Nunca pasa nada
Concluye el primer mes del año y continúan la polémica y las presiones hacia el gobierno estatal y contra diversos personajes de la vida política estatal por supuestos nexos y protección a grupos de la delincuencia organizada. Hasta ahora todos los señalamientos se ubican en el terreno de la especulación y de los dichos con acusaciones sin comprobar; ya hay una denuncia formal presentada por el gobernador ante la FGR, pero no se ve acción alguna de parte de las autoridades federales. Lo que ocurre en Morelos es kafkiano.
Los últimos tres gobernadores antes de Cuauhtémoc Blanco han pasado por momentos críticos en materia de seguridad y también fueron acusados por brindar protección a grupos de la delincuencia organizada; siempre hubo escándalos mediáticos, señalamientos en la prensa y mucha polémica que por momento hizo pensar a más de uno que habría cambios en la jefatura del ejecutivo. Pero esto último nunca ocurrió a pesar del enfado popular y el descrédito de las administraciones.
Contrario a lo visto en el pasado y a pesar de que en algunos casos la reyerta alrededor del gobernador duró varias semanas, nunca se prolongó a lo largo de un mes con la intensidad que vemos hoy contra Cuauhtémoc Blanco. Vale puntualizar que aunque hablamos del mismo cargo, el de gobernador, no es equiparable la figura del actual mandatario morelense a la sus antecesores o a la del resto de los mandatarios del país.
El jefe del ejecutivo de Morelos es una figura internacional con una fama pública que rebasa su encargo, llama la atención de muchas personas y por lo mismo se observa y se mide de manera distinta a la de los demás representantes populares. Esto no es nuevo, así ha sido desde que Blanco incursionó en política y seguirá sucediendo en casa espacio público que ocupe.
Por ello la situación es distinta, porque se trata de un personaje con influencia nacional que, además, se ha convertido en amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cercanía le otorga al gobernador de Morelos protección absoluta en todos los conflictos y respaldo presidencial sin importar quien lo enfrente. Aún con la simpatía popular, el apoyo del presidente tiene límites y Cuauhtémoc Blanco podría estar acercándose a el. Más allá de la veracidad de las acusaciones en su contra y de la férrea defensa encabezada por la oficina de comunicación, el problema sigue sin atenderse en su origen, en los espacios donde debería ser resuelto. Explico:
Las acusaciones contra el gobernador se enmarcan en un ambiente de pugna política y fallas en materia de seguridad; hasta ahora es creíble que Cuauhtémoc Blanco Bravo no brinda protección ni tiene una relación de complicidad con personajes de la delincuencia organizada, pero queda la duda si esto es así en el resto de su gobierno.
La polémica se mantiene viva porque todos los días hay personajes del ámbito político que retoman la historia y dan continuidad al debate con el único interés de dañar la imagen del gobernador; ocurre así porque entre el gobierno estatal y las diferentes fuerzas políticas representadas en la entidad no ha habido diálogo a lo largo del sexenio, ni existe un canal constante y eficiente de comunicación con la secretaría de gobierno.
Por la razón que se quiera la administración actual no ha querido dialogar con la oposición, ni tampoco se ha preocupado por establecer una relación permanente con los distintos sectores sociales y políticos del estado; eso provoca que todas las discusiones se conviertan en ataque al gobierno estatal. Obvio: sin diálogo ni relación política tampoco hay prudencia en la crítica.
El otro punto está en la estructura de seguridad: el comisionado José Antonio Ortiz Guarneros es miembro de la Marina Armada de México y fue enviado a Morelos por el gobierno federal porque cumplía con los requisitos que pide la política de la 4T; se supone que el vicealmirante ha pasado todas las pruebas de control y confianza del gobierno de la república, lo que lo convierte en un secretario honesto, confiable y efectivo para la federación. ¿Y los demás policías?
La fuerza de la delincuencia organizada es enorme en todo el país; una y otra vez hemos visto como los diferentes grupos delictivos invaden las instituciones públicas y muchas veces toman el control de áreas completas de la administración. En el debate actual se ha hablado insistentemente que existen redes de protección a delincuentes y al hacerlo se ha apuntado la crítica al gobernador. ¿Y qué tal que no es él, pero sí hay alguien más en un nivel inferior que lo hace?
En cualquier organización existe el riesgo de cometer errores humanos y cuando se trata de una institución pública se añade además, la posibilidad de que exista dolo en la actuación de una o varias personas. Ante los insistentes señalamientos que se hacen sobre el tema valdría la pena que el gobernador y el comisionado se dieran tiempo para revisar qué pasa en la estructura policiaca, para confirmar que su equipo es ajeno a intereses perversos o para darse cuenta que algo malo está pasando, como lo afirman algunos.
Lo que no es aceptable es la defensa absoluta a ciegas, es decir, la negación de todos los hechos, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados, sin considerar que pueden estar pasando cosas incorrectas en mandos medios.
Hace unos años ante las múltiples acusaciones sobre vínculos con la delincuencia Jorge Carrillo Olea se atrevió a decir que “metía las manos al fuego” por su procuraduría y por los elementos que la integraban. Y se quemó. En vista de las muchas historias que se cuentan y los hechos relacionados con las policías locales a lo largo de los últimos veinte años sería muy peligroso que el gobernador y el jefe de la policía dejaran de escuchar y se aferraran solo a su verdad sin detenerse a investigar.
