De la “preocupación por los periodistas asesinados en México” (siete en 60 días de los primeros tres meses del año), el presidente López Obrador hizo ayer memoria de lo publicado y dicho por The Washington Post y el secretario de Estado Antony Blinken.
En efecto, fuera del país eso se ha expresado reiterada y enfáticamente, pero no solo por tales crímenes, sino también por el recurrente hostigamiento de AMLO al ejercicio periodístico.
Tanto va el cántaro al agua desde el poder de los poderes mexicano que ayer, por mayoría de 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, el Parlamento Europeo pidió que el gobierno garantice la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.
Los eurodiputados observan “con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”.
Y advierten que “la retórica de abuso y estigmatización” que busca denigrar e intimidar a informadores y propietarios de medios y activistas, “genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”.
Si llamó la atención que en pleno inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania el subsecretario y el secretario de Estado del gobierno estadunidense alertaran en el mismo sentido, sorprende aún más que el PE se ocupara de este deplorable asunto mexicano cuando hay bombazos y combates en su territorio.
Para mayor bochorno, la nueva y multinacional advertencia se dio de manera simultánea a una embestida más de López Obrador contra periodistas.
En su conferencia matutina, volvió a arremeter contra lo que imagina una pandilla de opositores corruptos y profirió la mentira de que algunos oficiantes que alucina fueron sonsacados por Latinus para operar como agentes dobles, manteniendo la fachada de sus actuales y denostados “medios tradicionales”.
Los diputados europeos piden al gobierno de AMLO abstenerse de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a periodistas y trabajadores de medios y a los defensores de los derechos humanos, 68 de los cuales han sido victimados en los tres años y fracción que van desde que tomó protesta López Obrador.
De amargo pilón, expresan que las reformas constitucionales a los sistemas judicial y electoral impulsadas por el lopezobradorismo siembran dudas respecto de la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad jurídica, y se muestran asimismo preocupados por las agresiones a instituciones de la sociedad civil que cuentan con apoyos financieros extranjeros (se infiere que aluden a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad).
Basados en datos de la Secretaría de Gobernación, señalan que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra” y ven “con preocupación, las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor…”.
¿Así o más claro?
Carlos Marín