Que escuchen bien los empresarios. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice la verdad cuando asegura que el conflicto con la Coordinadora magisterial está a punto de solucionarse. Pero que nadie pregunte cómo se logró, porque la respuesta no será de su agrado. El fin del conflicto, al menos este año, se dará dentro de los mismos términos como el gobierno federal lidió con la disidencia magisterial en los tres últimos años: privilegios y dinero. El responsable de la negociación, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, comprometió 300 millones de pesos –en plazas y en efectivo–, que se cancelarán las sanciones a los maestros que ni dieron clases ni se evaluaron, y acordó la liberación de los líderes de la Sección 22, el núcleo de la Coordinadora magisterial.

Miranda sabe hacer política al viejo estilo, con dinero. Es la forma como está acostumbrado a persuadir. En el Estado de México le funcionó muy bien su práctica y como secretario general de Gobierno del gobernador Peña Nieto, neutralizó a la oposición. Al llegar al gobierno federal, los modos no cambiaron. La relación con la disidencia magisterial la llevó Miranda desde un principio y las instrucciones no se daban en Bucareli, sino en Los Pinos. A lo largo de todo este tiempo, el gobierno fue víctima del chantaje de la disidencia magisterial. La hizo crecer en militancia, fuerza e influencia durante todo este tiempo, contra la queja incluso de varios gobernadores. La Coordinadora, que nunca tuvo ese poder, le tomó la medida.

La metáfora utilizada varias veces aquí de que la disidencia magisterial siempre juega al primero y 10, como en el futbol americano, volvió a comprobar su vigencia. La petición de que se informen las condiciones de esta negociación no avanzará. Pero el cuándo, el cómo y quiénes participaron directamente en estos acuerdos, que dentro del gobierno tienen a varios secretarios de Estado molestos por lo que hizo Gobernación, se pueden leer en comunicaciones internas de la Sección 7 de Chiapas a las que se tuvo acceso, que tras el descabezamiento de la Sección 22 fue la que asumió la relación secreta con Miranda.
El rol que jugaron los maestros disidentes en Chiapas en esta parte de la negociación, fue acorde con el papel beligerante que asumieron tras la detención de los líderes de la Sección 22, que lo eran también de la Coordinadora magisterial. Chiapas, donde se fundó esta corriente, relevó a Oaxaca como el estado donde se rebelaron con mayor violencia ante las autoridades, que los llevó al centro de la negociación para desactivar el conflicto. Pero la forma como lo hicieron sus líderes rompió la cohesión interna, lo que ha permitido conocer detalles de la negociación en Bucareli. Las comunicaciones entre los maestros de la Sección 7 desnudan el conflicto que se dio a su interior, descrito en su piel en varios medios hace unos 10 días, cuando publicaron el enfrentamiento que se suscitó durante su asamblea hace dos fines de semana.

El conflicto estalló por una reunión al margen de la mesa de diálogo político en la Secretaría de Gobernación, el viernes 22 de julio, entre el subsecretario Miranda y el secretario general de la Sección 7, Adelfo Alejandro Gómez, y el vocero de la Coordinadora, Pedro Martínez Bahamaca. Ricardo Aguilar Gordillo, exsecretario de Educación chiapaneco, fue quien los llevó personalmente con Miranda para acordar el final del conflicto. Lo primero que exigieron fue la destitución de Sonia Rincón Chanona, secretaria de Educación de Chiapas, que investigaba la venta de plazas en la Sección 7 por 800 millones de pesos. Rincón Chanona fue destituida por el gobernador Manuel Velasco en julio, y la investigación se archivó. Los maestros también demandaron que se reintegrara a Eduardo Campos a la Subsecretaría de Educación Federalizada, y Eduardo Velázquez, como subsecretario de Educación Estatal. Se los cumplieron.

Gómez y Martínez Bahamaca se comprometieron a desactivar las movilizaciones y despresurizar el conflicto, mediante el pago adicional de 300 millones de pesos, que supuestamente sería distribuido entre las secciones en rebeldía. Miranda aceptó los términos, y en la mesa en Gobernación se acordó también la forma como los líderes presos por delitos que nada tienen que ver con la Reforma Educativa o la protesta social, fueran recuperando su libertad. Desde hace dos semanas, esto viene sucediendo, y sólo dos de ellos, Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22, y Francisco Villalobos, secretario de Organización, que aún no son puestos en libertad.

Estos son los acuerdos a los que se refiere abstractamente Osorio Chong, cabeza y responsable final de esta negociación llevada a cabo por Miranda, bajo el único objetivo de restaurar la tranquilidad en el sur del país. Esto sucederá, pero no durará. El próximo año, como desde hace casi 40, la Coordinadora volverá a las calles y a los bloqueos para alcanzar más dinero y privilegios. Saben que en Bucareli aguantan poco y lograrán sus objetivos como pasó en 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo hay algo que cambió este año: la rebelión de los maestros, detonada por la política de mano dura del secretario de Educación, Aurelio Nuño, no sólo lo descarrilló a él, sino golpeó a Osorio Chong, dejado a su suerte por sus colegas de gabinete y enfrentado con otros sectores de la sociedad. También llevó a la disidencia magisterial a un punto donde podrán participar en la campaña presidencial en 2018. Pero esto será motivo de textos posteriores.

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