¿A quien conviene la crisis?
Generar confusión para descomponer el ambiente social es relativamente fácil, sobre todo para los actores políticos. En las últimas semanas Morelos ha sido observado desde muchos lados por los escándalos que enmarcan la relación entre poderes; primero fue la demanda del Poder Judicial para que le asignaran más dinero en el presupuesto, luego el conflicto al interior del congreso y finalmente las acusaciones contra el gobernador. Los problemas en Morelos son constantes y surgen desde muchos lados.
Lo que prevalece en el panorama del estado es el conflicto. Por un lado están los legisladores que se atacan entre sí y algunos de ellos apuntan sus fusiles hacia el gobernador; luego están las manifestaciones que hacen distintos actores de poder, vigentes y en la banca, resaltando la grave situación de inseguridad, violencia y supuestos nexos con la delincuencia organizada.
Los últimos años esa ha sido la constante: peleando todos contra todos, instituciones que se dividen en varios bandos y sujetos con poder que aprovechan la menor oportunidad para crear polémica y enrarecer las cosas. Recordemos lo dicho por el fiscal Uriel Carmona, cuando resaltó que mandar el mensaje de que entre autoridades hay enfrentamientos a los únicos que favorece son a los delincuentes. Cierto.
Imaginemos cómo están las cosas en las policías o en las fiscalías cuando lo que se percibe es un choque permanente entre el gobernador y los fiscales, entre el comisionado de seguridad y los fiscales y entre el fiscal general, el jefe del ejecutivo y el comisionado de seguridad o entre el fiscal anticorrupción y todo aquel que le cae mal. ¿Cómo pueden las instituciones funcionar correctamente cuando sus titulares en lugar de coordinarse están divididos?
Una forma de ver la polémica actual está ligada indiscutiblemente a la compleja situación que vive el estado en materia de seguridad; los constantes hechos de violencia, el incremento de los niveles delictivos en todos los municipios y los visos de complicidad entre autoridades y delincuentes.
Pero otra forma de observar la situación es desde el ángulo electoral, porque sin restarle gravedad social al tema, hay actores de poder que utilizan este tipo de escenarios para lucrar con la crisis y sacar raja personal de los problemas.
Veámoslo así: varios de quienes alzan la voz señalando la crisis de violencia e inseguridad forman parte del mal, pues recientemente fueron alcaldes, son legisladores o en el pasado reciente tuvieron cargos públicos desde los cuales pudieron hacer algo para que la situación fuera diferente.
Siendo francos, la mayoría de quienes desde el ámbito político se han subido al debate mediático lo hacen con la intención de capitalizar la situación; me refiero a quienes acaban de dejar un espacio municipal y ahora se dan cuenta de los problemas; peor: quienes en la administración pasada defendían la estrategia de seguridad estatal de Graco Ramírez y hoy acusan como si ellos hubieran hecho mejor las cosas.
El debate actual no es solo por la inseguridad, la polémica es permanente y se desata casi por cualquier situación con el único requisito de atacar la imagen del gobernante y afectar la credibilidad del gobierno. Esto tampoco es un juego: quienes se suben a esta dinámica tienen claro que lesionar la imagen y credibilidad del ejecutivo y de Morena es el único medio por el cual pueden generarse condiciones de triunfo en el 2024.
No es lo mismo la crítica que sobre el actuar de las autoridades y de los gobernantes que hace un ciudadano común, cuyas razones y argumentos siempre son válidos, que las emitidas por personajes que forman parte del escenario político local, vigentes o en la banca, pero con intereses en el proceso electoral venidero.
Para que el PAN, el PRI o cualquier otro partido de oposición crezca electoralmente, se necesita mucho tiempo y que las cosas cambien abruptamente en la entidad, es decir, que el partido mejor posicionado y sus gobiernos cometan errores que los alejen de la sociedad y los vuelvan menos atractivos a los ojos del votante. Esto se puede explicar de la siguiente forma: más que a crecer, la oposición apuesta porque Morena se caiga.
Aquí está el verdadero objetivo del debate en muchos de quienes forman parte del escenario de poder: critican, acusan, señalan errores y magnifican hechos, pero hasta ahora son incapaces de presentar una denuncia formal o de emprender una acción legal concreta contra quienes, dicen, son los causantes del problema.
Aunque la situación en Morelos es muy delicada producto de los diversos conflictos sociales y el alza en los niveles delictivos y de inseguridad, mucho de lo que se ve y se escucha en el discurso político es parte de un duelo de poder con objetivos electorales. Personalmente me parecen validas todas las críticas de ciudadanos, empresarios, comerciantes, amas de casa y estudiantes que están molestos con la situación y los presuntos nexos delictivos con autoridades, pero no veo de la misma forma las expresiones furibundas de la clase política, ni mucho menos las de los excolaboradores de Graco Ramírez que hasta hace poco defendían este mismo escenario con un gobernador diferente.
Pero el análisis no está en la descalificación de las declaraciones oportunistas de algunos actores políticos, sino en la gravedad de apostar por un deterioro del ambiente público que únicamente beneficia a quienes se mueven al margen de la ley. Por supuesto que no se trata de callar ante un panorama complicado que es totalmente responsabilidad de las autoridades, sino de poder llegar a un punto en el que, sin pasar por alto errores y equivocaciones, se permita a las instituciones realizar su trabajo.
Para que esto suceda todas las figuras de poder, las de hoy y las de ayer, las que ocupan un cargo de representación popular, quienes están en un puesto público o de alguna manera influyen en el estado, deben priorizar las cosas tomando en cuenta que por el camino por el que vamos perdemos todos.
Pedir empatía a los políticos es muy difícil porque para ellos esa palabra solo existe en el discurso. Basta recordar la manera como han actuado cada vez que ocupan un cargo público para darse cuenta de la falsedad de sus palabras.
Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.
posdata
La titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca Evelia Flores confirmó este lunes que el SAPAC arrastra una deuda superior a los mil millones de pesos; 700 millones más que los 300 que aseguraba Antonio Villalobos que dejaría. La situación del organismo es de tal gravedad que el Sapac, dice, está al borde del colapso.
Hace un par de días el alcalde José Luis Urióstegui acudió al congreso local para solicitarle a los diputados que se le autoricen cambios en las leyes de ingresos del municipio, el objetivo es elevar multas y establecer nuevos impuestos para empresas telefónicas y de luz que utilizan los espacios públicos sin pagar por ellos.
Conforme avanzan los días el nuevo alcalde capitalino se está dando cuenta de la grave situación en la que se encuentra la ciudad, en gran medida derivado de los abusos y corruptelas de los Villalobos; a pregunta expresa José Luis Urióstegui afirma que no hay pacto de impunidad con el gobierno anterior, pero esperarán hasta tener pruebas contundentes para que las denuncias no se caigan por falta de pruebas, como siempre ha sucedido.
El bono social que dejó la elección pasada a Urióstegui es un elemento que juega de su lado, pero el margen de maniobra y la tolerancia social no será mucha, derivado de los múltiples problemas que dejó Antonio Villalobos a Cuernavaca.
Ergo: o actúa rápido o pronto la opinión pública comenzará a serle adversa.
nota
La mañana del lunes amenazaron a la diputada local del partido Movimiento Ciudadano Luz Dary Quevedo; a una cuadra de su casa abandonaron un cuerpo sin vida con una cartulina al lado con un mensaje de amenaza en contra e la representante popular.
Unas horas más tarde la exalcaldesa de Tetecala se apersonó en las instalaciones de la fiscalía general del estado para presentar una denuncia por el delito de amenaza; en una carta pública Luz Dary Quevedo lamentó la muerte de esa persona, el clima de violencia que impera en la entidad y llamó a las autoridades para prevenir la ola de inseguridad que azota la entidad.
Al tiempo de descartar cualquier vínculo con grupos delictivos, la diputada no descartó la posibilidad de que el hecho pudiera “ser un acto ruin de carácter político” con el objetivo de amedrentarla, intimidarla y limitarla en su trabajo como representante popular.
El tema en cuestión es sumamente delicado y difícilmente se puede considerar un hecho de carácter político, porque junto a la amenaza estaba el cuerpo sin vida, embolsado, de una persona. ¿Qué político es capaz de asesinar para mandarle un mensaje a su rival? ¿De qué tamaño debe ser el encono o el conflicto con la legisladora para que su nombre este vinculado a un hecho de este calibre?
Luego de conocerse la amenaza, la exalcaldesa de Tetecala afirmó que teme por su vida y tiene razones de sobra para decirlo; tristemente las amenazas y las agresiones de género se han convertido en algo cotidiano en nuestro país, pero mandar un mensaje acompañado de un cuerpo sin vida es por mucho, un acto fuera de lo ordinario y que no a cualquiera le sucede.
La diputada ha estado envuelta en polémica desde hace tiempo por supuestas relaciones con grupos de la delincuencia organizada; se le relacionó de manera estrecha con la Jefa y durante su mandato se le imputaron actos que si bien no fueron comprobados, tienen que ver con este tipo de situaciones.
Es lamentable que se amenace a la legisladora y es prudente que ella presentara denuncia por los hechos. Ojalá las autoridades reaccionen en este y en todos los casos donde está de por medio la vida de alguien.
Una amenaza así no la recibe cualquiera. Al último que le enviaron algo así fue al senador Ángel García Yáñez.
post it
¿Por qué Morelos no es tan competitivo para la inversión en comparación con otros estados? Se pregunta y se responde la secretaria de desarrollo económico Cecilia Rodríguez, a propósito del traslado de una línea de producción de la planta Nissan en Civac a su filial de Aguascalientes.
Los costos energéticos y logísticos son fuertes en Morelos y otros estados son más competitivos que nosotros, reconoce; estamos haciendo el diagnóstico de lo que sucede, pero en principio se ubican tres aspectos determinantes: costos altos de energía, logística operativa y lo laboral, dice la funcionaria estatal.
El cierre de una línea de producción de autos de la marca japonesa representó el despido de más de quinientos trabajadores de la fábrica; esta decisión se suma a los ajustes que desde hace un par de años realiza la empresa en su planta de Jiutepec derivado de la pandemia, la falta de insumos y algunos conflictos laborales.
Estos temas rebasan la capacidad de la secretaria del ramo, pero deben obligar al gobierno estatal a trazar un plan de acción para subsanar los problemas que enumeró Cecilia Rodríguez y que de no atenderse pueden replicarse en otras factorías.
La pérdida de tantos empleos no es un tema sencillo y las consecuencias de este ajuste laboral se reflejarán de muchas maneras; la pandemia ha provocado el cierre de cientos de fuentes de empleo, México enfrenta una recesión técnica y la inflación ha alcanzado máximos históricos en perjuicio de todos.
Ojalá la secretaría de Desarrollo Económico este a la altura del momento que vive el estado y sus decisiones ayuden a paliar la crisis en la entidad. Hasta el momento los resultados de su oficina han sido pocos, mucho menores a los de administraciones pasadas.
redes sociales
El fin de semana llegaron a Morelos elementos de la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional; reforzarán la seguridad en los 36 municipios, informó a través de un comunicado el gobierno estatal.
El alcalde de Cuernavaca dijo desconocer si los efectivos federales estarían en la capital, aunque dijo que su gobierno está preparado para brindar seguridad a la población a través de la prevención.
¿Será que no se enteró porque no está en el Mando Coordinado de Policía?
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