El pleito en el Partenón de los políticos neoleoneses con pasado cuestionable explotó ayer con la detención de Jaime Rodríguez, el Bronco, exgobernador de Nuevo León. Su sucesor, Samuel García, lo festinó. “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas”. Ha sido un acto de justicia poética para García, quien en julio de 2018, cuando era senador, presentó una denuncia por el desvío de recursos públicos en el llamado caso de las broncofirmas, y amplió al año siguiente en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
La denuncia original presentada por García y Mariela Saldívar, en ese entonces diputados locales por Movimiento Ciudadano, fue por la recolección ilegal de firmas realizada por 572 funcionarios estatales para obtener el registro de la candidatura a la Presidencia, contra el Bronco y su secretario general de Gobierno, Manuel González, quien utilizó presuntamente un programa de jóvenes para ese fin. La victoria de García, sin embargo, está tapiada por realineamientos coyunturales y traiciones.
La investigación fue realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, cuyo titular, Pablo de Hoyos Koloffon, fue ratificado por el Congreso, en la legislatura donde Francisco Cienfuegos era el líder de la bancada del PRI. Cienfuegos era incondicional de Rodrigo Medina, antecesor de el Bronco, quien al llegar al poder buscó la forma de llevarlo a proceso por corrupción, sin éxito. De Hoyos Koloffon, de acuerdo con políticos neoleoneses, mantiene fuertes vínculos con el grupo del exgobernador Medina, sobre todo con Cienfuegos, con quien el gobernador García, agregaron, tiene una alianza táctica. La venganza judicial de García esconde el desquite político de Medina a través de Cienfuegos, quien allanó parte del tramo judicial que llevó a la detención del Bronco.
El caso difícilmente parará en el exgobernador. Su antiguo secretario González fue coacusado en la denuncia original, ampliada en 2019 en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, por lo que una resolución sobre él debería estar en camino. Atrás de ellos se encuentra otra figura, probablemente más importante que González: Rodrigo Ocampo, quien fue vocero del gobernador durante su campaña, y más adelante representante de Nuevo León en la Ciudad de México. Desde ese cargo, Ocampo jugó un papel clave en las broncofirmas.
Ocampo fue una pieza instrumental en las broncofirmas. Cuando previeron el Bronco y su equipo de la campaña presidencial que no iban a alcanzar el mínimo requerido de firmas para registrarse, 866 mil 593, Ocampo contrató a la agencia de marketing digital, Victory Lab, fundada por Carlos Merlo, a quien se llegó a calificar como “el rey de las fake news”, porque entre sus especialidades estaba la creación de sitios para difundir realidad alternativa.
La importancia de Victory Lab en la campaña presidencial del Bronco es que una de sus ramas incluía el escaneo de credenciales de elector que conseguían de los registros de ingresos de edificios privados, donde los visitantes dejaban sus credenciales del INE. Ocampo compró esa base de datos aparentemente en 70 pesos por firma. Con esas credenciales pudieron completar las firmas que se necesitaban para el registro, recuerda una persona que conoció de la operación. La pinza de recolección de firmas se cerró con la utilización del programa para jóvenes que manejaba González.
Fuentes políticas en Nuevo León dijeron que otra persona que traicionó al Bronco a lo largo de este proceso fue Manuel Vital, quien fue uno de los financiadores de la campaña del excandidato a la Presidencia. Vital había sido funcionario en gobiernos priistas desde 1992, pero al asumir Rodríguez la gubernatura, lo nombró director del ISSSTE neoleonés, de donde fue escalando posiciones hasta ser secretario de Desarrollo Sustentable. Más adelante, participó en una campaña en contra del Bronco, que no le fue reconocida. Actualmente está imputado aparentemente por los delitos electorales que también le atribuyen al exgobernador, y hace unos días le congelaron sus cuentas.
El pleito entre gobernadores neoleoneses no va a parar en Rodríguez, aunque depende de la capacidad del Bronco para responder a García desde la cárcel a través de sus leales, o de la solidez de la alianza táctica del gobernador actual con su antecesor Medina. Por ahora, García vive sus mejores momentos políticos, después de que, para evitar que el PAN o el PRI se quedaran con el gobierno de Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo cobijó y, de manera indirecta, logró que el Tribunal Electoral revocara una multa multimillonaria por presuntos delitos electorales y disipara la posibilidad de que cancelaran su candidatura.
López Obrador es otro de los que ganaron con la detención del Bronco, con quien tuvo enfrentamientos desde la precampaña presidencial, y enfrentó campañas de propaganda negativas armadas por el equipo de Rodríguez. El Presidente, a través de terceros, está observando cómo van cayendo sus viejos adversarios políticos. En este sentido, García no debe estar tranquilo. Su cola sí es larga. El Presidente lo apoyó en el Tribunal Electoral pese a haber recibido información de estar involucrado, junto con su padre, en el lucrativo negocio de los factureros, a través de un despacho donde otro de los socios era un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La detención de Rodríguez fue celebrada por García. “Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin lo logramos”, escribió en las redes sociales. “Quien la hizo, la paga”. El gobernador no debe olvidar lo que dice, similar a lo que el Bronco declaraba en la precampaña y prometía como parte de la lucha contra la corrupción, porque en la política nada es para siempre. La gloria de hoy, como la tuvo Rodríguez cuando se enfilaba contra su antecesor, puede ser el infierno de mañana, como lo está experimentando el Bronco con su sucesor.
Los gobernadores neoleoneses, hemos visto, no son impolutos.