Fiscalía estatal detiene a Jaime Rodríguez por probable participación en delitos electorales; en 2018 actual mandatario lo denunció; acusó entonces que funcionarios recolectaron firmas para la campaña presidencial en horas de trabajo; exgobernador queda preso en Apodaca; el exsenador por MC afirma que “quien la hizo la paga” y que van a ir a prisión los que saquearon; captura divide opiniones; unos expresan solidaridad al detenido, otros lo tachan de delincuente
El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, fue detenido ayer a las afueras de un rancho en el municipio de General Terán, y trasladado a penal de Apodaca, en donde enfrentará un proceso por delitos electorales.
Las acusaciones que le hace la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado (FEDE) de Nuevo León están relacionadas con la recolección de “broncofirmas” para obtener su registro como candidato presidencial en el 2018.
Cerca del medio día, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con apoyo de por lo menos ocho patrullas de la Fuerza Civil, realizaron la detención de El Bronco, quien no opuso resistencia.
La FEDE estatal informó que la orden de aprehensión contra el exgobernador fue dictada por un juez de control y de juicio oral del estado, “por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”.
En un comunicado, la dependencia señaló: “esta representación social continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución y demás ordenamientos legales”.
El primero en celebrar la detención de Rodríguez Calderón fue el actual gobernador, Samuel García Sepúlveda, quien posteó en su cuenta de Instagram: “4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. #BroncoFirmas #NLincorruptible”.
Más tarde, en conferencia de prensa, Samuel García advirtió que aquellos que roben los recursos del gobierno “van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saqueen” al estado. “Quien la hizo la paga”, advirtió.
Luego agregó: “Somos un gobierno incorruptible, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va ir a la cárcel”.
El actual gobernador, Samuel García, tenía en la mira a El Bronco desde hace varios años. Además de denunciarlo ante el INE y ante la Fiscalía General de la República por el asunto de las “broncofirmas”, su administración realizaba una investigación financiera sobre él y algunos de quienes fueron sus colaboradores.
A principios de este año, la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado congeló de manera precautoria las cuentas bancarias de dos ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Rodríguez Calderón.
Los afectados son Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable, y María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación, quienes según la administración de Samuel, están vinculados a triangulaciones con recursos públicos.
Y en diciembre del año pasado, el propio gobernador hizo un advertencia pública ante los medios.
“Hay elementos en muchas paraestatales en toda la administración, ustedes recordarán un asunto que yo denuncié como senador, que fui el principal opositor del gobernador cuando desvió dinero, recursos y gente en sus firmas, en la campaña presidencial”, dijo.
Broncofirmas, tumba política del indiciado
Durante el proceso electoral federal del 2018, Jaime Rodríguez Calderón manifestó su interés de participar en la contienda por la Presidencia de la República por la vía independiente.
De acuerdo con una denuncia presentada por el entonces candidato a senador Samuel García, El Bronco hizo uso de recursos públicos del estado de Nuevo León para recolectar las firmas que necesitaba para su registro.
En su denuncia, Samuel García aseguró que el gobernador obligó a por lo menos 571 servidores públicos estatales de todos los niveles a participar en la recolección de firmas incluso en sus horarios laborales. Desde entonces se empezó a hablar de las famosas “broncofirmas”.
En marzo del 2018 la Unidad de Fiscalización del INE detectó un desorden en los reportes de gastos de Rodríguez Calderón y una triangulación de recursos hacia dos empresas ubicadas en Monterrey, que no estaban vigentes dentro del Registro Nacional de Proveedores del organismo.
Entre las irregularidades detectadas, estaba el hecho de que El Bronco ocultó un pago de por 784 mil pesos a 197 supiuestos auxiliares que participaron en la recolección de firmas de apoyo para obtener su registro.
Al final, el INE le dio la razón a Samuel García y le negó el registro a Jaime Rodríguez Calderón, debido a que solo le validó 835 mil 511 firmas, cantidad insuficiente en términos legales.
Además, el órgano electoral dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León y le pidió al Congreso del estado que iniciara un procedimiento sancionador en contra del gobernador, lo cual no ocurrió.
Rodríguez Calderón impugnó la negativa del INE a concederle registro y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a su favor, con el argumento de que el árbitro electoral no había respetado su derecho de audiencia.
El asunto de las “broncofirmas” parecía haber quedado archivado, hasta que en el 2019 Samuel García presentó una denuncia penal.
Confían que en arresto no haya “tinte político”
Diputados federales y senadores dividieron opiniones luego de la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien está acusado de desvío de recursos públicos por la recolección de firmas cuando fue candidato a la Presidencia.
