Cuernavaca, Morelos.- Entre 250 y 600 millones de pesos oscila el monto estimado para el rescate financiero de los municipios, adelantó el director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Francisco Velázquez Adán.
Externó que ha tenido conocimiento que este asunto aún está en análisis por parte del Congreso del estado, puesto que se está buscando que sea un rescate seguro para que los ayuntamientos salgan de los problemas por laudos y demandas que se van presentando por parte de ex trabajadores.
“Es un tema que tiene que ser bien cuidado, están hablando de un monto aproximado de entre 250 y 600 millones de pesos, -pero- con 600 millones de pesos no se alcanza a terminar el tema del pago de los laudos”, consideró al sostener que no hay una cantidad exacta del total de las deudas en los municipios, ya que las denuncias aumentan
constantemente.
Velázquez Adán apuntó que la cifra de los laudos la tendría la Secretaría del Trabajo, sin embargo, apuntó, se sabe que son más de tres mil demandas laborales las que hay en la entidad, algunas en etapa de ejecución y otras que ya ordenan la destitución de los alcaldes, por lo que insistió que estarán en espera de que se haga oficial el rescate financiero.
“Lo cierto es que sería diferente para cada municipio. Este Fideicomiso que se conformaría con este refinanciamiento no solamente sería contemplando el pago de las demandas laborales de los trabajadores en proceso, sino también contempla el pago de una liquidación a los equipos de trabajo que llegaron con esa administración y evitar el tema de demandas laborales posteriores”, explicó el director de Idefomm.
Asimismo sostuvo que el rescate está abierto a los 33 municipios puesto que todos enfrentan laudos, aunque en menor medida Tlayacapan y Mazatepec. Finalmente, dijo, los ayuntamientos han comprendido la importancia de atender estos casos para evitar problemas posteriormente.
En tanto, abundó en que los municipios continuarán recurriendo a los amparos para evitar la destitución de las autoridades, al señalar que es la vía jurídica que tienen en este momento.