La Suprema Corte se juega hoy credibilidad y prestigio cuando discuta y resuelva dos amparos, de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, a quienes su pariente político, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó del homicidio por omisión de su hermano Federico, en 2015. La discusión es de interés nacional por la forma como Gertz Manero revivió un caso como fiscal que sistemáticamente había perdido como ciudadano. Si la mayoría vota a favor de los amparos, el fiscal quedará en entredicho y exhibirá que abusó de su poder para encarcelar a su excuñada y su hija. Si el voto es contrario o se lavan las manos, quedará la idea que el miedo pesó más que la legalidad, y lo timorato más que el compromiso con la justicia, cediendo a las presiones y amenazas del fiscal.

El caso tomó velocidad vertiginosa la semana pasada al ser utilizado por personas o grupos poderosos muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador para desacreditar al fiscal y descarrilarlo, difundiendo audios que mostraban el uso del cargo para fines personales, contubernios al más alto nivel de la Suprema Corte y la forma déspota y atrabiliaria que lo ha caracterizado por años. El objetivo de descarrilarlo para evitar que siga el cerco sobre el exconsejero jurídico Julio Scherer y un grupo de abogados cercanos a él fracasó hasta este momento. El Presidente, por ahora y pese a las presiones internas, no piensa solicitar su remoción al Senado y ordenó apoyo total a Gertz Manero.

López Obrador ha apoyado al fiscal sin tomar en cuenta si abusó o no de su cargo, o violentó la ley. Lo ha reducido de manera conveniente a que es un asunto personal donde tiene derecho a pedir justicia. Es cierto, pero no utilizando los recursos de la Fiscalía General de la República, destinando más energía en una vendetta personal que en combatir al crimen organizado. Sin embargo, los incentivos invertidos en este gobierno son el sello del lopezobradorismo.

Como ayuda de memoria, este caso comenzó el 4 de agosto de 2015, cuando Gertz Manero acusó a Cuevas y a Morán por el presunto delito de homicidio doloso por no haber cuidado de Federico cuando estuvo enfermo en el hospital. La acusación fue desestimada porque no se encontraron elementos, al concluir que su hermano había muerto por una “congestión visceral generalizada”. Gertz Manero perdió todas las instancias donde apeló el fallo, pero no se resignó. Tan pronto llegó a la Fiscalía General, reactivó el caso.

Lo hizo a través de Juan Ramos, con quien habla Gertz Manero en los audios difundidos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, abogado para los asuntos personales de su jefe y director de la Escuela de Derecho y apoderado jurídico de la Universidad de las Américas, AC, en la Ciudad de México, propiedad del fiscal. Ramos manipuló a la fiscalía capitalina a través de Facundo Santillán, a quien conoció cuando era asesor de Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo presentó con Rodrigo de la Riva, que era coordinador general de Investigación Estratégica en la ex Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. De la Riva murió por complicaciones de Covid-19 en octubre. Era alfil de la entonces secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez. Santillán trabaja actualmente con ella en la Secretaría de Seguridad.

En menos de dos meses Gertz Manero obtuvo los primeros resultados. La fiscalía capitalina cambió sus criterios y pidió una orden de aprehensión contra Morán, de 94 años, y Cuevas, de 68. Pese a ello, volvió a perder en los tribunales. A mediados de septiembre pasado, la jueza federal Patricia Marcela Díez Cerda invalidó la orden de aprehensión por “incongruente, contradictoria y carente de motivación legal”. Pero con argucias legales el fiscal impidió que recuperara la libertad. La familia Cuevas apeló al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que iba a deliberar el 11 de noviembre el dictamen que, de acuerdo con fuentes del tribunal, estaba a favor del amparo para las señoras Morán y Cuevas.

Esto nunca sucedió porque la víspera, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, atrajo el caso. Gertz Manero dijo la semana pasada que su caso lo lleva como ciudadano, no como fiscal. Sin embargo, Zaldívar dijo, para justificar el favor a él, que estaba “generando una afectación a la imagen de la Fiscalía General y del fiscal general, en su carácter institucional”. Gertz Manero no puede disociar su cargo con su caso, menos aun por la forma como transgredió la línea que divide a los poderes al negociar, según sus dichos en los audios, el resultado del dictamen. El proyecto, encargado al ministro Alberto Pérez Dayán, no salió como supuestamente habían arreglado con el ministro, admitió Ramos en los audios.

El proyecto, como lo difundió Gertz Manero y la prensa abundó, lava las manos del ministro, porque plantea otorgar los amparos, pero devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que resuelva en definitiva, y ha provocado una lucha al interior de la Suprema Corte, donde una corriente de opinión, hasta la semana pasada mayoritaria, quiere que se resuelva en definitiva. El dictamen de Pérez Dayán es vulnerable porque existe un precedente, establecido por él mismo, al alegar en contra de lo que hoy quiere hacer, argumentando que era injusto para una persona que había luchado en tribunales, no encontrar la respuesta definitiva de la Corte.

Para cancelar la acusación en definitiva se necesitan seis de los 11 votos, y según Gertz Manero en los audios, no tenía la mayoría. Los audios achicaron el espacio de maniobra de las y los ministros, cuyo voto será revisado de manera subjetiva, muy probablemente, pero que construirá la realidad sobre el fiscal, la Corte, la justicia y el Presidente, quien respalda al fiscal porque cree, en la paranoia con la que gobierna, que todo obedece a una acción orquestada por sus “adversarios” para perjudicarlo.