable. Sobre todo, de quienes autorizaron un proyecto que se fue a la basura.
SEGÚN dicta la norma, para cualquier obra pública debe existir un proyecto definido para concursarlo y ejecutarlo. Resulta inaceptable que, así de pronto, el gobierno anuncie que se modifican los planes, sin que haya responsables y, en un momento dado, hasta responsabilidades administrativas, civiles e, inclusive, penales.
POR MÁS que en Palacio Nacional quieran aparentar que se trata de simples "contratiempos", la realidad es que el cambio de ruta en un proyecto de estas dimensiones es algo que, por lo menos, amerita severas sanciones. Pero, bueno, en la administración pública de la 4T parece que los errores son lo de menos.
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SIN TANTO RUIDO, hace unos días se dio a conocer la única sentencia condenatoria contra un capo del crimen organizado en lo que va de este sexenio. José Antonio Yépez Ortiz "El Marro" fue condenado a 60 años de cárcel por secuestro.
LA MEDALLA es del Poder Judicial, la Fiscalía General y el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez, que se fajaron para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, como en el expediente no intervino el gobierno federal, el tema ha pasado más o menos desapercibido. Tal vez por eso no han querido presumirlo, pero cuando se trata de malos resultados, pa' pronto los publicitan.