Ante la apabullante embestida pública y el enrarecimiento del ambiente social por la andanada de acusaciones políticas el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el comisionado de seguridad tienen que ir más allá de lo hecho hasta ahora para que el linchamiento mediático no merme la confianza que les tiene el presidente de México, ni de cabida a un escenario de mayor descomposición.
Ante la duda pública una revisión a las estructuras no le caería mal a nadie y sería bien vista por todos.
posdata
Veámoslo de esta manera: cuando el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo acudió hace un par de semanas a la Ciudad de México a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos delictivos y vínculos de personajes de la vida pública estatal por supuestos nexos con grupos de la delincuencia organizada, lo que el jefe del ejecutivo solicitó al gobierno de México es que investigara lo que ocurre en Morelos. No lo hizo ante las fiscalías locales, dijo, porque no eran confiables al ser parte del problema y brindar protección al gobierno anterior.
Lo que hace unos días pidió el excomisionado de seguridad Alberto Capella a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia es que el gobierno federal investigue los presuntos nexos que existen entre figuras de la vida pública estatal con personas y grupos de la delincuencia organizada.
Con un enfoque distinto y apuntando cada uno hacia el lado opuesto, pero en ambos casos lo que los demandantes piden a la Fiscalía General de la República es que actúe, que investigue los posibles nexos que habría entre figuras de la vida política local y/o autoridades con grupos y personas de la delincuencia organizada.
¿Se animará la FGR a actuar?
nota
El problema de polarizar tanto el ambiente político estatal es que pronto comenzarán a retomarse viejos temas de debate que temporalmente fueron olvidados, pero siguen vivos porque existen investigaciones y procesos abiertos.
Tanto en la administración pasada como en la actual y en los tres poderes del estado subyace temas espinosos, casi todos legalmente vigentes, algunos con elementos que podrían derivar en acciones judiciales y otros que simplemente se prestan al escarnio público.
En el gobierno de Graco Ramírez sigue latente la investigación sobre presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de primer y segundo nivel, casi todos ellos relacionados con el manejo de los recursos y las finanzas del estado. Ahí destacan personajes como Sergio Beltrán Toto, Andrik Ruíz de Chávez, Jorge Michel, Armando Sanders y Patricia Izquierdo. Si volteamos a ver al Poder Judicial la lista la encabeza la expresidenta Carmen Cuevas y en los ayuntamientos, por supuesto, los sujetos señalados son Manuel Agüero y Antonio Villalobos.
También en la administración actual existen investigaciones que se han ventilado y podrían volver a generar polémica; me refiero de manera especial a la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos y a su titular Efrén Hernández Mondragón, quienes aparecen en distintas carpetas de investigación que obran en poder de dependencias federales. Lo mismo podría decirse de los congresos local y federal, en donde más de un representante popular es observado por dependencias de seguridad derivado de sus relaciones con distintos personajes sujetos a investigación o detenidos.
El punto es uno: el nivel de confrontación que estamos viendo en la entidad da pie a que múltiples temas entren al debate sin control y sin pruebas, es decir, que uno a uno se vayan añadiendo asuntos que si bien pueden no tener sustento o alcanzar un proceso formal, fácilmente se acomodarían en el terreno de la polémica, desgastando a los actores de la vida pública y enrareciendo cada vez más el ambiente político local.
Hasta ahora muchos personajes de la vida pública se han encargado de mantener vivo el escándalo sobre los diversos problemas que vive el estado, sin tomar en cuenta que por esta vía lo único que se provoca es agudizar la descomposición social. Algunos ya se dieron del rumbo que siguen las cosas, llaman al diálogo y advierten del peligro de que prevalezca el encono.
Lo que sucederá si se prolonga más este panorama es que casi toda la clase política estatal, en particular dos de los tres poderes del estado, entrarán a una espiral de conflicto la que no van a salir bien librados.
Pelear es sencillo; conciliar es la verdadera virtud de la política.
post it
“Algunos trabajadores ausentes que se podrían identificar como aviadores, son trabajares que en veinticuatro días no han estado presentes; no vamos a generar de manera irresponsable un pago mecanizado a todos, hemos pagado a más de ochocientos sindicalizados, hemos pagado a más de doscientos trabajadores de base, hemos pagado a policías y trabajadores de secretaria de seguridad ciudadana, hemos pagado a cada uno de los trabajadores del ayuntamiento y hoy nos toca la tarea de administrar y vigilar el pago de los ex trabajadores... Estamos trabajando con la Consejería Jurídica y la Contraloría para conocer el caso de cada uno de ellos… nos dejaron un caos” Así habla el secretario de administración Israel Yudico del ayuntamiento de Cuernavaca respecto a la nómina capitalina y los “aviadores” que les heredó el gobierno de Antonio Villalobos.
Dejar de pagarles a quienes no acuden a trabajar está bien, pero lo correcto, lo responsable, es actuar formalmente contra quienes afectaron de cualquier forma el patrimonio de Cuernavaca.
El daño causado por Antonio Villalobos, Laura Mendizabal y José Quiñones a Cuernavaca es imperdonable. Pasarlo por alto sería complicidad.
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¿Y se dieron cuenta en Morena que el desgaste de Cuauhtémoc Blanco también los desgasta a ellos?
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