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SERPIENTES Y ESCALERAS

Un congreso con dos caras

La parálisis en la que se encuentra el congreso de Morelos derivado de sus conflictos internos tiene diversas connotaciones y costos que deberán pagar los veinte integrantes de ese poder. Lo que vemos en la cámara no es nuevo, ha ocurrido en todas las legislaturas, pero nunca tan pronto como ahora. En tres meses los legisladores echaron por tierra las expectativas que la gente tenía de ellos y se colocaron al nivel de las peores representaciones populares que ha tenido la entidad. Recuperarse de lo que han hecho será muy difícil.

Independientemente de quien tenga la culpa o de las razones por las cuales la situación se ha polarizado tanto, lo que está a la vista es una legislatura en donde sus veinte integrantes están pagando un precio muy alto por sus enfrentamientos. A pocos les interesa lo que en términos jurídicos o constitucionales implica una parálisis legislativa, pero muchos están atentos al devenir de un espacio de poder que generó muchas expectativas ciudadanas y muy rápido se vino abajo.

El deterioro de la imagen de la cámara de diputados deriva de varias situaciones, todas complejas y difíciles de matizar. Formalmente hablamos de una parálisis con implicaciones muy serias entre las que se enumera, entre otras cosas, el rezago de más de 4 mil solicitudes de jubilación que se han acumulado en el congreso y que no avanzan porque los diputados no se ponen de acuerdo entre ellos. Eso sin contar, por supuesto, los temas referentes a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, los nombramientos en los demás organismos que no han podido renovarse y las decisiones parlamentarias que se encuentran postergadas por la misma situación, incluyendo el paquete económico 2022 y las leyes de ingresos municipales.

Estos retrasos han obligado al poder Ejecutivo a recurrir a una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ese máximo órgano judicial quien aclare cuál es la conformación de la cámara. Esta acción legal tiene una enorme trascendencia porque podría marcar un precedente nacional en este tipo de situaciones si en algún momento los magistrados conceden la razón a las damas del G8. Por lo pronto la SCJN dio entrada a la controversia, lo que implica que, en independencia al respeto entre poderes, consideran que hay materia de análisis en el tema.

Un aspecto jurídico más que vale la pena observar en torno a la parálisis es que cualquiera de los cuatro mil solicitantes de jubilación que llevan años o meses esperando una respuesta a su petición podrían iniciar una acción legal contra los diputados por que la inoperancia en la que se encuentran representa una violación a sus derechos jurídicos y humanos. Y tienen elementos legales para que una autoridad judicial acepte su reclamo.

Luego está la parte mediática y política:

De los veinte legisladores que conforman la cámara de diputados, cuatro sobresalen por tener capital político propio y aspiraciones rumbo al 2024, el principal es Agustín Alonso. Son ellos, Alonso, Francisco Sánchez Zavala, Alberto Sánchez y Luz Dary Quevedo quienes más pierden en esta crisis porque el conflicto político les ha comenzado a cerrar puertas. El exalcalde Agustín Alonso, por ejemplo, aspiraba a ser candidato de Morena en el 2024 y con lo que está sucediendo en el parlamento local esa posibilidad ha quedado totalmente descartada.

También están los escándalos mediáticos de algunos representantes populares que si bien no forman parte formal del quehacer legislativo, dañan tanto o más que los problemas institucionales; en este plano se anota la polémica por la compra de una camioneta de casi un millón de pesos por parte de la diputada Andrea Gordillo, el despido de trabajadores por un asunto personal adjudicado al diputado Julio César Solís o el intento de crear un fondo multimillonario para que el congreso lo manejara de manera discrecional, idea del diputado Eliasib Polanco.

Los integrantes de la 55 legislatura de Morelos están escribiendo un manual de cómo hacer mal las cosas y como siempre parece que los representantes populares no acaban de dimensionar el tamaño del desgaste que están sufriendo porque sus grupos de asesores les dicen lo contrario. La parálisis legislativa les pega a los veinte diputados, pero a quienes más daña es a quienes tienen la responsabilidad de conducir la cámara.