En San Lázaro, sin abundar mucho en el tema, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, confió en que el exgobernador pueda aclarar las acusaciones que hay en su contra.
“Bueno, yo espero que lo pueda aclarar El Bronco, espero que pueda aclarar esa situación y espero que no tenga tinte político”, comentó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, expresó su solidaridad hacia Rodríguez Calderón, pues aseguró que no le gusta hacer “leña del árbol caído”.
El senador zacatecano evitó hacer críticas en contra del exgobernador de Nuevo León, pues señaló que no se deben hacer comentarios negativos cuando la gente atraviesa estos momentos.
Por ello, manifestó que su deseo es que el exmandatario estatal pueda superar la situación que atraviesa a la brevedad y con apego a la ley, luego de que fue aprehendido tras la denuncia presentada por el gobierno estatal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.
“Desde hace tiempo tenían esa causa, decidieron ejecutarla, pero ya tenía meses; también mi solidaridad para él, yo no hago leña del árbol caído, deseo que todo lo supere”, expresó el también coordinador de Morena en la Cámara alta.
En contraste, el senador panista Víctor Fuentes Solís, de Nuevo León, expresó que le da “mucho gusto” la detención de quien calificó como “un delincuente electoral”.
Contrario a los comentarios de Monreal, el senador de Acción Nacional destacó la detención y las acciones del gobernador Samuel García para coadyuvar con las autoridades de justicia para que Rodríguez Calderón no esté sólo unas horas en prisión, como Rodrigo Medina.
Dijo que este caso debe servir como un referente de que en México ya no se van a tolerar los pactos de impunidad, se trate de quien se trate o del cargo que desempeñe en cualquier nivel.
“Ojalá esto sea un mensaje para todos los estados, para el Gobierno federal, para que, sea quien sea: secretario, gobernador, fiscal, alcalde, regidor, quien sea, cuando se incurre en una actividad ilegal se aplique sin miramiento alguno todo el peso y todo el rigor de la ley”, subrayó.
Al referirse a la captura, el diputado de Morena Mauricio Cantú González destacó las reformas promovidas por la Cuarta Transformación para sancionar delitos electorales.
“Esto no hubiera sido posible sin los legisladores de la 4T, quienes aprobaron en 2019 que los delitos electorales se consideren graves”, manifestó el legislador por Nuevo León.
El también excandidato a la Presidencia de la República en el 2018 fue detenido este martes en el municipio de General Terán, por desvío de recursos públicos, humanos y materiales, en el contexto de las “broncofirmas” que recolectó en ese año.
Ley de delitos electorales no avala hechos, aseguran
Abogados y diputados locales de Nuevo León aseguraron que las autoridades deben acreditar con certeza los delitos en contra del exgobernador Jaime Rodríguez, toda vez que las acusaciones son de hechos del 2018, cuando era candidato a la Presidencia y las reformas que consideran como graves a los delitos electorales son hasta 2019.
En entrevista con La Razón, Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, explicó que la defensa debe ser puntual y solicitar que no se aplique la reforma constitucional donde se eleva a prisión preventiva oficiosa todos los delitos electorales, porque la imputación será de hechos de 2018.
“La defensa debe pedir que no se aplique la reforma ya que son hechos de 2018 lo que conocemos, porque el juez va a aplicar la prisión preventiva oficiosa, pero la ley dice que no se puede aplicar de forma retroactiva y por ello, la defensa debe ser muy puntual”, sostuvo.
El abogado mencionó que de entrada el juez va a aplicar la medida, pero los abogados deben estudiar de manera adecuada la ley y la reforma para saber de manera correcta los delitos que se le imputan, y conocer si se pueden imputar o no: “Es necesario revisar a detalle porque no se puede aplicar la reforma de manera retroactiva si es que es un delito electoral”.
Por su parte, el diputado local de Nuevo León, Waldo Fernández, aseguró a este diario que “es una pena ver las fotos de un gobernador en prisión”, y aclaró que será necesario esperar el proceso de investigación para saber si El Bronco es culpable de los delitos que se le imputan.
“Es una pena ver las fotos de un gobernador en prisión, que están circulando en redes sociales. Sólo queda esperar que las autoridades informen el porqué de la detención en contra de Jaime Rodríguez, así como la investigación que se sigue”, destaco a este rotativo.
Además, indicó que las autoridades deben informar la causa y aclarar si el delito que se le imputa es grave o no, “pues los hechos son de 2018 y la reforma que hace sobre los delitos electorales por desvío de recursos públicos es del 2019”.
Con información de Otilia Carvajal, Magali Juárez y Jorge Butrón