El uso de plataformas digitales, redes sociales y de sus promotores – influencers, artistas o figuras públicas – para posicionar discursos políticos, está en juego ante los próximos comicios, ya que no hay avances en la regulación de sus contenidos.
A finales de junio pasado, las organizaciones Tec-Check, What the Fake y Los Supercívicos presentaron una iniciativa denominada #LeyInfluencerYA con el propósito de garantizar a las audiencias y al electorado información fidedigna respecto a las campañas electorales
El proyecto busca fomentar la discusión pública sobre las responsabilidades que tienen los creadores de contenido, actualizar la normatividad de la publicidad para las campañas que se realizan desde redes sociales y crear un sistema de monitoreo desde la sociedad civil que muestre malas prácticas, como la propaganda engañosa.
A casi un año de que se presentó la propuesta ciudadana y de que Tec-Check, asociación de consumidores en línea, canalizara diversas denuncias contra el PVEM al Instituto Nacional Electoral, ninguna autoridad ha puesto en marcha alguno de los puntos incluidos en la solicitud. De acuerdo con su director, Maximilian Murck, están a la espera de que el Poder Legislativo retome la propuesta y se concrete su implementación en 2022.
“Hay que enfatizar que mientras en otros países ya hay una regulación y discusión pública sobre el rol de las y los influencers, en México seguimos sin una revisión crítica de las posibles amenazas que estos personajes representan para la publicidad transparente”, expresa el maestro en economía internacional por la Universidad de St. Andrews.
Agrega que actualmente la iniciativa cuenta con más de 25 mil firmas en la plataforma change. org y que hay dos representantes ciudadanas interesadas en la #LeyInfluencerYa, una senadora y una diputada, por lo que a mediados de este mes entregarán las firmas de forma física para avanzar con el proceso de regulación.
Maximilian Murck dice que también algunos influencers, agencias de marketing y profesionales de relaciones públicas se han acercado a la asociación para discutir la propuesta, por lo que prevén definir nuevas mesas de trabajo en donde también se sumen representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), académicos y voces de la sociedad civil.
“La Profeco, a inicios del año pasado, elaboró en conjunto con el sector privado el Código de Ética en materia de Comercio Electrónico. Se trata de un intento de autorregulación por parte de la industria; no obstante, se ha ignorado desde sus inicios. Esperamos explorar áreas de cooperación con la Procuraduría en favor de la publicidad transparente, adecuada e identificable para la población consumidora”, manifiesta el especialista.
Sin embargo, ya está en curso otro proceso electoral y los tiempos parecen no estar a favor de una jornada sin sobresaltos en materia legal, debido a que en diversas ocasiones los partidos políticos han violado las reglas de la competencia por la nula regulación de contenidos en redes sociales.
Influencers, proselitismo o libertad de expresión
Durante el periodo de veda electoral de las elecciones federales del 2015, diversos personajes de la industria del espectáculo, del ámbito deportivo y musical, difundieron mensajes en Twitter alusivos al Partido Verde.
Esto provocó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutiera los alcances de la veda y determinó que para que exista una vulneración de esta, deben presentarse tres elementos: el temporal, el material y el personal.
El primero de ellos hace referencia a que la conducta, propaganda o difusión en favor de un ente político, se realice el día de la jornada electoral y/o los tres días anteriores a la misma, y una vez que concluyó el periodo de campaña.
Lo material tiene que ver con la realización de reuniones o actos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral; y lo personal contempla que la conducta sea realizada por partidos políticos, mediante sus dirigentes o militantes, candidatos o simpatizantes.
En cuanto a la libertad de expresión en el contexto de un proceso electoral, se determinó que tiene una protección especial en pro del debate público, y se potencia tratándose de internet, ya que las características que tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la información.
Tras este fallo, el TEPJF determinó que la emisión de esos mensajes no se trató de un auténtico ejercicio de la libertad de expresión, sino que fue una estrategia propagandística, por lo que ordenó a los involucrados eliminar cualquier publicación en apoyo al Partido Verde e impuso una multa de siete millones de pesos.
En 2021, el partido que dirige Karen Castrejón Trujillo repitió la fórmula al contratar a más de 104 influencers, quienes publicaron mensajes de apoyo a través de sus cuentas de Instagram. Estos actos le valieron una multa de 40.9 millones de pesos al instituto político y la suspensión por un año de spots en radio y televisión.
“El ejemplo del PVEM evidencia que las y los influencers no solamente son un riesgo para nuestro derecho a la publicidad transparente, adecuada e identificable, sino también pueden ser un riesgo para la formación de voluntades políticas y el funcionamiento de la democracia mexicana.
“Tal como está la situación, cualquier candidato o candidata puede acercarse a estas personas para tener acceso directo a millones de posibles votantes sin pagar ni un peso oficialmente.
“La compensación para la o el influencer podría ser de forma no monetaria, por ejemplo, con atención mediática para la propia marca, acceso a reuniones con empresarios, etcétera”, afirma el director de Tec-Check.