El G11 puede sentirse confiado de que al ser mayoría y haber quitado las comisiones a sus adversarios tienen el parlamento en su poder, pero esa victoria es pírrica porque sin los votos del G8 tampoco pueden avanzar en temas de fondo y lo que queda es una inoperancia total que los desgasta como institución.

Ayer el diputado Agustín Alonso reconoció que dentro la división en el congreso es fuerte, que las posiciones están muy polarizadas y no es nada fácil construir y caminar por una sola línea; “Soy muy optimista porque creo que si pensamos en las necesidades del pueblo de Morelos y dejamos de lado los egos y las formas de pensar de cada uno lo podemos lograr… todo lo que tenemos de rezago, porque hay muchísimo rezago que viene de legislaturas atrás pero hoy es nuestra responsabilidad, tenemos que sacarlo adelante porque lo prometimos… veníamos trabajando muy bien y de repente nos partimos”.

El problema de esta legislatura está en el doble discurso con el que se manejan muchos legisladores que por un lado hablan del compromiso ciudadano y públicamente llaman a la unidad y en privado hacen lo contrario. La situación en la que se encuentra la cámara de diputados de Morelos no es culpa ni responsabilidad de una sola persona, es consecuencia del actuar y la postura de los veinte representantes populares que no están a la altura de las necesidades del estado y del momento político que viven.

Precisamente por ello para la mayoría este será su debut y despedida en política

posdata

Los trabajadores despedidos por la empresa Nissan Mexicana reclaman despido injustificado y exigen a la empresa más dinero. De principio, por tratarse de un recorte masivo de personal la situación llama la atención y genera solidaridad con la base laboral, pero habría que entender lo que hay más allá del grito mediático de los obreros.

La armadora de autos de Civac, igual que toda la industria automotriz del mundo, sufre un problema mayúsculo por el desabasto de componentes, lo que ha obligado a reducir horarios y suspender plazas desde hace meses. La decisión reciente de despedir a medio millar de trabajadores tiene que ver con el cierre de la Línea Uno de producción en la que participaban alrededor de 800 personas.

El impacto de esta decisión es evidente no solo en las familias de los afectados, sino en toda la economía local, como hace unas semanas lo advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Antonio Sánchez Purón. El cierre de la línea uno, donde se ensamblaba el modelo Versa, impacta también a proveedores directos e indirectos.

La compañía japonesa ajustó su plantilla laboral y al hacerlo, dijeron, se otorgaría una liquidación completa a todos y cada uno de los trabajadores afectados. El problema es que muchos de los obreros despedidos no están de acuerdo en la liquidación al cien por ciento porque exigen un quince por ciento más de lo que marca la ley. Aquí entró en escena el diputado Agustín Alonso.

Se entiende que los trabajadores despedidos estén enfadados por el recorte, pero la liquidación que marca la ley en un momento de crisis como el que se vive en México no es una mala negociación, sobre todo cuando Nissan está tratando de mantener a flote al resto de las fuentes de empleo.

La apuesta por sacarle más dinero a la armadora es un abuso al cual se está prestando el diputado Agustín Alonso; quizá en un ánimo de ganar reflectores y hacerse notar el exalcalde se quiere asumir como el redentor de ese grupo, pero esta acción ilegal, porque la empresa está cumpliendo con una liquidación al cien por ciento, podría hacer que la compañía optara por cerrar totalmente la planta y trasladara toda su operación a Aguascalientes, como se ha especulado desde hace años.

¿A qué le apuesta el diputado Agustín Alonso abanderando una causa así? ¿No le preocupa que, al presionar a la empresa, más trabajadores se queden sin empleo? ¿De qué forma, en un contexto económico tan complejo como el que vivimos actualmente en el mundo, un diputado puede exigirle a una compañía que pague más de lo que la ley establece?

Ya entrados en el tema de despidos, el diputado Agustín Alonso podría solidarizarse también con los más de cien empleados que su legislatura acaba de correr sin otorgarles un peso de indemnización.

Dice el refrán: candil de la calle, oscuridad en casa.

nota

Los problemas por carencia de agua en las colonias de Cuernavaca se agravan rápidamente porque la CFE ha comenzado a cortar el suministro de energía a los pozos por falta de pago. Obvio: la tregua que logró el gobernador Cuauhtémoc Blanco con la CFE se acabó con el 2021 y nunca fue entendida ni por la administración saliente ni por la entrante, como un espacio en el que se debió atender el fondo del problema.

La crisis en el Sapac es millonaria y no se ve por donde se pueda resolver sin dinero; distribuir agua a través de pipas no es lo mejor, porque además de lento y complicado es sumamente caro.

Y ojo: la temporada de estiaje aún no comienza.

post it

Siempre es interesante la columna de Héctor de Mauleón, pero a los morelenses llama más la atención cuando aborda temas locales, como lo ocurrido hace unos días en el municipio de Tetecala, cuando le dejaron un mensaje a la diputada del partido Movimiento Ciudadano Luz Dary Quevedo.

Recuperemos parte de lo escrito:

“Entre 2018 y 2019 cayeron en Tetecala varios líderes y operadores del grupo de Los Rojos, entre ellos dos sujetos apodados El Mocho y El Primo. Tetecala era, con Amacuzac, Puente de Ixtla y Acatlán, uno de los municipios en donde el principal cabecilla de esta organización, Santiago Mazari Miranda, El Carrete, había sentado sus reales. Desde ahí operaba secuestros, ejecuciones, narcomenudeo, cobro de piso y extorsión… Tetecala forma parte del corredor de sangre y fuego que conecta con la ingobernable jungla criminal del estado de Guerrero. Fue ahí donde el lunes pasado vecinos descubrieron un cadáver, con la mitad del cuerpo metido en una bolsa, y con un tiro en la cabeza, que durante la madrugada había sido abandonado a unos pasos de la casa de la diputada local de Movimiento Ciudadano, y dos veces alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo Camacho. “Aquí tienes tu regalo Luz Dary. Por no respetar los acuerdos”, decía el mensaje. La nota apareció en un contexto enturbiado por la guerra mediática que, al lado de la guerra criminal, están llevando a cabo los grupos políticos de Morelos. Presidenta municipal de Tetecala entre 2016 y 2021 –en los años del declinaminento de Los Rojos y de la entrada de grupos como el que dirige El Señorón–, la hoy diputada Luz Dary Quevedo es uno de los personajes que apareció retratado al lado de Esther Yadira Huitrón, alias La Jefa, detenida en Oaxtepec a finales del año pasado… Esther Yadira y la legisladora posaban sonrientes en fiestas, reuniones y actos políticos. “En Morelos, toda la clase política se conoce, y a mí me habían invitado a formar parte de Redes Sociales Progresistas, oferta que decliné”, se ha justificado esta última. Del mismo teléfono en donde se hallaron las fotos de ambas procedieron, según fuentes de inteligencia, las imágenes explosivas en las que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aparece al lado de tres de los criminales más buscados en el estado: los líderes de Guerreros Unidos, el Comando Tlahuica y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Quevedo Camacho forma parte del G-11, un grupo de legisladores que varias veces se ha enfrentado con el gobernador Blanco, y que el 13 de enero pasado recurrió a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de Morelos así como a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, para exigir que el mandatario sea investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Quevedo Camacho forma parte, a su vez, del grupo de presuntos “narcopolíticos” al que Blanco denunció el pasado 17 de enero ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada… Ahora, Luz Dary Quevedo ha interpuesto una nueva denuncia contra quien resulte responsable del asesinato del desconocido arrojado prácticamente contra su puerta: un nuevo capítulo en la guerra criminal y en la guerra política que desde hace tres meses no deja de escalar en el estado.”

redes sociales

Hay personajes de la vida pública que a través de cuentas de Twitter con unos cuantos seguidores intentan incidir en la opinión pública; obvio, ocultando su nombre porque son impresentables.

¡Cositas!

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